Carles Puigdemont intentó comprar en Israel material de espionaje
El Gobierno de Carles Puigdemont tenía preparados 27 millones de euros para gastar en material sensible de espionaje. Para ello, el Ejecutivo catalán intentó ponerse en contacto con el Gobierno de Israel y con los servicios de inteligencia de aquel país, pero todos los intentos oficiales resultaron inútiles. Recurrieron entonces a contactar, de forma poco convencional, con “empresas” vinculadas al Gobierno israelí para poder tener algún trato de favor.
Las semanas previas a ese viaje, los responsables gubernamentales intentaron sin éxito atar alguna reunión con estamentos oficiales del Gobierno israelí. Al fracasar todos los intentos, acudieron a un alto cargo de Convergencia Democrática para que hiciese gestiones. Este dirigente pidió, a su vez, el favor a un empresario amigo suyo, que contactó con una agencia de detectives de Barcelona.
Y fue esta agencia, que también goza de excelentes contactos entre los distintos servicios de información de Madrid, la que finalmente puso en contacto a los miembros de la delegación con International Security & Defense Systems (ISDS), empresa israelí experta en ciberseguridad.
“Hubo una comida en el restaurante Can Lampazas de Barcelona a la que asistió Leo Gleser y donde se decidió recibir en Tel Aviv a los altos cargos del Govern”, explicaron fuentes cercanas a estas negociaciones.
Gleser es un ex coronel de Israel experto en ciberseguridad y con una red de empresas que trabajan en los cinco continentes. Tras valorar la petición, el hombre de negocios israelí accedió a recibir en su casa de Tel Aviv a la delegación catalana.
En esa reunión, celebrada el 16 de noviembre, también estaba presente Mar Pérez, -Executive Director- de Catalonia Trade & Investment de Acció en Tel Aviv. Es decir, directora en Israel de la agencia oficial de comercio del Gobierno catalán, en algunas de cuyas sedes se han ido gestando las famosas ‘embajadas’ catalanas. A la misma también asistieron dos personas de confianza de Gleser.
Distintas fuentes resaltan que tenían hasta 27 millones de euros para gastar y ese material, dejaron entrever, serviría para la creación del ‘cerebro’ de los servicios de espionaje catalanes, aunque oficialmente la Generalitat siempre lo había negado y, por si fuera poco, su propia constitución sería un delito.
Finalmente, la operación no se llegó a realizar porque la Generalitat no concretó los equipos que quería. Lo cierto es que era demasiado arriesgado desembolsar cantidades importantes de dinero debido al control de las cuentas del Govern que el Estado había incrementado por aquellas fechas.
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