“Hace treinta años que estamos corriendo detrás de los problemas y no por delante para tratar de prevenirlos” – Franco Fiumara

Franco Fiumara, Doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas explicó a los oyentes de Radio Jai las carencias de la República Argentina a la hora de lidiar legalmente con el terrorismo y la necesidad de establecer una ley que pueda juzgar tales crímenes adecuadamente. 

“Hace treinta años que estamos corriendo detrás de los problemas y no por delante para tratar de prevenirlos, que es lo que deben hacer todas las agencias gubernamentales”, remarcó.

Explicó que hay “un gran jurista internacional llamado Claus Roxin, que es nuestro gurú en todos los órdenes jurídicos”, quien sostiene que “las cuestiones de meramente carácter ideológico no pueden ser tipificadas en el código penal”.  Aquel principio, según desarrolló Fiumara, no es respetado por el Estados argentino: “La Argentina, a la hora de tratar estas cuestiones tan delicadas, la ideología se antepone a la seguridad pública”

Haciendo el paralelismo entre la conducción del Estado y la de un automóvil, detalló: “Cuando uno maneja el vehículo tiene que mirar siempre para adelante para no cometer un atropello involuntariamente o voluntariamente si introduce ideología”. Sin embargo, en Argentina, “siempre miramos para atrás y nunca miramos hacia adelante. Para adelante se preserva la vida y para atrás lloramos a los muertos”.
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Tales carencias se ven claramente representadas en los casos judiciales por los ataques terroristas contra la AMIA y la Embajada de Israel, “no pudimos sentar en el banquillo de los acusados a ninguno de los perpetradores directos de ambos ataques”. En la misma línea, lamentó que “a treinta años del atentado a  la mutual AMIA, todavía no pudimos ponernos de acuerdo de juzgarlos de alguna forma.
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Propongo que se los juzgue en ausencia”. Tal medida, en caso de que los imputados sean condenados, habilitaría a la Argentina a recurrir ante la Corte Internacional Justicia para solicitar sanciones contra los perpetradores (Irán y a Hezbollah), conseguir las indemnizaciones a las víctimas, y presionar para conseguir la extradición de los individuos directamente involucrados en su ejecución. 

Por ello, destacó: “Habría que ponerse todos los sectores políticos de acuerdo, sacar una ley integral antiterrorista y recién ahí abordar una modificación del Código Penal”. Tal ley antiterrorista, hasta el momento completamente inexistente, debería implicar el juzgamiento de los sospechosos de terrorismo con un proceso similar al que atraviesan los imputados por enriquecimiento ilícito. En el mismo, no se elimina “la presunción de inocencia, porque es una carga constitucional”, sino que se invierte la carga de la prueba, es decir que, es el imputado el que tiene que demostrar su no culpabilidad.