La memoria de cada muerto de la Embajada y de la AMIA exige que la verdad salga a la luz

Con la excepción del genocidio, difícilmente pueda encontrarse en la historia de un país un delito de tanta gravedad como el de Traición a la Patria. Si cualquier dignatario público con rango de funcionario político o de miembro de alguna fuerza de seguridad, hubiese incurrido en semejante infamia en tiempos de la emancipación nacional, próceres como José de San Martín o Manuel Belgrano hubiesen ordenado, sin dudas ni medias tintas, la inmediata ejecución sumaria del miserable delincuente ante un pelotón de fusilamiento.

Afortunadamente para Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y para muchos de sus cómplices laderos, Argentina transita el siglo XXI y no el XIX. La Justicia se modernizó. La vida, en cuanto valor, es un bien a preservar en un país moderno, republicano y democrático. Y las formas de punir los delitos mejoraron en forma sustancial, prácticamente en todas las naciones de Occidente, incluida la nuestra. No como ocurre en Irán, donde todavía existe la pena de muerte y la lapidación de mujeres infieles, por mencionar un ejemplo.

Esta mañana, el país amaneció con una espectacular seguidilla de procesamientos, órdenes de detención, operativos de arresto y pedido de desafuero para la ex Presidenta, que nacieron de un dictamen del juez federal Claudio Bonadío. Se trató de una importante –y esperada- avanzada de la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, que investiga el pacto firmado entre los gobiernos argentino e iraní en 2013, y que reivindica prácticamente en su totalidad la acusación que pocos días antes de su muerte aun no esclarecida formulara el fiscal de la UFI-Amia Alberto Nisman, quien no pudo presentar su caso ante el Congreso de la Nación como tenía previsto, porque fue asesinado en su domicilio pocas horas antes.

Con diversos subterfugios, como aprietes a la Justicia en el mejor de los casos, o como intervención directa en las decisiones judiciales en el peor, el kirchnerismo intentó, mientras tuvo poder, evitar el avance de la verdad. Una verdad que se mostró desde un principio transparente, en la letra de un tratado que habilitó a una nación acusada de haber cometido dos actos de guerra contra nuestro país, a designar a sus propios jueces para investigarse a sí misma.

Semejante idea, negociada por el ex canciller Héctor Timerman –cuya traición debiera considerarse agravada, por su doble condición de argentino y de miembro de la colectividad judía en nuestro país- parece una burla grotesca hacia las víctimas del atentado a la embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, y del ataque a la AMIA, que tuvo lugar el 18 de julio de 1994. Dos agresiones dantescas, que enlutaron al país y terminaron con un total de 107 muertos y 542 heridos argentinos, sin distinción de religiones, creencias o filiación política.

Para instalar esta maniobra aviesa de transfiguración de la realidad, el gobierno K contó con la invalorable colaboración de un aparato de medios adictos y de propagandistas y operadores políticos que se definían a sí mismos como “periodistas militantes”, los cuales operaron sin pudor para tergiversar la verdad y desviar la atención de lo que fue, desde su inicio, una aberración jurídica e inconstitucional, que quitó a los jueces argentinos su potestad de tribunal de origen en beneficio de una nación agresora.

También ayudó al kirchnerismo gobernante contar con dos aparatos de inteligencia –uno oficial, la ex SIDE, y otro paralelo e ilegal, a cargo de la inteligencia del ejército que comandó el genocida César Milani- que se dedicaron a entorpecer y a licuar la investigación del caso, a borrar evidencias y –lo más importante- a “neutralizar” al agente acusador, el fiscal Nisman, asesinándolo.

Cristina Elisabet Fernández enfrenta hoy, en forma oficial e institucionalmente asumida, la acusación de ser jefa de una organización criminal cuyo fin fue garantizar la impunidad de los agresores en dos hechos de lesa humanidad que constituyeron un ataque directo contra la Nación Argentina y contra sus ciudadanos.

Ya no es la prensa, ni la opinión de algún político opositor a la ex mandataria, sino la Justicia argentina, la que coloca a Kirchner en situación de procesamiento y pide al Congreso su desafuero para enfrentar los cargos en su contra desde prisión. El juez entiende, en su decisión, que la ex Presidenta en libertad y amparándose en sus fueros de flamante senadora, podría activar mecanismos para entorpecer la investigación en su contra.

La lectura política de esta decisión del juez Bonadío, en cuanto al estilo de los procedimientos que ordenó, los tiempos judiciales, la oportunidad del estallido del tema ante la opinión pública y el rol que habría jugado el Gobierno frente a la cuestión –si acaso hubiera jugado alguno- será materia de otro análisis.

Lo que sí puede asegurarse es que, en el frente netamente jurídico, hay fuerte sustancia, prueba acumulada y consistencia en la causa del fallido Pacto con Irán y encubrimiento del atentado a la AMIA para avanzar con las medidas que se concretaron esta mañana.

La concreción de este paso tan trascendente en la administración de Justicia, en el que los procesados tendrán la oportunidad de demostrar su inocencia a una ofensa tan grave hacia los argentinos como sería una Traición a la Patria, reivindica la memoria de dos argentinos que no pudieron vivir este momento, pero que tuvieron mucho que ver con las circunstancias que provocaron en nuestros tribunales esta búsqueda de verdad.

Hablamos, en primer lugar, del fallecido periodista José “Pepe” Eliaschev, quien había denunciado desde el diario Perfil un pacto secreto entre el canciller argentino Timerman con su par iraní Walid al-Mohalem, y con el propio presidente Bashar al-Assad, con quienes se reunió el 23 y 24 de enero de 2011 en la ciudad siria de Alepo, encuentro del cual se retiró con un borrador de lo que terminaría siendo un nefasto acuerdo de impunidad con un Estado Terrorista.

Aunque la reunión fue sistemáticamente negada por propagandistas del kirchnerismo –entre ellos el doble agente de Montoneros y del Proceso Horacio Verbitsky-, terminó siendo reconocida varios años después, tanto en su ocurrencia como en sus términos, en grabaciones que implican a los propios protagonistas.

La segunda reivindicación, la más obvia, corresponde a la persona del fiscal Alberto Nisman, quien movido por la inquietud que le había causado aquel impresionante artículo del colega Eliaschev se volcó a investigar el caso, y generó la investigación por el encubrimiento del Atentado a la AMIA a través de aquel pacto espurio y criminal, que terminó en una acusación colosal.

El fiscal alcanzó a reunir la prueba que hoy coloca a la Ex Presidenta Cristina Elisabet Fernández, a sus principales colaboradores y a algunos exponentes de la violencia marginal que rodeó al régimen kirchnerista, en el banquillo de los acusados. Nisman ofrendó su vida por ello. Lo mataron de una manera cruenta, y desde el propio Estado no se reconoció el magnicidio ni se respetó su memoria. Muy posiblemente, los culpables de este crimen jamás pagarán sus culpas ante la Justicia.

Los argentinos deseamos que la muerte del fiscal no haya sido en vano, por lo cual es fundamental que se sustancie un juicio transparente, que contemple todas las garantías y que no se aparte ni por un instante del debido proceso. Ahora, la Justicia tiene la última palabra.