El disfuncional sistema de deportaciones alemán

El caso ha arrojado luz sobre la naturaleza disfuncional del sistema de deportaciones alemán, así como el politizado sistema judicial de Alemania que, basándose en los derechos humanos, está haciendo casi imposible expulsar a los migrantes ilegales, incluidos algunos que representan amenazas a la seguridad.

El solicitante de asilo al que se le denegó la petición, de 42 años y de origen tunecino —identificado por las autoridades alemanas como Sami A., pero conocido en su país natal como Sami Aidudi— ha vivido en Alemania desde 1997. Las autoridades alemanas creen que Aidudi, islamista salafista, ha pasado algún tiempo en Afganistán y Pakistán antes de los atentados de Al Qaeda contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Desde entonces, ha estado vigilado por los servicios de inteligencia por difundir enseñanzas islamistas y radicalizar a jóvenes musulmanes. Tenía relaciones de “largo alcance” con redes salafistas y yihadistas, según un informe oficial filtrado a la revista alemana Focus.

La solicitud de asilo de Aidudi fue rechazada en 2007 después de que se conocieran las acusaciones contra él de haber recibido formación militar en un campo yihadista de Al Qaeda en Afganistán entre 1999 y 2000. Durante su entrenamiento, trabajó supuestamente de guardaespaldas de Osama Bin Laden. Aidudi negó las acusaciones y afirmó que durante ese tiempo había estado estudiando en Karachi (Pakistán).

A pesar de rechazar la solicitud de asilo de Aidudi, los tribunales alemanes bloquearon varias veces su deportación por temor a que pudiese ser torturado o maltratado en su país natal.

En abril de 2017, por ejemplo, un tribunal de Münster dictó que Aidudi se enfrentaba a “la considerable probabilidad” de “tortura y trato inhumano o degradante” si volvía a Túnez.

En abril de 2018, la continuada presencia de Aidudi en Alemania provocó la indignación de la opinión pública cuando se supo que había vivido en Bochum durante más de una década con su mujer alemana y sus cuatro hijos —a costa del dinero público—, a pesar de que los servicios de inteligencia alemanes lo habían clasificado como una amenaza para la seguridad.

En respuesta a una solicitud del partido antimigración Alternativa para Alemania (AfD), el Gobierno de Renania del Norte-Westfalia confirmó que durante años Aidudi había recibido 1.168 euros al mes en prestaciones y ayudas por hijos.

En mayo de 2018, el Tribunal Constitucional de Alemania dictó que otro yihadista tunecino —identificado únicamente como Heikel S., de 37 años, acusado de haber participado en el atentado yihadista en mayo de 2015 contra el Museo del Bardo en Túnez— podía ser deportado a su país natal.

El ministro del Interior, Horst Seehofer, aprovechó esta sentencia y pidió a las autoridades de inmigración que dieran máxima prioridad al caso de Aidudi. “Mi objetivo es lograr la deportación”, dijo.

El 25 de junio, Aidudi fue detenido después de que Seehofer ordenara a las autoridades de inmigración que aceleraran los procesos de deportación.

Unas semanas después, el 13 de julio, antes de anochecer, Aidudi, escoltado por cuatro policías federales y un médico, fue metido en un Learjet fletado a propósito, en el que voló de Düsseldorf a Túnez. La deportación de Aidudi costó a los contribuyentes alemanes casi 80.000 euros, según la revista Focus.

Aunque el Tribunal Administrativo de Gelsenkirchen había bloqueado la deportación de Aidudi la noche anterior, la decisión no fue transmitida a las autoridades de inmigración hasta la mañana siguiente, cuando el avión ya estaba en el aire.

Cuando el tribunal supo de la deportación de Aidudi, exigió su retorno a Alemania. El tribunal dijo que la deportación de Aidudi había infringido “principios fundamentales del Estado de derecho”. Los jueces, al parecer sintiéndose engañados, se quejaron de que las autoridades de inmigración alemanas no les habían informado de la hora del vuelo de Aidudi, lo que significa que esas autoridades desafiaron “a sabiendas” la orden judicial.

