“El sistema procesal penal es público, transparente y bastante eficiente”

Paola Robinovich, jueza de Garantía: Ex alumna del Instituto Hebreo, estudió Derecho en la Universidad de Chile en la época en que se luchaba por la recuperación de la democracia. Una vez recibida, su vocación de servicio público la llevó a ingresar a la carrera judicial.

Si esta noche usted enciende en televisor para ver las noticias, tal vez tenga la oportunidad de ver a Paola Robinovich en estas típicas notas periodísticas que muestran a los imputados con peto amarillo o manos esposadas, compareciendo frente al estrado. O tal vez ya la ha visto en pantalla, en casos tan mediáticos como las acusaciones de estafa contra el ingeniero comercial Rafael Garay, por ejemplo.

Es que esta ex alumna del Instituto Hebreo es jueza en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, donde, desde la etapa de investigación, le corresponde la protección de los derechos constitucionales del imputado, de la víctima y de los testigos, como asimismo fallar en casos que no requieren llegar a un Tribunal Oral en lo Penal.

Paola Robinovich nació en Santiago, tiene 49 años, es separada y madre de tres hijos, de 22, 20 y, 9 años. “Vengo de una familia judía laica y tradicionalista. Estudié en el Instituto Hebreo la enseñanza completa y, posteriormente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde además cursé un Magister en Derecho Penal. Me formé como jueza en la Academia Judicial”.

Durante su infancia y adolescencia tuvo una participación activa en la vida judía, en movimientos juveniles como Tzeirei Ami, donde participaba cada sábado, o en Ramah, donde vivió varios campamentos de verano. “Mis hijos van a Bet-El y frecuentamos el Estadio Israelita y el Mercaz, donde he participado en algunos grupos y cursos en los que se han entablado grandes amistades. Mantengo contacto con mis compañeros de colegio y mi grupo de amigas íntimas de toda la vida son las del Hebreo”.

-¿Por qué escogiste el Derecho como área de estudio y desarrollo profesional?

-Escogí el Derecho como carrera y profesión porque siempre me gustaron las letras y he tenido una marcada inclinación por las áreas humanistas. También me pareció que el derecho es una profesión que permite un desarrollo en diversos campos, ampliando la libertad para elegir en qué trabajar. Por otra parte, siempre tuve una sensibilidad por lo social, una vocación hacia el quehacer público, supongo que heredada de mi papá, que, como médico, dedicó gran parte de su vida a trabajar en hospitales, en la universidad y en sociedades médicas y estudios orientados al mejoramiento de la salud pública; y me pareció que el Derecho podía ser un camino para canalizar esa vocación. Además, la época en que yo salí del colegio e ingresé a la universidad, año 1986-1987, estuvo marcada por movimientos sociales y políticos para recuperar la democracia en este país, lo que determinó en gran medida mi creencia en valores como la justicia, la equidad y la paz social, los que a través del Derecho en cierta medida se pueden realizar. Soy parte de una generación muy idealista, en que a los 20 años creíamos que podíamos cambiar el mundo.

-¿Hay conexiones relevantes entre judaísmo y justicia, tal vez entre Torá y Derecho?

-Sí, hay una conexión importante, porque el judaísmo es una religión que está sentada en normas que regulan los distintos aspectos de la vida, estableciendo lo que es correcto y lo que no lo es. La Torá establece las leyes en forma directa a través de la ley escrita y, en forma interpretativa, a través de la ley oral (Talmud). En estas leyes se regulan temas civiles, de familia, penales, económicos y de otros ámbitos. Antiguamente, los rabinos interpretaban y aplicaban la ley entre los judíos. Así como la justicia de los países ha ido evolucionando para adaptarse a las condiciones sociales de cada época, el judaísmo se ha ido enriqueciendo con el desarrollo de las comunidades a través del mundo, en que se han generado distintas corrientes religiosas que han aportado al patrimonio cultural del pueblo judío.

-¿Cómo o por qué ingresaste al Poder Judicial?

-Ingresé al Poder Judicial por varios motivos. El año 1995, esto es, un año después que obtuviera el título de abogada, se creó la Academia Judicial, que es la escuela de formación y perfeccionamiento para jueces, lo que produjo un cambio en el acceso a la carrera judicial, y me pareció una excelente oportunidad de desarrollo profesional en el contexto de una mirada hacia lo público. El año 2000 cursé el programa de formación para jueces y en 2001 ingresé al Poder Judicial. Desde mis primeras experiencias laborales como abogada, percibí una motivación por la justicia y, me impresionó que el lugar desde el cual yo podía de mejor manera contribuir a la sociedad era el Poder Judicial, intuyendo además que ahí tendría grandes satisfacciones profesionales.

