Colombia, una nueva política antidrogas, y una lectura geopolítica

El flamante presidente colombiano Gustavo Petro, en su discurso de posesión afirmó que la lucha contra las drogas ha fracasado y en sus planes esta un cambio de la política en ese sentido, obviamente, esto no sólo preocupa a gran parte de la comunidad internacional, sino en particular a los EE.UU., que a través de Samantha Power, a cargo de la Agencia para el Desarrollo Internacional y del Director del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, se han entrevistado el pasado 8 de agosto con el nombrado mandatario, aunque no han llegado por ahora a un acuerdo.

El narcotráfico en Colombia, es el negocio de las drogas ilícitas, de efectos psicotrópicos, su producción y su distribución, que ha tenido y tiene gran influencia en la política, la sociedad y la economía de ese país. En las décadas de los año 60 y 70, del siglo pasado, se dio la demanda global que produjo el aumento de la producción y procesamiento de la cocaína en Colombia.

En sus principios, se importaba ilegalmente la hoja de coca de Bolivia y del Perú y se procesaba en laboratorios clandestinos para la obtención de la cocaína, pero ya para los años 80, los narcos colombianos promueven el cultivo de la coca en su propio territorio, y tras un breve período de enfrentamientos entre bandas narco, surge una nueva generación más violenta y con visión empresarial, así aparecen, Pablo Escobar Gaviria en Medellín, Carlos Lehder en Armenia y los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela en Cali, quienes constituyeron verdaderos agentes de desestabilización y violencia.

A mediados de los años 90, con la muerte de Escobar, la extradición de Lehder y la aprehensión de los hermanos Rodríguez Orejuela, el espacio dejado vacío por los Cárteles fue ocupado por las organizaciones terroristas FARC y ELN y los paramilitares de las AUC, utilizando el tráfico ilegal de cocaína como forma de autofinanciamiento, nace así el Narcoterrorismo.

Para el año 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton, dio a conocer el Nuevo Plan Colombia, el que contenía, ayuda financiera, la modernización y equipamiento de las FF.AA. y Policía Nacional de Colombia, un programa de erradicación de cultivos y desarrollo alternativo, ayuda a los desplazados, propiciaba una reforma judicial y la defensa de los DD.HH., todo lo cual, se pondría en marcha entre el 2002 y 2010 durante las dos presidencias de Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, en la actualidad se da una moraleja, pese haber menos cultivos de coca, ha aumentado la producción de cocaína, más allá que durante el mandato del presidente Iván Duque, con la ayuda de Washington, gastó u$s,11.000 millones en el combate contra la droga, y que logró una significativa y sostenida disminución de los cultivos de coca, datos respaldados por el Informe 2021 de la UNODC, que señalan que los cultivos se redujeron hasta un 9% en los últimos dos años, sea por erradicación voluntaria o forzada, aunque el mismo Informe también señala que la estrategia del gobierno colombiano en relación a acabar con el narcotráfico ha sido un fracaso, entonces, ¿Cómo se explica el aumento de la producción de cocaína?.

Según algunos expertos en el tema, la coca cuenta hoy con una mano de obra calificada, una mejora en la siembra, producción y distribución, propiciada por una estabilidad estructural en las dinámicas del mercado.

En la actualidad, por cada tonelada de coca se obtienen 2,14 kg de pasta base de cocaína, cuando en el 2016 se obtenían 1,8 kg, lo que se traduce en un aumento de la producción de cocaína de un 8%, pues se pasó de 936 toneladas en el 2019 a 1010 en el 2020, lo que también deja al descubierto la corresponsabilidad de los países consumidores.

Algo también a tomar en consideración, los cuatro años de negociaciones entre el Estado y las FARC que se desmovilizaron en el 2016, que ha provocado cambios estructurales en el mercado, pues la erradicación de los monopolios, antes de los Cárteles y luego de las FARC, la producción se abrió a más innovaciones, diversificación y competencia, muchos campesinos decidieron retomar el cultivo de la coca a la espera que los Acuerdos de Paz los beneficiaran, como así también, la caída del precio internacional del Oro entre el 2013 y 2019, muchos mineros buscaron otras formas de ingresos, y a esto hay que sumar a los narcos mejicanos con sus importantes inversiones y métodos corporativos de trabajo, en otras palabras, actúan como empresarios que invierten en una franquicia.

Además, hay que señalar que la coca a diferencia de otros productos agrícolas, se pueden transformar con cierta facilidad en un bien más costoso, sólo con el maceramiento utilizando gasolina o amonio, el campesino puede transformar su producción de coca en pasta base de cocaína con un valor hasta 6 veces mayor.

Por otra parte, durante tres décadas de lucha contra los cultivos de coca, sea a través de erradicación o aspersión, los mismos se fueron concentrando en regiones donde, o bien se dificultaba estos procesos o el accionar de las FF.AA. y la Policía Nacional, y además con condiciones climáticas, luz solar, suelo más favorable, y en estos enclaves cocaleros el proceso de producción se comenzó a llevar a gran escala y de manera tecnificada.

