Contra el aborto y por despenalizarlo
Presento esta alternativa desde una serie de supuestos que considero apropiado explicitar. En términos generales creo que una sociedad debe bregar por la defensa de la vida, y especialmente debe estar al cuidado de sus miembros más vulnerables. Entiendo que el proceso vital surge en la concepción, pero a la vez que no es allí ni tampoco en los primeros estadios de la evolución del feto donde podemos hablar de un ser humano independiente y pleno.
Es también evidente a mi juicio que -salvo por cuestiones de relevancia cardinal- deberíamos concordar en que detener el desarrollo de esa vida en formación implica un acto violento y un daño irreparable al que solo se debe recurrir en situaciones extremas.
Del mismo modo, admito que en la desesperación de tener un embarazo no deseado, muchas mujeres (y muchas de ellas en distintos formatos de vulnerabilidad) recurren a los abortos clandestinos con el riesgo y la desidia que ello conlleva. Es claro que no existen soluciones perfectas para los dilemas existenciales que dispara este flagelo, y es en este preciso marco de imperfección -y bajo los supuestos dichos- que elevo esta perfectible propuesta.
Aquí verán tan solo un esbozo, a modo de presentación, que indudablemente precisará de variados aportes, siempre y cuando se le encuentre algún sentido práctico. ¿Cuál es la idea? Ayudar, desde el Estado, a cada una de las mujeres que están atravesando por esta situación límite a encuadrar su futura decisión. ¿Cómo? Antes de la semana octava, cuando ya es claro el embarazo y el feto está aún en un estadio muy temprano, si una mujer está considerando someterse a un aborto deberá concurrir a un equipo estatal de acompañamiento terapéutico interdisciplinario.
¿Cuál es el rol de este equipo?
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El equipo deberá establecer un marco de contención con la mujer a fin de ampliar su marco de referencia para evaluar la decisión a ser tomada. A lo largo de una semana este equipo tendrá también la potestad de sumar a la conversación a familiares, médicos, autoridades religiosas o cualquier persona que estime necesaria a fin de evaluar en conjunto las distintas alternativas que se presentan: seguir con el embarazo y ser madre, seguir con el embarazo y dar el bebé en adopción o no seguir.
Este equipo deberá emitir una resolución acerca de su opinión particular en cada caso recomendando tal o cual curso de acción. La mujer tendrá la posibilidad de acordar con la decisión sugerida o no, y en caso de que unilateralmente decida proseguir con un aborto, el equipo interdisciplinario emitirá su dictamen autorizándolo, dejando asentado -si así fuera el caso- su desacuerdo con esa práctica.
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En todos los casos este equipo tendrá a su vez la obligación de continuar con el acompañamiento de la mujer después de haber dado su dictamen y hasta cuando lo considere pertinente. Admito que hay aquí unas cuantas áreas problemáticas, pero ¿qué beneficios traería esta propuesta? En primer lugar, el Estado no abandonaría a las mujeres a su suerte, especialmente a las más vulnerables, y a la vez no les daría una “carta blanca” para avanzar con un aborto sin medir de algún modo sus consecuencias.
En este sentido, el rol del equipo interdisciplinario se asemeja al de un consejero o el de un mediador que en última instancia está asistiendo a la mujer a fin de llegar a una decisión más responsablemente tomada. Por otro lado, el Estado haría el máximo esfuerzo posible para proteger la vida tanto de la mujer como de su bebé en gestación, propiciando toda la ayuda social necesaria para cada caso.
Asimismo, el Estado debería garantizar, si finalmente se procediera a un aborto, que fuera realizado bajo los estándares médicos requeridos. No sé si esta propuesta es viable, pero sí sé que debemos estar en contra del aborto, pero a la vez a favor de su despenalización. Ya es suficiente pena para una mujer portar un embarazo no deseado, y obligarlas a recurrir a la clandestinidad no es lo más sano en absoluto.
Fuente: La Nación
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