Larga vida a Los Copitos y muerte al Pacto con Irán
Poe Héctor Gambini
Cristina busca estirar la causa que la tiene como víctima y enterrar antes de tiempo las que la tienen como imputada.
La esperó de pie, junto a la mesa del comedor. “Gracias por venir a mi casa. Es la primera vez que me toman declaración como víctima y no como imputada…”.
Cristina Kirchner recibió a la jueza Eugenia Capuchetti en su departamento de Juncal y Uruguay el 2 de septiembre, a las 11 de la mañana.
Aún estaba conmocionada por el episodio.
Ella, la vicepresidenta, fue el primer testimonio del expediente que investiga el atentado contra su vida.
Las fuentes que atribuyen la frase a Cristina no aclararon si el tono fue amable o irónico, pero aquellas oraciones tienen un correlato exacto con su estrategia judicial desde entonces: cada vez más víctima del atentado de Los Copitos; cada vez menos imputada de corrupción o de encubrir a los terroristas que volaron la AMIA.
Pero no siempre querer es poder.
Los abogados de Cristina corrieron tras la hipótesis divulgada por la propia vicepresidenta acerca de un complot de alguien del PRO para vincularlo al atentado de Los Copitos en su contra.
Usaron el testimonio tardío de un oscuro asesor de La Cámpora que dijo haber oído frases del diputado Milman en una confitería frente al Congreso.
La jueza reprodujo las condiciones del lugar y determinó que era imposible oír de aquella mesa a aquella otra cualquier conversación con claridad.
El denunciante estaba con su cuñado, que declaró que había un televisor encendido y no se oía nada de las otras mesas.
El relato se descartó por inverosímil -el testigo Jorge Abello es investigado por falso testimonio-, pero Cristina insiste: quiere que investiguen aún lo que no puede ser cierto. Y recusa a la jueza por no hacerlo.
La querella que representa a Cristina tiene la potestad de pedir medidas de prueba, pero no dirige la investigación.
Cristina no quiere jueces a los que no pueda dirigir.
El criterio cambia cuando es ella la que está en el banquillo.
Con su postura de seguir hasta el final cada indicio -sea cual fuere- debería aceptar sin problemas ir a juicio por las causas en las que tiene procesamientos firmes.
Pero no es así.
Cristina abre ventanas en el caso donde es víctima y tapia con fuerza cada hendija de los juicios donde es acusada, como si fuera una caribeña ante el huracán.
Entre los procesos más relevantes que van a resolverse en los próximos días está el del Pacto con Irán, un juicio suspendido por un tribunal con argumentos insólitos que incluyeron un sentido homenaje al ex canciller Héctor Timerman, en párrafos que coincidieron llamativamente con las palabras textuales de los abogados de Cristina.
En la resolución se mencionaba la denuncia de la jueza Ana María Figueroa, quien dijo que cuando debió votar en el expediente sobre el caso recibió presiones del entonces gobierno de Macri.
Tres cosas: Figueroa -de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima- votó a favor de reabrir el caso, no denunció nada en aquel momento -a pesar de ser una encumbrada jueza de Casación- y ahora integra la Sala que va a resolver si debe haber juicio o no.
Si sintió presión antes, ¿quién sabe si no va a sentir presión ahora para hacer lo contrario y denunciarlo cuando cambie el Gobierno?
Es decir, ¿con qué imparcialidad podrá votar Figueroa si el tribunal dijo que el caso era irregular porque, entre otras cosas, habían apretado a la jueza que ahora debe decidir?
Increíble: la jueza va a valorar el testimonio de una testigo que es ella misma.
Fuera de eso, los puntos en que se apoya aquel fallo de los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado para sobreseer a Cristina sin juicio tienen pies de barro fresco.
Obligado llama “carácter novedoso de esta prueba” a una carta de Interpol de 2013 conocida desde entonces y mencionada por el fiscal Nisman en su denuncia contra Cristina el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de ser asesinado.
La prueba “novedosa” para Obligado -el mismo juez que sacó a Boudou de la cárcel porque hizo un curso de técnico electricista- tiene 7 años en el expediente.
Pero además, el tribunal analizó pruebas “a ojo”, seleccionando las que le servían para argumentar que no hubo delito en la firma del Tratado con Irán y descartando las que podrían refutar esa mirada.
Por ejemplo, voces de 300 testigos que ya habían sido citados para el juicio y no podrán ser oídos sin debate.
El caballito de batalla de los abogados de Cristina es que el Memorándum con Irán fue una decisión política no judiciable, pero a los acusados no se los imputa de firmar el acuerdo sino de usar ese pacto como parte de un plan criminal para encubrir a los terroristas.
Según la acusación, el encubrimiento incluía al Memorando pero no era el Memorando en sí mismo.
En la versión kirchnerista de justicia, el atentado de Los Copitos es un complejo ardid planificado como el crimen de Trotsky en El hombre que amaba a los perros.
Y el Pacto con Irán -que terminó con un tiro en la cabeza del fiscal denunciante y un incendio en la Casa Rosada que borró 130.000 registros de los años en que se negociaba el Memorando-, una pavada irrelevante.
Negar el juicio sería negar a los familiares de las víctimas de la AMIA su derecho a examinar los hechos con transparencia.
Recién allí valdría la palabra acerca de si hubo o no delito.
Pero Cristina no se quiere arriesgar.
Fuente: Editorial del Diario Clarín
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