¿Israelíes o judíos?

Un fuerte debate, más dentro de Israel que fuera de este, ha ocasionado la aprobación por la Knesset de una “Ley Básica: Israel, el Estado Nación de los Judíos”.

Ha causado molestia entre minorías israelíes que incluyen a los árabes y drusos, como también en sectores judíos, lo que ha quedado de manifiesto en la estrecha votación parlamentaria y en diversas manifestaciones públicas. Alrededor del 20% de la población habla árabe en sus casas y la oposición no solo incluye a la izquierda israelí, sino al propio Presidente. También hablan árabe quienes fueron expulsados o abandonaron países árabes, después de la creación del Estado y son refugiados de los cuales se habla poco, a pesar que superan al medio millón, quizás porque se han integrado totalmente.

Se ha llegado a hablar de ciudadanos de primera y segunda clase y de reducción del nivel del idioma árabe, y que podría afectar el carácter democrático del país.

Especialmente debatido ha sido el caso de la minoría drusa, aunque no es la más numerosa, siempre ha participado en el ejército (se habla de “camaradas en sangre”), que ha aceptado al sionismo y que ha tenido destacados puestos en el ejército, la judicatura, en la Knesset, en el periodismo. De hecho, el propio Netanyahu ha negociado con su liderazgo y ha ofrecido leyes e incentivos que reafirmen su reconocimiento.

El gobierno ha dicho oficialmente que “la ley sólo reafirma lo que todos saben y es que el pueblo judío tiene derecho a un hogar nacional. En ningún caso, hace peligrar la democracia en Israel ni los derechos que tienen por igual todos sus ciudadanos”.

La ley reafirma lo que se señala en la Declaración de Independencia que anunció que se estaba fundando un “Estado Judío, el Estado de Israel”, que seguía en este punto a las propias Naciones Unidas que hablaba de crear en el territorio dos Estados, uno judío y otro árabe.

Si reafirma lo que siempre ha existido, entonces ¿por qué esta molestia?. La respuesta se encuentra en los propios orígenes del Estado, ya que en 1948 y hasta el día de hoy, Israel no adoptó una Constitución escrita, sino que siguió con el sistema legal dejado por los ingleses.

De hecho, en documentos de identidad las personas se identifican por su religión, y muchos actos importantes que en otros países son estatales tales como matrimonios y divorcios, quedan en manos de las instituciones religiosas.

Así fue como la Declaración de Independencia no fue formalmente una ley, pero su contenido ha sido aceptado como tal en la práctica diaria y por la Corte Suprema. Sin una constitución, Israel ha funcionado con leyes básicas, como la ahora comentada, que tiene rango constitucional.

Aunque esta ley reduce al idioma árabe de “oficial” a “estatus especial”, esencialmente refleja lo que existe: las minorías viven en democracia, con representación parlamentaria (distinto es por cierto el tema de los territorios ocupados), con derechos garantizados, con libertad, y eso no ha cambiado ni cambiará como consecuencia de esta ley.

Quizás entonces el problema tiene que ver con la oportunidad más que con el fondo, y es innegable que ha provocado divisiones internas. Quizás la oportunidad está relacionada con: (sin que el orden indique nada):

1) La posición de Trump, ya que seguramente otro gobierno de USA hubiera presionado fuertemente para que el proyecto de ley no fuera aprobado.

2) El mundo árabe sunnita no ha protestado en la forma que antes ocurría automáticamente, y países como Egipto y Arabia Saudita tienen hoy una alianza de facto con Israel en relación a Irán.

3) Las relaciones con la Autoridad Palestina están pasando por un mal momento en lo que al proceso de paz se refiere, tanto que Israel a través de países árabes está negociando una tregua más larga de lo habitual con Hamas.

4) Irán se encuentra preocupado porque las sanciones de Estados Unidos llegan en un momento de debilidad interna. Además, en lo que a la presencia iraní en Siria parece haber una concordancia con Rusia en cuanto a limitar su influencia.

5) La oportunidad tiene también que ver con política interna israelí, comenzando por las dificultades legales de Netanyahu y la posibilidad que sea acusado o procesado, lo que lo obligaría a renunciar y a la convocatoria de nuevas elecciones.

En resumen, más allá de esta legislación, lo que espero es que lo que señala la Declaración de Independencia en cuanto a los derechos de todos los ciudadanos sin importar religión, raza o sexo no cambie, al igual que el compromiso con una solución definitiva de dos estados, uno al lado del otro y no uno en vez del otro.