El Servicio Social de AMIA evaluó el impacto de la pandemia entre los destinatarios de sus programas

El Departamento de Programas Sociales presentó los resultados del estudio “Incidencia de la pobreza multidimensional en la población atendida por el Servicio Social de AMIA”, que realizó en conjunto con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, dirigido por Agustín Salvia.

El trabajo, que tuvo como fin de actualizar la información de los destinatarios del Servicio Social de la institución y evaluar el impacto de la pandemia en los hogares atendidos, comenzó con un relevamiento efectuado en el período previo a la emergencia sanitaria (enero a marzo de 2020) y se completó con una segunda etapa de recolección de datos realizada entre octubre y noviembre del año pasado. El relevamiento de los datos estuvo a cargo del equipo de trabajadores sociales de la entidad.

“Al momento de analizar a la población atendida por nuestro Servicio Social tuvimos en cuenta cinco dimensiones: alimentación, educación, empleo, salud y vivienda”, explicó Laura Guardia Mayer, del equipo de Programas Sociales de AMIA. Para evaluar el impacto de la pandemia, se diferenciaron tres grupos de población: hogares con presencia de menores de 18 años, hogares conformados solo por personas de 60 años y más, y hogares sin menores de 18 años.

“Tal como se venía observando en la población asistida por el Servicio Social, entre marzo y octubre del año pasado, aumentó el porcentaje de familias que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con los parámetros establecidos por el gobierno porteño y por el INDEC. Esto se debió, en gran parte, al fuerte impacto que la pandemia produjo en el mercado laboral. La desocupación creció de manera notoria y las familias atendidas por AMIA se vieron seriamente afectadas por esta situación”, remarcaron desde Programas Sociales.

De acuerdo con los resultados presentados, cuyo análisis estuvo a cargo del Observatorio de la Deuda Social, en el resto de las dimensiones (alimentación, salud, vivienda y educación) el impacto resultó más moderado, “probablemente debido a las prestaciones y transferencias de ingresos que esta población recibió tanto por parte de AMIA como por parte del Estado”, señalaron.

Del estudio se desprende que, desde el inicio de la pandemia, no se produjeron fuertes cambios en el grupo conformado solo por personas mayores. Las razones obedecen a varios factores. En primer lugar, esta población cuenta en su mayoría con una jubilación o pensión, por lo que no ha visto comprometida su principal fuente de ingresos. Además, desde el Departamento de Programas Sociales se reforzó el seguimiento y apoyo a esta población mediante el sistema de envío periódico de las viandas de alimentos que AMIA puso en marcha desde que se decretó la emergencia sanitaria; el incremento en la cobertura de los medicamentos y la ampliación de diferentes prestaciones.

A la hora de considerar la dimensión educativa, el estudio demostró que los niños y adolescentes de entre 4 y 17 años continuaron vinculados de manera permanente con la escuela. “El 100% de la población relevada indicó que sus hijos siguieron con las clases de forma virtual”, se informó.

Justamente fue este grupo, el de hogares con niñas y niños, el que más se vio afectado por la interrupción económica que trajo aparejada la pandemia. En este segmento se observa un incremento muy significativo de la desocupación abierta, que pasó del 24% al 46%. “Este importante aumento en la desocupación y el consecuente deterioro en los ingresos de los hogares es una señal de alerta, si se tiene en cuenta que al momento de la segunda medición ya se habían habilitado muchas de las actividades económicas suspendidas al inicio de la pandemia”, señaló Juan Ignacio Bonfiglio, Investigador principal del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

La cobertura de salud también se vio afectada, “probablemente por la pérdida de vínculos con el mercado de trabajo formal y el abandono de medicina prepaga como consecuencia del deterioro de su situación económica”, se señaló.

Un 20% de estos hogares padeció además inseguridad alimentaria severa, es decir que redujeron de manera involuntaria la porción de comida y/o percibieron de manera frecuente experiencias de hambre de algún componente del hogar por problemas económicos durante los últimos 12 meses. “Esta situación se hubiera profundizado si no fuera por las prestaciones que estas familias reciben tanto desde AMIA como por parte del Estado”, remarcó Paula Jait, coordinadora del Servicio Social.

En relación a la vivienda, una proporción significativa de los hogares con menores de 18 años experimentó un deterioro, que se manifiesta en el incremento de los niveles de hacinamiento, que pasó del 15% al 23%, como resultado de los cambios en la composición de los hogares como consecuencia de la pandemia. “Varias familias tuvieron que reagruparse, ya que no pudieron afrontar el pago de un alquiler. Por ejemplo, familias que se mudaron a la casa de los abuelos, quienes sí son propietarios de sus viviendas. También registramos, en menor medida, situaciones de personas mayores que se mudaron con sus hijos y de jóvenes que regresaron a vivir con su familia de origen”, indicó Jait.

Los resultados presentados forman parte de una primera investigación. “Nuestro objetivo es continuar monitoreando la situación de la población destinataria y contar, de este modo, con información certera y actualizada que nos permita fortalecer los programas de asistencia que llevamos adelante con un enfoque de promoción de derechos sociales. Los datos relevados nos permiten optimizar el alcance de nuestra tarea para contribuir de manera directa a lograr mayor inclusión y equidad social”, aseguró Fanny Kohon, directora del área de Programas Sociales de AMIA.

Fuente: AMIA