Problemática del Narcotráfico

El Narcotráfico es una actividad criminal transnacional, por lo que debe ser considerada una Amenaza a la Seguridad Internacional, por lo tanto, la política nacional para combatirlo, además de que debe ser una Política de Estado, debe ser considerada dentro del área de la Política Exterior.

En ese sentido, Argentina es firmante de las convenciones internacionales en materia de Drogas Ilícitas, que con llevan obligaciones derivadas de los diversos Acuerdos, no sólo en el ámbito de la ONU, sino también de la Estrategia Antidrogas en el marco Hemisférico que fija la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas o CICAD y que fijan lineamientos tales como, coordinar la tipificación de ciertos delitos en materia penal, la existencia de controles administrativos y la implementación de programas específicos.

Ahora bien, en Latinoamérica cada país tiene su estructura legal respecto a la lucha contra el Narcotráfico, por ejemplo en México, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, las FF.AA. tienen un rol activo más allá de proveer ayuda logística a las FF.SS. y Policiales, en el caso mejicano es la Marina el protagonista principal, las razones?, la corrupción endémica en las fuerzas policiales, la justicia y autoridades municipales a lo que se suma el alto poder de fuego de los Cárteles que si puede ser neutralizado por aquella fuerza armada y en el caso del Brasil, por tener la mayor extensión de fronteras con los tres principales países productores de Cocaína, Colombia, Perú y Bolivia, sin embargo, en el caso de Argentina, de acuerdo a la legislación vigente en materia tanto de Defensa como de Seguridad, le está terminantemente prohibido actuar, por lo cual el accionar en la lucha contra el narcotráfico esta en manos de las Fuerzas Federales y Policías Provinciales, estas últimas, en muchos casos con falencias logísticas para enfrentar las complejidad de esta actividad criminal.

Planteado el tema a nivel regional, vayamos a analizar la problemática del Narcotráfico a nivel nacional, y lo en principio hay que entender y aceptar, tanto por la dirigencia política, como los estamentos judiciales y por la Sociedad en general, que Argentina hace mucho tiempo que ha dejado de ser un país exclusiva y excluyentemente de tránsito, y que en la actualidad es el tercer país en América en el consumo de drogas detrás de los EE.UU. y Brasil, un fenómeno que también afecta a Chile donde se duplicó el consumo de marihuana y el caso singular de la R.O.U., donde si bien ha sido legalizada, se ha multiplicado por seis el aumento de la prevalencia del cannabis.

Ya en el 2016, la jueza federal de San Isidro, la Dra. Sandra Arroyo Salgado, manifestó que “el crecimiento en cantidad y magnitud del consumo de drogas era altamente preocupante”, y esto se relaciona con un Informe de EUROPOL que señala como nuestro país ha incrementado su rol de distribuidor o exportador a nivel global, valga como ejemplo reciente la Operación Atlántico Norte  llevada a cabo en febrero ppdo., por las Brigadas Antidrogas de las policías belga y alemana y que contaron con el asesoramiento de la DEA, y que llevó al decomiso en los puertos de Amberes y Hamburgo de la mayor cantidad de Cocaína, algo más de 23 toneladas, de donde la mayor parte fue transportada por la Hidrovía Asunción – Buenos Aires, luego trasbordada en el puerto porteño y donde permaneció en la Terminal Río de la Plata por cerca de 42 horas partiendo luego a Europa, lo que nos hace preguntarnos, ¿ si estamos camino a ser un Narco-Estado?

Veamos el escenario más próximo, digamos puertas adentro, y si bien no sólo seguimos siendo un país de tránsito y de distribución, en particular de Cocaína, y tomando el caso de la Operación Atlántico Norte, surgen tres vértices de lo que denomino el Triángula Dorado de la Droga, uno lo constituye una Hidrovía libre, es decir la Ruta de la Hidrovía, que consiste en el embarque de la droga en el puerto de aguas profundas de Ibicuy, la droga que previamente recorre el trazado de la hidrovía en territorio boliviano a través de una carretera de 134 km entre Puerto Suarez-Mutun, Puerto Busch y luego por barcazas por los ríos Paraguay y Paraná hasta el Puerto de Rosario, Santa Fe y de allí al Puerto de Buenos Aires, el segundo vértice es la deficiente, y a veces nula, Radarización del espacio aéreo, y esto implica la aplicación o no de la Ley de Derribo, que es un medio para la protección en el ámbito aeroespacial de amenazas a la Seguridad Nacional, un plexo legal que fue aprobado en su momento por un decreto del ex presidente Mauricio Macri y que fue aplicado en dos oportunidades con éxito, siguiendo un estricto protocolo que contempla como última instancia el empleo de la fuerza, y es un procedimiento legalizado y aplicado por varios países, entre ellos Brasil, pero que en el ámbito local tenemos posturas en su contra, como la del ex Subsecretario de Seguridad de la Nación y actual Ministro de Seguridad de la Pcia. de Bs.As., Sergio Berni, que sostiene que la Ley de Derribo es una pena de muerte sin juicio previo y que su aplicación en otros países no ha demostrado importantes avances, y el tercer vértice lo constituyen las Fronteras Porozas, sea por ausencia de fuerzas de Seguridad Federales o policiales, o bien por una deficiente infraestructura logística para llevar a cabo un control más eficaz y eficiente de la frontera argentina en las regiones del NOA y del NEA.