La evolución en la producción de cocaína esta en relación directa con las ambiguas posiciones de los gobiernos de turno y la falta de una política única y continua, y es por ello, que el dinero del narcotráfico alimenta la corrupción, es así, que en el gobierno de Juan Manuel Santos se cambió el rumbo de la lucha contra las drogas con resultados negativos, ya que de 40 mil hectáreas que quedaban al inicio de su mandato, creció a 205 mil en tres años, por lo cual, acorde a lo declamado por el actual presidente Gustavo Petro en cuanto a un cambio de la política antidroga, puede conducir a un fiasco como lo sucedido en Bolivia con Evo Morales cuyas políticas de erradicación voluntaria fueron una falacia que hizo que se triplicaran las plantaciones de coca.

A esta altura del presente análisis, es menester abordar sobre alternativas que se postulan acerca de cómo enfrentar la problemática del tráfico ilícito de drogas, entre ellas obviamente la cocaína, en principio se señala la Legalización de las Drogas, que es una corriente que sostiene modificar las legislaciones que prohíben el consumo de las mismas, dentro de esta postura están quienes la fundamentan en el libre ejercicio del derecho individual, mientras que otros se basan en que es un medio importante para erradicar las organizaciones criminales y sus efectos en el narco menudeo.

Ahora bien, dentro de esta corriente legalista, está la Legalización Total, que es poner fin a la prohibición de la distribución y consumo personal de todas las drogas prohibidas, eliminando todo control estatal, y otra postura es la de una Legislación Regulada, que admite una serie de restricciones para algunas drogas, según factores de riesgo y no implica el uso irresponsable de las mismas.

Hay otra corriente denominada, Descriminalización, una tercera posición, que podría vérsela como intermedia entre la Prohibición y la Legalización,que se basa en la aplicación de medidas que reemplacen la prisión y que tiene como objetivo la reducción del daño individual y social.

En este sentido, en Colombia, de acuerdo a la sentencia C-221 del año 1994, la Corte Constitucional de este país, despenalizó el uso personal de las drogas, y recientemente, la senadora Alexandra Moreno Piraquive ha propuesto la legislación regulada del cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de psicotrópicos, entendiéndose como tal, al agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central y produce cambios temporales en la percepción, el estado de conciencia y en el comportamiento, y la propuesta contempla las limitaciones similares a las consignadas en las leyes anti-tabaco, que pretenden limitar o prohibir el consumo del tabaco en lugares públicos, al igual que las limitaciones en su publicidad.

Con respecto a nuestro país, la ley 23737 establece que la simple tenencia, producción, comercio, almacenamiento, transporte y apología del uso de drogas, se considera delito, sin embargo, en agosto del 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el Fallo Arriola, consideró inconstitucional enjuiciar a un individuo por el uso de medicación para uso personal, y fundamentó que el adulto tiene la libertad de elegir su estilo de vida sin interferencia del Estado e instó al Poder Legislativo a modificar la ley, pero como los fallos de la Corte se aplican solo al caso particular, no modifican la legislación de fondo.

Finalizando la columna de hoy, surgen ciertas consideraciones que van más allá del análisis jurídico y que trascienden el campo de la criminalidad, es así que por primera vez se podría ver como una actividad ilegal, el narcotráfico, se convierte en una instrumento ideológico de un bloque en el que participan, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua en el ámbito regional, el Populismo que se vale de políticas pro-droga, y que se asocian en una alianza estratégica con China, Rusia e Irán, y en este enfrentamiento, entre ese bloque y las democracias occidentales, ahora parece que el nuevo gobierno colombiano de Gustavo Petro, se inclina a asociarse al eje pro-droga, cuando eso no aporta soluciones a las problemáticas político-sociales ni a las crisis económicas, por todo lo reseñado, mi reflexión es que hay métodos para combatir el cultivo de la coca o de la amapola, a través de la sustitución de cultivos controlada, mientras que contra la producción y tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, la aplicación de la Inteligencia Estratégica con el accionar eficaz y eficiente de los medios punitivos del Estado, respaldados por una legislación ayornada, en especial apuntada al aparato financiero, el verdadero sistema nervioso de todo tipo de criminalidad y terrorismo, y una Justicia imparcial e independiente, y en cuanto al consumo, la base de la lucha está en la Educación y la contención Social y Asistencial, pero lo cierto es, que el Narcotráfico, el Narcoterrorismo y los Narco Estados tienen una dimensión geopolítica global, que ha trascendido el campo del delito común, y son una amenaza a la seguridad e integridad de las democracias, por eso mi frase final es, “…la democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos…”, de Enrique Múgica Herzog, político y abogado español.

Prof. Luis Fuensalida.