El avión iraní-venezolano en Ezeiza y el avance de las redes criminales trasnacionales para desestabilizar la región

Qué hay detrás del caso de la aeronave de Emtrasur retenida en el aeropuerto de Buenos Aires

 Por George Chaya

En el primer semestre de 2022, Latinoamérica se ha visto convulsionada por el asesinato de tres funcionarios fiscales que combatían redes criminales estrechamente ligadas al lavado de activos, al narcotráfico y al terrorismo islamista.

La dinámica emergente de esas redes no es ajena al fenómeno regional entrelazado y vinculado al narcotráfico, al trafico de armas y delitos conexos en nuestro continente y más allá de sus lazos con la delincuencia común como con el PCC (Primer Comando Central) y el Comando Vermelho, ambos grupos nacidos en Brasil, todos ellos se encuentran vinculados a posibles redes islamistas en América Latina.

El fenómeno del crecimiento delictivo de estas organizaciones se conjuga en el marco de la constante profundización del delito en Brasil, Bolivia y Paraguay. Ello se debe, por un lado, a que la administración del presidente Bolsonaro no logró avances significativos a pesar de algunos éxitos en confrontar el delito frente a la presencia ampliada del grupo criminal PCC y también al impacto y los desplazamientos de grupos y cárteles dentro varios países latinoamericanos como en Paraguay, Mexico y Bolivia. Del mismo modo, es innegable el crecimiento de la crisis y los conflictos sociales en Perú ante el rotundo fracaso de la gestión del presidente Castillo, donde la producción de la coca ha crecido un 45%, siendo Perú junto a Bolivia abastecedores de quienes gestionan el tráfico y la comercialización de cocaína desde Paraguay vía Argentina hacia Europa y la zona mediterránea, especialmente Chipre, desde donde se distribuye al Líbano y Siria para que Hezbollah la ingrese a los países árabes del Golfo. En otras palabras, ese es el circuito del narcotráfico post pandemia del Covid-19. Detrás de éste accionar no sólo están las redes criminales mencionadas anteriormente, también se encuentran las organizaciones terroristas islamistas que financian sus operaciones militares con las ganancias del narcotráfico.

Para la Argentina, éste escenario es altamente peligroso en virtud de los indices y el crecimiento de los envíos de cocaina a través de la Hidrovía hacia el puerto de Buenos Aires para su posterior despacho a España, Alemania, Bélgica y Países Bajos. A ello debe sumarse la falta o escasa fiscalización de las vías terrestres como la Ruta 34, conocida como la ruta de la Marihuana por medio de la cual se ha inundado de Cannabis provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos y especialmente Santa Fe, donde las fuerzas Policiales locales se encuentran desbordadas en una lucha desigual más allá del esfuerzo que llevan adelante monitoreando y combatiendo abiertamente el flagelo y coordinando como pueden con las Fuerzas Federales que se desempeñan en los puntos de nuestra frontera norte con Paraguay, Brasil, Bolivia (ésta última desde Salta). Y lo mas grave, en ciudades como Rosario, en la mencionada Provincia de Santa Fe, ha crecido otra modalidad narco-criminal nunca vista antes en el país: el sicariato.

Es cierto que el foco nocivo para Argentina se centra en el crecimiento constante que ha experimentado el delito en Brasil y Paraguay, cuyos niveles de desprotección y corrupción dentro de sus Fuerzas de Seguridad, Aduanas y Poder Judicial continúan desde los tiempos del ex-presidente paraguayo Horacio Cartes y del ex-presidente Lula en Brasil, todo lo cual se ha profundizado el último año para favorecer las actividades y operaciones de narcotráfico a gran escala de grupos criminales brasileños que utilizan el territorio paraguayo para procesar la cocaína que ingresa desde Bolivia. Ese escenario paraguayo cuenta con equipos de funcionarios muchos de ellos honrados dentro de las fuerzas de seguridad y el cuerpo de Fiscales quienes en soledad y a riesgo de su integridad física dan batalla a las redes criminales enquistadas en su país y han pagado un altísimo costo, el abominable homicidio en Colombia del Fiscal Marcelo Pecci es prueba irrefutable de ello.