Al día siguiente, el 14 de julio, las autoridades tunecinas echaron más leña al fuego al decir que no tenían planes de devolver a Aidudi a Alemania. “Tenemos un poder judicial soberano que lo está investigando”, dijo un portavoz de la oficina del fiscal de Túnez, Sofiene Sliti, a la agencia de noticias alemana DPA.

El 17 de julio, Aidudi afirmó que su deportación era “puro racismo”, e insinuó que iba a presentar una demanda contra el Gobierno alemán. En una entrevista con Bild, dijo:

Fui secuestrado de Alemania. A las tres en punto de la mañana me llevaron sin más. Le dije a la policía: “Es imposible. Un tribunal ha bloqueado mi deportación”. Pero dijeron que la orden venía de arriba y que no podía hacer nada al respecto. Ni siquiera se me permitió ver a mi abogado. También me impidieron contactar con mi mujer y mis hijos.

Seehofer atribuyó la deportación a un “fallo de comunicación”, pero sus críticos lo acusan de intentar maniobrar a sabiendas contra los tribunales alemanes.

La ministra de Justicia, Katarina Barley, socialdemócrata, dijo:

Hay que aplicar lo que los tribunales independientes decidan. Cuando las autoridades deciden qué decisiones judiciales se siguen y cuáles no, significa el fin del Estado de derecho.

En una entrevista con el Süddeutsche Zeitung, el líder de los Verdes, Robert Habeck, dijo:

O es un caos absolutamente bochornoso, o esto apesta, porque las autoridades del Ministerio de Interior querían que fuese ejemplarizante -el caso de Sami A.-

En primer lugar y lo más importante, hemos de aclarar si el ministro del Interior, Horst Seehofer, intentó personalmente puentear la decisión del tribunal.

En cualquier caso, el daño que ya se ha cometido es mucho mayor que el de esperar a la resolución judicial. Las autoridades son débiles y estúpidas, especialmente en tiempos en que flaquea la confianza en las instituciones.

En cambio, los críticos del sistema de deportaciones alemán pidieron cambiar las leyes existentes. Axel Fischer, miembro grupo parlamentario del CDU/CSU, dijo que en el actual sistema “se da más peso a los derechos personales de los islamistas que a los intereses de seguridad de los ciudadanos alemanes”. Añadió que las leyes actuales “dan la impresión de que es prácticamente imposible deportar a delincuentes islamistas a países como Túnez, al margen de lo peligrosos que sean”.

En un editorial publicado antes de la expulsión de Aidudi, el periódico Bild comentó sobre el disfuncional sistema de deportaciones de Alemania:

La locura de la deportación del exguardaespaldas de Bin Laden, Sami A., es interminable. Las autoridades alemanas siguen sin encontrar la forma de enviar al gerifalte salafista de vuelta a su país natal, a pesar de que incluso el ministro de Derechos Humanos de Túnez, Mehdi Ben Garbia, aseguró a Bild que NO hay riesgo de torturas en Túnez.

Desde 2006, la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) y la gobierno del estado de Renania del Norte-Westfalia han estado intentando en vano deshacerse del exconfidente del asesino de masas Osama Bin Laden.

Aunque el hombre de Al Qaeda (que vivía en Bochum desde 1997) está clasificado por la protección constitucional como un -predicador peligroso-, sigue siendo tolerado en Alemania, y reúne 1.100 euros al mes en ayudas.

En palabras de Alexander Dobrindt, miembro del Bundestag alemán, “los salafistas como Sami A. no tienen nada que hacer en Alemania y deberían ser deportados. Alemania no debería ser un retiro para los yihadistas”.

Soeren Kern es analista de política europea para el Instituto Gatestone en Nueva York.

Fuente: Gatestonte Institute