La guerra contra Hamás – los límites entre la seguridad y los derechos individuales

En el contexto actual en el que se empiezan a ver por todos los portales abundantes fotos con las rendiciones de los miembros de Hamas, se difundió una novedad legal que genera polémica: El gobierno ha tomado la iniciativa de realizar arrestos administrativos de carácter prolongados, sin juicio, y sin la posibilidad de llevar adelante la entrevista con abogados de aquellos que sean sospechados como presuntos miembros de Hamás.
La propuesta de enmienda a la ley podría tener consecuencias significativas. Según la modificación propuesta, el Estado tendría la facultad de detener temporalmente a aquellos sospechosos de pertenecer al grupo Hamás.

Según la nueva propuesta regulatoria, aquellos sospechosos de integrar el grupo de Hamas que hayan sido arrestados participando en el ataque del 7 de octubre o hayan sido arrestados durante los combates en Gaza, podrían enfrentar hasta 75 días de detención antes de ser presentados ante un juez. E incluso, con la aprobación de un juez de distrito, se podría impedir su contacto con un abogado durante un período de hasta 180 días.
Obviamente estas medidas desatan controversias sobre el delicado equilibrio que debe existir entre las necesidades de seguridad y la preservación de los derechos individuales.
Esta propuesta de modificación legislativa, que será discutida la próxima semana en el Comité de Asuntos Exteriores y de Seguridad, propone modificar la ley sobre la detención de “combatientes ilegales”. La ley actual busca proporcionar una respuesta legal a quienes son capturados por el ejército y se sospecha que son activos en una organización terrorista.
Desde el inicio de los conflictos, las regulaciones de la ley han sido modificadas varias veces, permitiendo que incluso rangos más bajos en el ejército declaren a alguien como un “combatiente ilegal”. Además, se ha extendido el periodo en el que se puede mantener detenido a un “combatiente ilegal” sin llevarlo ante un juez o permitirle consultar con un abogado.

Ahora, se pretende presentar una enmienda integral a la ley que regula las detenciones, estableciendo que aquel declarado como combatiente ilegal” podría ser detenido temporalmente por un periodo que podría llegar hasta los 75 días antes de ser llevado ante un juez de distrito, quien decidirá si extender la detención temporal o convertirla en permanente. Todo esto mientras se preparan para enfrentar juicio. Pero eso no es todo, según la enmienda, el Estado podría evitar que el detenido tenga contacto con un abogado durante los primeros 45 días, un período que podría extenderse hasta 180 días con la aprobación de un juez de distrito.

Se argumenta que la prolongación de las detenciones administrativas son necesarias debido a la situación actual del conflicto y al gran número de “combatientes ilegales”. Las investigaciones sobre estos “combatientes ilegales” son complejas y proporcionan información vital para la seguridad del país y justamente para prevenir riesgos mayores. Por lo tanto, con el fin de cumplir con los objetivos de la investigación, y cumplir con las necesidades de contexto requeridas por los factores de seguridad, se ha determinado que las restricciones de encuentros con los abogados, durante los periodos propuestos es crucial.

Obviamente que ya se han despertado diversas voces que se pronuncian a favor y en contra, pero en definitiva la afectación de los derechos procesales de los sospechosos es una medida necesaria para combatir adecuadamente la amenaza que representa el grupo terrorista de Hamás.

DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