Con posterioridad al asesinato del Fiscal Pecci, el Comando Sur de los Estados Unidos, emitió un comunicado en el que indicó que no son ajenas a esos delitos las redes criminales transnacionales apoyadas y operadas por grupos relacionados de forma directa con el régimen venezolano que operan no sólo en el triangulo minero entre Colombia y Venezuela llevando adelante la explotación y el tráfico ilegal de oro que es transferido a Moscú y Teherán. Estos grupos operan también en la zona conocida como “Triple Frontera” (Argentina, Brasil y Paraguay) en el comercio ilegal, el contrabando de cigarrillos, cosmética, indumentaria y prendas deportivas de marcas internacionales falsificadas, pero también ampliaron sus operaciones al tráfico de armas.

Todos estos puntos se robustecen cuando ésta semana aterrizó en suelo argentino un Boeing 747-300 de bandera venezolana con una inusitada y excesiva tripulación para una nave de carga: 5 iraníes y 14 venezolanos viajaban a bordo. La aeronave, supuestamente adquirida a Mahan Air en el año 2021 por el régimen de terrorista de Maduro se encontraba interdicta por el Departamento del Tesoro estadounidense bajo el régimen de sanciones que pesan sobre el regimen khomeinista a su anterior propietario Mahan Air, compañía considerada un apéndice de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) calificada como organziación terrorista transnacional y perteneciente al Pasdaran iraní, dependiente a su vez del VEVAK (Ministerio de Inteligencia de Irán)

El piloto de la nave fue identificado como el capitán Gholamreza Ghasemi, un héroe de la guerra Iran-Irak y ex-coronel de la Fuerza Al-Quds brazo ejecutor de acciones terroristas en el exterior de quien hasta hace muy poco tiempo fue su propietaria: la IRGC, cuya matricula coincide con la misma aeronave que realizo 36 vuelos desde Teherán a Damasco y otros 7 al Yemen, transportando entre 2012 y 2015 mercenarios contratados por Irán y armas que los khomeinistas enviaron en apoyo del régimen de Bachar al-Assad y los terroristas Hutíes, una organziación satelital que pivotea en torno a la ideología teocrática de la Fuerza Al-Quds.

En orden al incidente y más allá de declaraciones erráticas y explicaciones carentes de profesionalismo en materia de seguridad nacional de parte de funcionarios del gobierno argentino, transcurridos varios días de ese hecho grave y anómalo, todavía no hay respuestas creíbles por parte de las autoridades gubernamentales argentinas. Por lo que considerando la ineficiencia de los funcionarios del gobierno del presidente Alberto Fernandez, a nadie es ajeno que los controles terrestres de frontera que se ejecutan desde el año 2020 en la frontera norte del territorio argentino, tanto igual que en las vías fluviales -según funcionarios de las fuerzas federales que pidieron anonimato- se convirtieron en canales abiertos de introducción y destino de grandes cantidades de estupefacientes (cocaína, pastillas sintéticas y marihuana) configurando un peligro real en la actividad de las redes del narcotráfico y sus delitos conexos como el lavado de activos y la actividad terrorista más allá de las transacciones criminales de connotación económica.

“Las zonas liberadas al narcotráfico están dejado su huella de sangre en Argentina”, dijo a Infobae un alto oficial de una fuerza federal bajo reserva de identidad. A modo de ejemplo en lo que va del año, en la ciudad de Rosario fueron asesinados -como daño colateral- 30 niños en enfrentamientos entre bandas narcos y ejecuciones de sicariato.

Estos hechos permiten indicar el rotundo fracaso del gobierno argentino en materia de lucha contra el narcotráfico. Los antecedentes obrantes en cientos de expedientes que se llevan adelante en investigaciones de distintos tribunales del país, cuyos plexos probatorios son claros y cuentan con abundante evidencia, demuestran que la lucha contra las redes del narcotráfico y el lavado de activos ha sido inexistente por falta de decisión política del gobierno desde el 10 de diciembre de 2019 en la República Argentina.