“Con los años, lo que era una intuición se transformó en certeza. Porque el trabajo de jueza me ha permitido desarrollarme profesionalmente y perfeccionarme, participando en diversos cursos de especialización, con una mirada de que los conocimientos están principalmente puestos al servicio de administrar justicia, que es una labor esencial del Estado, lo que ha sido muy satisfactorio”.

-¿El poder Judicial es un área donde las mujeres se pueden desenvolver en igualdad de condiciones?

-Sí, los requisitos para acceder a un cargo judicial son objetivos y las condiciones para desenvolverse en el trabajo son iguales para hombres y mujeres. Sí hay que precisar que el Poder Judicial es un reflejo de la sociedad chilena en cuanto a su composición en los cargos de mayor poder. En los tribunales de primera instancia, un 60,6 % de jueces son mujeres y un 39,4% hombres. En la medida que sube en jerarquía, va disminuyendo la participación femenina. En las Cortes de Apelaciones, el 65% de ministros son hombres y el 35% mujeres. En la Corte Suprema, de un total de 21 ministros, seis son mujeres. También hay que reconocer que en los últimos tiempos ha aumentado el número de nombramientos de ministras mujeres y que el Poder Judicial ha trabajado esta temática a través de la creación de comisiones de género.

-¿Te toca recibir muchas críticas en el contexto de lo que algunos llaman un sistema garantista, y cómo las asumes?

-Sí, frecuentemente escucho críticas, no a mi persona, sino al sistema de justicia penal, que no se visualiza como suficientemente firme para frenar la delincuencia. Lo asumo con normalidad, entiendo que las personas tienen derecho a criticar a las instituciones. La labor pública siempre está sujeta a la evaluación y escrutinio ciudadano. También entiendo que muchas veces esa crítica se debe al desconocimiento de cómo funciona el sistema y el rol de cada uno de sus operadores, como asimismo a la manera en que la información judicial se transmite por los medios, a veces algo sesgada o poco comprensible. Sólo a modo de ejemplo, en este país los tribunales decretan prisión preventiva en más del 90% de imputados por delitos graves; las cárceles están sobrepobladas y las reformas legales que se han introducido al sistema durante los últimos años han significado un aumento considerable de la cantidad de presos. Esos datos no se condicen con la percepción ciudadana sobre el funcionamiento del sistema.

“Lo cierto es que el sistema procesal penal es público, transparente y bastante eficiente, y así como establece de manera clara las facultades del persecutor y acusador (Ministerio Público y, en su caso, el querellante), también resguarda las garantías procesales del imputado y no sólo de este, sino de los ciudadanos en general. Porque lo cierto es que cualquiera de nosotros podría ser objeto de una investigación penal y, en ese evento, pretenderíamos que se respeten nuestras garantías, como fundamento para que un proceso penal y, eventualmente, una condena, sea legítimo. Respecto a las penas que aplicamos los jueces, que también son objeto de crítica, estas están determinadas previamente por la ley, de manera que nuestra labor de aplicar el derecho a los hechos y casos concretos que conocemos está sujeta a la sumisión que debemos a la ley”.

“Ahora, desde una perspectiva más integral, lo cierto es que la temática de la delincuencia y sus formas de enfrentarla no es tarea propiamente de la justicia penal; la delincuencia es un problema social que ha de ser abordado desde las políticas públicas, a través de la prevención policial y la reinserción, entre muchos otros temas, abarcando enfoques educativos, resocializadores y de salud. Esa es labor del Poder Ejecutivo. A los tribunales llega el delito que ya ocurrió, para ser juzgado aplicando la ley vigente; según el mérito de los antecedentes y las pruebas que se rindan, lo que constituye un ámbito de actuación diferente”.

-¿Te has sentido amenazada alguna vez en el ejercicio de tu rol como jueza?

-Nunca me he sentido amenazada.

-¿Qué opinas de la iniciativa que coordinará Gabriel Zaliasnik para una propuesta de reforma al sistema procesal penal?

-Entiendo que el Ministro de Justicia encargó a Gabriel presidir una comisión, que estará integrada además por académicos y abogados especializados en el ámbito de la justicia penal, con el propósito de evaluar, modificar y corregir ciertos aspectos de la ley procesal penal, que se han visualizado como deficitarios. ¿Mi opinión? En principio es favorable, porque el sistema siempre puede perfeccionarse. A partir de la práctica de un período prolongado aparecen aspectos que es necesario revisar y, eventualmente, modificar, para un mejor funcionamiento del proceso penal. Eso, sobre el supuesto que no se alterarán lo principios que lo informan. Para una opinión más detallada, naturalmente tendría que conocer la propuesta.