Mueren ocho uniformados en un atentado del ISIS

El Estado Islámico asumió la autoría del ataque terrorista que dejó en la madrugrada del miércoles ocho uniformados y cinco yihadistas muertos en la provincia egipcia del Sinaí. Fuentes egipcias aclararon que entre los muertos se encuentran seis soldados y dos policías, sin precisar el número de heridos.
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Los milicianos atacaron dos puestos de control cercanos a Al Arish, capital de la región septentrional del Sinaí donde la rama local del ISIS, (Provincia del Sinaí, en árabe), lleva más de cinco años activa. Las imágenes de un edificio seriamente dañado junto a una tanqueta del Ejército medio calcinada han circulado en las redes sociales. Intensos combates tuvieron lugar a la llegada de refuerzos del Ejército y de aviones militares, según apuntaron varios testigos.

La información oficial sobre el ataque es muy escasa e imposible de verificar ya que está prohibida la entrada de periodistas independientes en el Sinaí desde la llegada al poder del régimen de Al Sisi. A menudo, el balance de víctimas de fuentes oficiosas no coincide con el de las fuentes oficiales, que suelen reducir las bajas militares. En las redes sociales, circulan fotografías de un edificio seriamente dañado, con anchos boquetes en sus paredes, que habría sido utilizado como puesto de control. A su lado, yace una tanqueta del Ejército medio calcinada. Según algunos testimonios, se produjo un intenso combate cuando llegaron a la zona refuerzos del Ejército, que incluyeron aviones militares.

La península del Sinaí, un territorio históricamente marginado por el Estado egipcio, se convirtió en un auténtico polvorín después del golpe de estado de 2013 ejecutado por el actual presidente y entonces ministro de Defensa, Abdelfatá al Sisi. Si bien el Sinaí ya era la base de algunos grupos terroristas de tendencia salafista durante la última fase de la era Mubarak, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Morsi y la consiguiente brutal represión de su movimiento, abonó el terreno para la formación de una insurgencia yihadista. De la fusión de varios de estos grupos nació Ansar Bayt al-Maqdis, el más mortífero de los grupos terroristas que operan en Egipto, que en 2014 juró lealtad al ISIS, y pasó a llamarse Wilaya Sina .

Abusos contra civiles

Según Human Rights Watch (HRW), que ha recopilado los datos ofrecidos por las fuentes oficiales, entre enero de 2014 y junio del 2018, el conflicto se ha cobrado la vida de 3.076 supuestos milicianos y de 1.226 miembros de las fuerzas de seguridad. Estos datos aparecen en un completo informe de 134 páginas aparecido la semana pasada en el que se denuncia la probable ejecución de crímenes de guerra tanto por parte del Ejército egipcio como de la filial del ISIS. La ONG denuncia que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo arrestos masivos de civiles, a menudo convertidos en desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales -hay 14 documentadas, pero se teme que la cifra real sea mayor-, además ataques aéreos contra núcleos civiles.
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“En lugar de proteger los residentes del Sinaí en su lucha contra los militantes, las fuerzas de seguridad han mostrado un desprecio completo por las vidas de los residentes, convirtiéndolas en una pesadilla interminable de abusos”, ha declarado Michael Page, vicedirector de HRW para la región. “Este trato horrible a los residentes del Sinaí debería hacer sonar la alarma de países como EE UU y Francia que apoyan los esfuerzos antiterroristas de Egipto”, añade. Aunque atribuye a las fuerzas de seguridad la “mayoría de los abusos” contra civiles, también afirma que la población ha sido víctima de secuestros, torturas y asesinatos por parte del ISIS, que habría ejecutado a sangre fría a varios soldados y policías capturados.

Pocos días después de la aparición del informe, fruto de dos años de investigaciones y entrevistas, el Gobierno egipcio publicó un largo comunicado desacreditando el estudio. “El último informe recoge una multitud de acusaciones falsas y se basó en fuentes que no tienen credibilidad, pues están basadas en entidades en constante enemistad con el Estado egipcio”, reza el texto. Aunque tanto las ONG locales e internacionales, así como los medios de comunicación independientes, han documentado la existencia de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos tras el golpe de Estado de 2013, la política oficial del régimen es negar la existencia de abusos recurrentes.