Así muere una democracia: crónica de una muerte más que anunciada

Esteban Silva, para Radio Jai

Este lunes 24, la Knesset aprobó la primera y más importante sección de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu: la “ley de razonabilidad”, que elimina la capacidad del Tribunal Supremo para declarar irrazonables las decisiones de gobierno. Como previamente se ha mencionado en esta Radio, el control constitucional y el respeto a las instituciones del Estado de Derecho son vitales para la vida republicana; no existe una democracia plena sin igualdad ni contrapeso de poderes.

Mientras Netanyahu se recupera de una operación al corazón que puso en riesgo alto su vida, la oposición había solicitado un plazo de tiempo para debatir la estrategia frente al proyecto. Sin embargo, el proyecto fue aprobado con los votos de los seis partidos de la coalición de gobierno: Likud, Hatzionut Hadatit (liderado por Bezalel Smotrich), Otzma Yehudit (del ministro Itamar Ben Gvir), Shas (del investigado ministro de Vivienda, Aryeh Deri) y el Yahadut HaTorah HaMeuhedet (del director en Igualdad Social, Uri Makhlev).

La ruptura del equilibrio de poderes causada a partir de este proyecto de ley tiene explicaciones teóricas, prácticas y reales. La ciencia política entiende algunas condiciones básicas como requisitos necesarios para la existencia de un régimen democrático, y también la desaparición de estas condiciones para considerar la involución de estos regímenes hacia niveles cada vez más autoritarios de manejo político. En el presente artículo, deseo observar la reforma judicial y el caos político en Israel bajo el lente de los especialistas, contrastando los hechos con la experiencia comparada y pronosticando eventuales desenlaces a esta incertidumbre, prolongada por más de 6 meses hasta la fecha.

¿Qué define a un régimen democrático? Visiones sobre el caso israelí

El destacado politólogo Robert Dahl, en su obra La Poliarquía, expresaba condiciones que hacen posible la existencia y desarrollo de sistemas democráticos. En un gobierno democrático, los ciudadanos poseen igualdad de oportunidades para formular sus preferencias, manifestar estas preferencias ante el gobierno de forma individual y colectiva, y recibir igualdad de trato sin discriminación por parte de sus autoridades. Ello requiere el cumplimiento de ocho cláusulas o garantías institucionales: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, posibilidad de ser elegido, libertad de competencia en el campo político, diversidad de fuentes de información (pluralismo), elecciones libres e imparciales, e instituciones que garanticen el respeto de los votos.

Los sistemas que evalúan el desempeño de las democracias se basan en dos ejes principales: el debate público y la igualdad de oportunidades (en sus diversas dimensiones). La prevalencia de uno y la ausencia de otro pueden derivar en regímenes democráticos precarios o autoritarismos competitivos: no bastan las elecciones para vivir en democracia.
Israel, un régimen democrático parlamentario desde su fundación, ha recibido críticas por el carácter étnico-religioso de su constitución como Estado. Considerar o no a Israel una democracia suscita siempre el debate público y la polémica alrededor de las decisiones del Estado judío frente al conflicto palestino-israelí. Sin embargo, a lo largo de la historia contemporánea, la tradición de respeto a las instituciones del Estado de Derecho y la tradición progresiva de apertura a los derechos individuales ha marcado su reconocimiento como “la única democracia del Medio Oriente”: un régimen con partidos de todas las orientaciones políticas, con gobiernos parlamentarios, diversificación de la representación política a nivel regional y nacional, continuidad y confianza en el sistema electoral. entre otros.

La involución del sistema democrático en Israel: componentes institucionales y sociales

Juan Linz, sociólogo español, en su libro La quiebra de las democracias, evalúa los casos de la Alemania de Weimar (pre-nazi) y la II República Española para afirmar que las condiciones sociales y el cambio de las conductas políticas de los actores, así como las secuelas de las guerras y el estallido de la Gran Depresión, hundieron a los sistemas democráticos parlamentarios y crearon el ambiente de zozobra que precedió a la Segunda Guerra Mundial. Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, politólogos de la Universidad de Harvard, recuperan la obra de Linz para proponer cuatro indicadores de un comportamiento autoritario:

a) el rechazo a las reglas democráticas,

b) la negación de la legitimidad de los adversarios políticos,

c) la intolerancia o el fomento de la violencia,

d) predisposición a restringir las libertades políticas de la oposición.

