AMIA, sin fondos para investigar

Los escombros no habían sido removidos aún cuando el gobierno de turno comenzó a lanzar acusaciones sin pruebas, mientras sus servicios de inteligencia enchastraban la investigación, con la ayuda de jueces, políticos, policías, periodistas y hasta banqueros que aportaron lo suyo para encubrir la verdad.

Casi catorce años después, el lunes 18 de julio de 1994 estalló otra bomba, pero en Buenos Aires, en la sede de la AMIA. También murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Y los escombros tampoco habían sido removidos aún cuando el gobierno de turno comenzó a lanzar acusaciones sin pruebas y los espías a enchastrar la pesquisa, con la ayuda de jueces, políticos, policías, periodistas y hasta banqueros que también aportaron lo suyo para encubrir la verdad.

Hoy, 37 y 23 años después de ambos atentados, italianos y argentinos siguen reclamándoles a sus Estados que cumplan con una de las premisas fundacionales de cualquier Estado: impartir justicia.

Allá, en Italia, los políticos dejaron de participar en los actos conmemorativos cuando se cumplieron 30 años del atentado, en 2010. No lo dijeron, pero apostaron al paso del tiempo, al olvido, y a la vejez y muerte de sobrevivientes, familiares y responsables.

Acá, los gobernantes de turno asisten a los actos, pero sólo mientras los silbidos apuntan contra sus antecesores, y comienzan a ausentarse a medida que los reclamos caen sobre sus inacciones. Y, también, aunque no lo digan, apuestan al paso del tiempo, al olvido social y a la impunidad judicial.

Por eso, allá, en Italia, intelectuales y personalidades como Umberto Eco o el sacerdote Luiggi Ciotti difundieron el documento “Processare lo Stato infedele” (“Enjuiciar al Estado infiel”). Allí aludieron a las “sombras oscuras” que se ciernen sobre el Estado, a las mafias con “poder de chantaje” sobre aquellos que podrían colaborar en la investigación, pero también remarcaron la oportunidad que aporta el paso del tiempo. Permite cruzar, dijeron, “una gran masa de documentos recopilados por varios tribunales”, lo que aportaría “una nueva lectura” del atentado, detectar “posibles correlaciones” y llegar, así, a la “verdad indecible”.
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Hoy, eso también es posible en la Argentina.

Una de las promesas centrales del presidente Mauricio Macri cuando asumió versó sobre aquel atentado contra la AMIA: “No nos olvidaremos tampoco de los argentinos víctimas del terrorismo. Queremos saber qué ocurrió; y, por eso, también elevamos a rango de Secretaría de Estado la Unidad Especial de Investigación de la causa AMIA.
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Necesitamos verdad y justicia”.

Más allá de las palabras, sin embargo, eso no ocurrió. Por el contrario, la “Unidad Especial” quedó hundida y trabada en la burocracia del Ministerio de Justicia, donde incluso le retacean los fondos que necesita para sistematizar, informatizar y cruzar la información proveniente de varias investigaciones judiciales. Porque, créase o no, hasta ahora y después de tantos años, nunca se sistematizaron, informatizaron y cruzaron los expedientes que podrían aportar sorpresas, como la “causa Armas”, entre otras.
Sin embargo, un gobierno que destinó fondos, por citar sólo un ejemplo, a la Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte No Movilizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte, al mismo tiempo le retacea 500.000 dólares a la “Unidad Especial” para cumplir con su labor, por lo que debe salir a pedir colaboración a otros organismos estatales y no gubernamentales. ¿Se privatizó, acaso, la administración de justicia?

A la ley de presupuesto se la conoce, por tradición, como “la ley de leyes”. Porque más allá de las palabras, expresa con claridad cuáles son las prioridades de quienes gobiernan. ¿Es más importante, por ejemplo, renovar la vajilla de una embajada o adquirir lo esencial para centros de salud? ¿Las bicisendas o emprender un camino serio contra la impunidad?
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“No es demasiado tarde para escribir en profundidad la historia de agosto 2 de 1980, de los 85 muertos y 200 heridos en la estación de tren de Bolonia”, reclamaron Eco y los otros referentes, allá, en Italia, en pos de “la civilidad y la justicia”.

Aquí, en la Argentina, Macri llegará al fin de su mandato cuando se cumplan, en 2019, los 25 años del peor atentado terrorista en la historia de nuestro país. Aquí también se dirime “la civilidad y la justicia”.

Fuente: La Nación