Ahora, es real que durante la presidencia de Mauricio Macri y en particular, la amplia y acertada actuación de la ex ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, que se dio un capítulo distinto a lo visto en las presidencias de los Kirchner, que pareció adoptar la posición de que si no se ahonda en el problema éste desaparece, o relativizarlo como en cierta oportunidad lo hiciera Aníbal Fernández en alusión a la expresión, “cartelización o mejicanización” de la Argentina, aduciendo que se dramatizaba la situación y que no se podía comparar 20 muertes en el marco del narcotráfico con los miles que se producen en el país azteca.

Esto me recuerda una conferencia dada por el entonces embajador de Colombia en nuestro país y luego Canciller durante la presidencia de Alvaro Uribe Velez, el Dr. Jaime Bermúdez Merizalde, quién hizo una descripción de la génesis del narcotráfico en su Colombia y en Méjico, señalando por ejemplo, el crecimiento exponencial del consumo local, al igual que las cantidades de cargamento de droga pasando de cientos de kilos a toneladas y esto verificado en los decomisos tanto en el propio país como en el extranjero donde se comienza a ver al país como un exportador o distribuidor de drogas, la utilización cada vez mayor de sicarios y una feroz lucha por territorios que se traduce en el aumento de los asesinatos, señales todas que parecen darse en la Argentina de hoy.

Otra prueba de la dimensión que ha adquirido el Narcotráfico en nuestro país es un Informe de la ONU, que señala que dejando de lado a los tres países productores, Colombia, Perú y Bolivia, Argentina es el país donde más laboratorios de cocaína se decomisaron, y esto explica también el aumento del consumo del crack, pues ingresa la pasta base que luego se sintetiza en clorhidrato de cocaína, una parte se exporta y la otra junto al residual del proceso, el crack, se consume en el país, y esto se refleja en que la problemática del narcotráfico a nivel local es que no es que una determinada banda mueva unas cuantas toneladas de cocaína, sino que varios cientos de sujetos que pertenecen a distintas bandas mueven cada uno hasta 500 gr. y entonces lo enfrentamientos entre estos grupos, como los recientemente acontecidos en Villa Lugano, CABA, son producto de la actividad del narcomenudeo, y aquí veo a mi entender, un error estratégico en la lucha contra el Narcotráfico, pues el Estado Nacional no debería delegar facultades y funciones en jurisdicciones provinciales, no sólo por que toda infracción a la Ley 23.737 es un delito federal, sino porque las Fuerzas Federales tienen una mayor capacidad logística para el combate, pero también hay una situación involucra a la Justicia, que en lo menos malo parece no entender la real magnitud del problema, y entonces por ejemplo, los jueces tardan un tiempo importantísimo para librar ordenes de allanamientos, y fue el caso de lo ocurrido en el Barrio Padre Mujica, la Policía de la Ciudad tras haber realizado un trabajo de inteligencia exhaustivo, la justicia con competencia en narcotráfico en CABA, se demoró seis meses y tuvo que trascender el enfrentamiento armado entre los grupos narcos de la pasada semana para que  emitieran las órdenes de allanamientos y detención, por supuesto el resultado fue frustrante, la Justicia llegó tarde.

Y cuando digo los menos malo es porque lo peor es la corrupción y complicidad de los estamentos del Estado con el Narcotráfico, donde la veta judicial y la política no están exentas, por ejemplo el caso del ex juez federal de Orán Raúl Reynoso quién fue condenado a 13 años de prisión al ser comprobada su relación ilícita con el capo narco José Miguel Farfán, quien también en el 2007 había comprado al juez federal José Antonio Solá Torino, que fue condenado y se suicidó el año pasado, otro caso es el llamado Operativo Sapucay que involucra a 27 imputados entre los que se encuentran, el ex intendente de la ciudad de Itatí Natividad Terán y su segundo Fabio Aquino juntos al capo narco Federico Marín, quienes reconocieron su responsabilidad penal en un juicio abreviado, pero la causa alcanza también al ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila y sus dos secretarios penales, y funcionarios policiales de dicha provincia como el Comisario Diego Ocampo Alvarenga y también de la Policía Federal.