La posición de establecer una política de seguridad imbuida en lo ideológico ha sido letal para la Argentina en el combate contra el narcotráfico y el lavado de activos. Los organismos encargados de estas áreas se han convertido en fuente de empleo de militantes políticos de escasa o nula formación y a quienes se observa vacíos conocimientos y carentes de profesionalismo para confrontar estas redes vinculadas a actividades delictivas relacionadas al terrorismo de naturaleza yihadista, y allí se entiende por qué estos grupos han acampado en nuestro país sin ningún tipo de control ni fiscalización competente en la materia.

En los últimos 3 años la gestión política del presidente Alberto Fernández se ha encargado de vaciar prolija y sostenidamente de contenido a todos y cada uno de los organismos y las instituciones de control aptas para brindar seguridad a la sociedad civil.

Fernández ha escogido acercarse y tejer relaciones con países parias y gobiernos totalitarios con estrechas relaciones con el terrorismo foráneo, pero que también desarrollan el terrorismo de estado sobre sus ciudadanos: Venezuela, Cuba y Nicaragua violan sistemáticamente los derechos humanos de su sociedad civil, han encarcelado sin derecho a legítima defensa, han censurado, torturado y desaparecido personas. Sin embargo, ésta semana el presidente argentino hizo uso del micrófono de la Cumbre de las Américas para esgrimir de forma indecorosa la defensa de esos regímenes represivos contrariando posiciones históricas de la República Argentina en materia del respeto y la observancia de los Derechos Humanos consagrados en Acuerdos Internacionales y en la propia Constitución Nacional.

Además del desmanejo del gobierno argentino en la materia, lo cual parece irreversible a falta de poco más un año del final de su gestión, existe otro peligro mayor que es el derrame migratorio de una Venezuela asociada al Hezbollah libanés y los khomeinistas iraníes a quienes allana el camino en resto de la región ofreciendo su territorio como base operativa. Este aspecto, a nadie es ajeno que trae aparejados problemas vinculados a la re-localización y expansión de redes clandestinas que se han establecido en varios países de América Latina, lo que encarna un grave problema para la salud de las democracias latinoamericanas.

Finalmente, un hecho no menor que fue dado a publicidad esta semana en Irán es la propuesta extra-oficial por parte de varios integrantes del Majlis (parlamento islámico) para que el próximo presidente que ocupe el Palacio Miraflores en Caracas sea Tareck El-Aissami, un personaje conocido en la región y sancionado por Washington por sus envíos de cocaína a Estados Unidos y Europa cuando se desempeño como Vice-Presidente y actualmente requerido por INTERPOL y prófugo de la justicia internacional. El-Aissami fue declarado responsable también por la Unión Europea (UE) de enviar cargamentos ilegales de oro a Turquía durante 2019 y 2020 y tiene millones de dólares en propiedades y bienes congelados dentro de los Estados Unidos.

En este escenario, el resultado es que las amenazas de redes transnacionales se encuentran desestabilizando América Latina con el fin de provocar y deslegitimar a los sectores opositores de todos y cada uno de los gobiernos que aplican la doctrina del socialismo del Siglo XXI, y ya se ha observado en lo acaecido en las elecciones chilenas que dieron como ganador al actual presidente Boric, cuyos dislates a menos de un año de ejercicio de la presidencia lo han llevado a niveles del 60% de impopularidad en el corto plazo, y esto también sucederá en el marco previo a las elecciones en Brasil donde los sectores de la izquierda latinoamericana propician el regreso al poder del ex-presidente Lula y se da también a un año de elecciones tanto en Paraguay como en la República Argentina. Dentro de los objetivos de estas redes está también la re-diagramación de la geografía Latinoamericana, ya que se considera un objetivo vital de los propósitos de Irán, pero también de Rusia, la finalidad de neutralizar el acercamiento en el comercio y la seguridad de los países de América Latina con Estados Unidos.

En este marco y ante un plan claramente delineado, desnudado por el arribo del avión iraní, es altamente probable que se produzca un incremento e intensificación de ataques mediáticos a cuadros políticos y legisladores de la oposición por parte del gobierno argentino, pero también a periodistas que representen un peligro a la amenaza y los fines de esas redes regionales impulsadas y apoyadas por Venezuela e Irán.