Reflotan en el Gobierno la idea del juicio en ausencia por el atentado a la AMIA

A pesar de que la Cancillería la desaconseja, la propuesta es apoyada por la ministra Bullrich, quien planteó la posibilidad en una reunión que mantuvo con la DAIA

Un sector del oficialismo desempolvó la idea de juzgar en ausencia a los iraníes sospechosos del atentado contra la sede de la AMIA, es decir, sin necesidad de que sean capturados en lo inmediato. Se trata de una iniciativa que tiene promotores y detractores en el seno de la comunidad judía y que divide las aguas entre los familiares de las víctimas del ataque de 1994.

La idea la verbalizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando dijo en diciembre pasado -en el discurso de asunción del nuevo presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits- que “sería muy importante para nuestro país tener un juicio en ausencia”.

“Aquellos que cometieron el atentado están protegidos por un Estado.

No van a venir acá, nunca vamos a poder juzgarlos y siempre vamos a sentir la impunidad. Si lo hacemos así, como lo hacen otros países, vamos a lograr por lo menos sentir que los pudimos juzgar. A diferencia de los otros, en los juicios en ausencia tienen una doble oportunidad los procesados, ya que de ser apresados, deben ser juzgados nuevamente”, dijo la ministra, aunque de inmediato aclaró que se trataba de una iniciativa personal.

En el Ministerio de Justicia se animan a decir que hay un tímido interés en el asunto y que no se van a oponer a que prosperen las iniciativas que existen en el Parlamento y en la Cancillería, en una reunión que mantuvieron el ministro Jorge Faurie y el secretario de Culto, Alfredo Abriani, con las autoridades de la DAIA. Dijeron que se buscará utilizar el derecho internacional para avanzar en soluciones alternativas.

Entre las alternativas se mencionó el caso Lockerbie, en el que hubo un proceso judicial en un tercer Estado, así como recurrir al Tribunal Penal Internacional, a la Corte de La Haya, a la ONU o al juicio en ausencia.

A pesar de estas afirmaciones, en la Cancillería habría un dictamen que desaconsejaría la idea de promover el juicio en ausencia, por lo que significaría como cambio de reglas de juego con relación a terceros países en cuestiones de derecho penal.

No obstante, el tema desborda el interés personal de la ministra Bullrich.

Proyecto en el Congreso

En el Congreso, el 11 de noviembre pasado, el diputado Daniel Lipovetzky (Cambiemos) presentó un proyecto de ley para juzgar en ausencia delitos graves contra la humanidad. Otros dos proyectos para promover iniciativas similares tienen estado parlamentario. Son de Luis Petri, también de Cambiemos, y un proyecto parecido que entró en marzo de 2017 por el Senado, con la firma de 13 senadores, incluido Federico Pinedo (Pro), Julio Cobos y Ángel Rozas (UCR), Miguel Ángel Pichetto, Rodolfo Urtubey y Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria), entre otros.

De todas las iniciativas, la que es mejor considerada por el Gobierno es la de Lipovetzky, quien en sus fundamentos señala que “integra el Plan de Justicia 2020” del Ministerio de Justicia. El proyecto propone que se aplique en casos de genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, terrorismo internacional, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.

Establece que cuando los sospechosos no están a disposición de las autoridades, porque se encuentran prófugos o un tercer país denegó su extradición, pueda avanzar el proceso para que de todos modos se los pueda juzgar con la participación de un abogado defensor que vele por sus intereses.

Si el acusado se presenta antes del juicio y del procesamiento, será indagado y seguirá el trámite normalmente con su presencia. Si se presenta luego del juicio en el que fue condenado en ausencia, el juicio se debe realizar de nuevo con la presencia del acusado. Si en el proceso en ausencia fue absuelto o sobreseído, el acusado puede presentarse sin sufrir consecuencias.

Esto implica un cambio en las reglas del Código Procesal Penal y su introducción genera controversias en cuanto a su conveniencia, tanto desde el punto de vista jurídico constitucional como desde la perspectiva política.

La iniciativa se basa en modelos de otros países europeos que lo aplican, como Francia, que condenó al marino Alfredo Astiz en ausencia por la desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.

En la interpretación del Gobierno, serviría para brindar una respuesta interna al reclamo de justicia, dar una certeza en cuanto al avance de la causa AMIA y otorgarles carácter definitivo a los pedidos de captura internacional de Interpol, que están siempre a merced de la interpretación que hace el organismo, presionado por Irán, para darlos de baja.

El asunto no es menor, considerando que en febrero se conocerá la sentencia del juicio que se lleva adelante contra Carlos Menem, Hugo Anzorreguy y el exjuez Juan Galeano por el modo en que se investigó el ataque a la mutual judía.

Una condena a los investigadores podría ser usada por Irán para cuestionar la prueba que sostiene los pedidos de captura de sus exfuncionarios y volver a reclamar a Interpol para que se los dé de baja.

La cuestión del juicio en ausencia tiene apoyos y escollos en el seno de la comunidad judía. Para la DAIA, su órgano político, la cuestión está zanjada. Apoya la iniciativa, al punto de que el actual presidente, Jorge Knoblovits, presentó un proyecto en 2014 en el mismo sentido. Allí dan por superada la discusión, aunque hay matices entre los integrantes de la organización.

En la AMIA, el presidente Agustín Zbar se opone firmemente a la iniciativa. Por un lado, sostiene que cualquier idea de juicio en ausencia requiere que primero sean consultadas y escuchadas las víctimas: tanto los familiares de los fallecidos como los sobrevivientes y la propia AMIA, en su carácter de “víctima institucional” del atentado terrorista que demolió el edificio de Pasteur 633 y dejó 85 muertos.

Tras este primer argumento metodológico, sostiene que el juicio en ausencia no implicaría un avance, porque a lo sumo tras una condena, se librarían capturas a Interpol, que es la misma situación que existe actualmente. Y el tercer cuestionamiento es legal, pues entiende que el juicio en ausencia no es compatible con la Constitución y que los defensores de los iraníes plantearían este argumento hasta llegar a la Corte y buscar que se anule el proceso. Aun si el caso tuviera éxito y se convalidara la figura del juicio en ausencia, en la interpretación de Zbar se trataría de una nueva dilación que retrasaría la causa.

Entre los familiares, las posturas son también diversas. Se oponen a esta idea Memoria Activa y la entidad Apemia, mientras que algunos familiares, como Luis Czyzewski, padre de Paola, víctima del atentado, la apoyan.

Fuente: La Nación y DAIA