La investigación en la corrupción y complicidad en funcionarios de la Justicia no se ha detenido, en abril ppdo., fue detenido el fiscal de Venado Tuerto, Santa Fe, Dr. Mauro Blanco imputado de Enriquecimiento Ilícito y su relación con dos narcotraficantes de la zona sur de aquella provincia, a lo que se suma, aunque en forma tangencial, las detenciones de los fiscales de Rosario, Gustavo Ponce y Patricio Serjal, en una causa por juego clandestino, pero en la Chicago Argentina toda actividad ilícita conduce al narcotráfico y al dominio y control de territorios.

Como los ya señalados casos de corrupción también se pueden citar dos causas recientes, una involucra al juez federal de Mendoza, Walter Bento y la iniciada en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado que investiga al fiscal Claudio Scapolan, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a la sustracción de estupefacientes y extorsión, en el que también estarían involucrados abogados y funcionarios policiales bonaerenses.

Como vemos, el Narcotráfico es un problema estructural que socava las bases del Estado, es una amenaza para la Democracia que atenta directamente al sistema republicano y daña sensiblemente el tejido social, con un nivel de violencia en aumento que hoy supera tres veces la tasa de homicidios registradas hace 20 años, hoy la Ciudad de Rosario y Ciudad Evita en el conurbano bonaerense están entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, por eso la estrategia para lucha contra este flagelo debe ser multidimensional y multidisciplinaria y reflejada en una verdadera Política de Estado.

Intentando resumir las causas que promueven y agravan la problemática del Narcotráfico, se pueden señalar las siguientes:

• En lo social, la pobreza y el empleo informal que lleva a encontrar en el narcotráfico un modo de vida
• La ausencia del Estado en ciertos sectores
• La deficiente investigación fiscal que posibilita el Lavado de Dinero
• La presencia de elementos que son parte o relacionados con Cárteles extranjeros
• La aplicación de una doctrina “Garantista” que se agrava con un deficiente política de Ejecución de Condenas
• La corrupción en ámbitos sensibles como ser la Política, la Justicia y las FF.SS. y Policiales
• El deficiente e ineficaz control de las fronteras, tanto terrestres, aéreas y fluviales, de las que una extensión de aproximadamente 500 km. están compartidas con países productores y sólo el 10% radarizadas
• La discontinuidad en la cooperación internacional debido a la influencia ideológica

Las medidas que se deberían adoptar para que la actual situación no se agrave, a mi criterio podrían ser las siguientes:

• La aplicación de una política sanitaria y de rehabilitación social respecto del adicto y una política dual, sanitaria y penal respecto al trafi-adicto como último eslabón de la cadena del narcomenudeo, por el caso, entre el 2017 y 2019 se detuvieron 28.719 personas por tenencia simple de droga, sin haberse hecho una distinción entre el mero adicto y trafi-adicto
• Reestructurar el sistema de Seguridad Interior, devolviendo la misión original de las FF. Federales asignadas a la vigilancia y control de las fronteras, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Policía Aeroportuaria y Administración Nacional de Aduanas, como también dotar de la logística de punta y personal especializado de la Policía Federal en el interior del país, más un programa de capacitación de las policías provinciales y la centralización de la Inteligencia Criminal
• Actualizar la infraestructura penintenciaria, sin cárceles nuevas no hay posibilidad de alojamiento adecuado para el aumento de la población carcelaria, por el caso, entre el 2017 y el 2019 fueron detenidos 17.030 elementos integrantes de organizaciones narco y unos 10.000 no pasaron por unidades penales, esto se desprende del entrecruzamiento estadístico del área de Ejecución Penal.
• Corregir las falencias legislativas para tener leyes e instrumentos legales y financieros para una eficiente y eficaz lucha contra el Lavado de Activos y en particular sobre los fondos de financiamiento de partidos políticos
• Intensificar la cooperación internacional habida cuenta que el Narcotráfico es una amenaza transnacional y su vinculación a otras ramas del Crimen Organizado y al Terrorismo Global, y
• La presencia del Estado en el micro y macro escenario en la lucha contra el Narcotráfico, para que Argentina deje de ser un lugar seguro para este flagelo, para que deje de ser nuestro país uno de los tres mayores consumidores de drogas, el segundo de cocaína, en América Latina y el tercero detrás de los EE.UU. y Brasil.

Más allá de las medidas propuestas, el marco legal vigente en nuestro país para la lucha contra el Narcotráfico, a saber la Ley Federal de Estupefacientes 23737, la Ley 26045 que creó el Registro sobre Precursores Químicos, en realidad algo ya previsto en el Art. 44 de la ley 23737 y la Ley 25246 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos, son instrumentos idóneos que aplicados debidamente revertirían la preocupante situación que en la actualidad nos preocupa y nos debe ocupar.

Finalizando mi columna de hoy, y dirigido al Gobierno Nacional, a los Provinciales y todos los actores gubernamentales, políticos y judiciales, una frase del filósofo alemán Ernst Cassider, que dijo: “…el sujeto esta maniatado sin posibilidad de cambiar las cosas, mientras los gobiernos sigan naturalizando el delito…”.