La teoría de Levitsky y Ziblatt se apoya en la experiencia comparada, entre otros, de mandatarios cercanos a Netanyahu: Donald Trump (Estados Unidos) y Viktor Orbán (Hungría), dos políticos de grave retórica antidemocrática y nacionalista, así como personajes conocidos por el uso antojadizo del sistema judicial y la información falsa para justificar sus acciones. De acuerdo a los autores, las democracias modernas no mueren por los golpes de Estado, sino con la descalificación de los oponentes y aún más con la transgresión de los organismos autónomos, buscando convertirlos en anexos leales al régimen en lugar de ser un contrapeso al poder político de la autoridad.

Todo lo previamente mencionado encaja perfectamente con la naturaleza de la reforma judicial propuesta por la coalición ultraderechista: el debilitamiento de las instituciones de derecho para salvar a Netanyahu de la cárcel, así como la manipulación permanente de la legislación para atacar los derechos individuales, libres del control constitucional que un Tribunal Supremo debe proveer; asimismo, los llamados a la discordia por parte del ministro kahanista Itamar Ben Gvir, las propuestas de separación de servicios por motivos étnicos entre personas judías y no judías, son todos síntomas graves de una triste debilitación de las garantías democráticas que han existido en el próspero Estado judío.
Como breve referencia: el más reputado índice democrático entre la prensa especializada, el The Economist Democracy Index de 2022, ha bajado la calificación de Israel de “democracia plena” a “democracia deficiente”. Esta situación se debe a la caída de las calificaciones en tres rubros: funcionamiento del gobierno, cultura política y derechos civiles.

Implicaciones de la “ley de razonabilidad”: asalto al sistema judicial

La llamada “ley de razonabilidad”, respaldada por el Gobierno de coalición del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, privaría al Tribunal Supremo de la facultad de declarar irrazonables las decisiones del Gobierno. Esta ley busca suprimir el principio de razonabilidad de las acciones del gobierno, que se utiliza en países con avanzados sistemas de justicia como el Reino Unido, Canadá y Australia.

Los tribunales de esos países utilizan habitualmente la norma para determinar la constitucionalidad o legalidad de una determinada legislación, y permite a los jueces asegurarse de que las decisiones tomadas por los funcionarios públicos son “razonables”. La norma se utilizó este año cuando el primer ministro Netanyahu destituyó a su aliado clave, Aryeh Deri, de todos los cargos ministeriales, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior israelí que consideraba irrazonable nombrarle para cargos en el Gobierno debido a sus condenas penales y a que el año pasado había dicho ante los tribunales que se retiraría de la vida pública.

Netanyahu y sus partidos aliados de carácter ultranacionalista y xenófobo justifican la reforma con el argumento de que el Tribunal Supremo opera de manera ideológica y que merma las decisiones de los poderes democráticamente elegidos. Es falso. Lo cierto es que el Tribunal Supremo israelí tiene una acreditada e intachable trayectoria de rigor e independencia en sus decisiones. Incluso organizaciones defensoras de los derechos de los palestinos han recurrido frecuentemente a él (con éxito) en demandas urgentes ante situaciones que se daban tanto en suelo israelí como en los territorios ocupados. Sus decisiones son inapelables, pero Netanyahu y su ministro de Justicia, Yariv Levin, del Likud, quieren que puedan ser revocadas con apenas la mayoría del Parlamento —donde la coalición liderada por Netanyahu dispone de 64 de los 120 escaños disponibles, algo que en la práctica supone acabar con la separación de poderes.

La reforma también pretende cambiar el sistema de elección, dando al Gobierno el control de la comisión parlamentaria que aprueba la designación de los magistrados, y que los asesores jurídicos del Gobierno (cuyos informes son vinculantes) pasen a ser considerados cargos políticos y su opinión rebajada al nivel de “consejo”. Netanyahu es el primer jefe de Gobierno en la historia del país que se ha sentado en el banquillo de los acusados durante el ejercicio de su cargo, y se encuentra procesado desde 2020 por tres cargos de corrupción —cohecho, fraude y abuso de poder. La reforma ya ha sido aprobada en primera lectura en la Knesset (Parlamento) pero todavía hacen falta otras dos votaciones.

A modo de conclusión

Israel se desangra en medio de protestas, ataques de sus adversarios y una rampante desunión que ha llegado a sus estratos más importantes: el ejército y la diáspora. El uso antojadizo de las normas democráticas para “matar al sistema desde dentro” pone en riesgo todo tipo de estabilidad en el país: política, económica, social y militar.
El desenlace puede ser ampliamente caótico: leyes con nombre propio, encubrimiento de actos corruptos en el sistema gubernamental, abuso de poder sobre las minorías y por sobre todo, el uso maniático del poder como una herramienta de destrucción sobre el oponente político. Veremos.

Esteban Silva es Politólogo, MA en Estudios Migratorios por la Universidad de Tel Aviv (Israel).