AMIA: la muerte del fiscal Nisman profundizó la tragedia del atentado terrorista

En cuanto a la AMIA, quedaron las familias fracturadas y las vidas truncas. En cuanto al fiscal federal, con su vida se fue el conocimiento de cierta información, además nadie podría leer hoy todo lo que él había leído para recomponer el mapa y sus vericuetos. La información era, a la altura de su asesinato, inabarcable.

La causa AMIA y la denuncia de Nisman y su muerte son como un avión caído en medio del mar donde la caja negra está perdida. De estos 25 años, desde el terrorífico atentado, los primeros 10 no fueron más que un itinerario de irregularidades.

El fatídico deambular parte el 9 de agosto de 1994, con el pedido de la captura internacional de funcionarios iraníes considerados responsables del ataque por el juez Juan José Galeano. Ya por ese entonces se había determinado que el atentado se cometió con un coche bomba, que Carlos Telleldín, el reducidor de autos, sabía más de lo que decía sobre esa Trafic, pero se dictó su procesamiento por otros delitos.

El 31 de julio de 1996, el juez Galeano procesó a 4 policías bonaerenses (Ribelli, Leal, Ibarra y Barreiro) como partícipes necesarios del atentado, y en noviembre de 1998 también dictó el procesamiento de Telleldín. Una resolución de febrero de 2000, firmada por Galeano, cerró parcialmente la instrucción, elevó a juicio a los cinco procesados y detalló las dificultades de la investigación.

Tres años más tarde, el juez pidió la captura de varios funcionarios iraníes, y acusó a ese país y a “un sector” del Hezbollah por el atentado. Interpol dio a esos pedidos de captura el status de notificaciones rojas.

El nombramiento de Nisman

En septiembre de 2004, El Tribunal Oral Federal N° 3 absolvió a todos los acusados, declaró la nulidad de toda la causa y planteó denuncias contra los investigadores. Este primer juicio oral que fue del 2001 al 2004 reveló el encubrimiento de la justicia argentina y de los servicios de inteligencia, pero absolvió a todos los acusados.

El 13 de septiembre de 2004, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, quien demostró sobradamente su preocupación y compromiso con la causa, se constituyó la Unidad Fiscal AMIA y se designó a Alberto Nisman, Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de CABA y a Marcelo Martínez Burgos, Fiscal Nacional en lo Correccional.

La función de esta fiscalía -explicitada en la Res. M.P. N° 84/04- no solo refería al esclarecimiento del atentado, sino también “a verificar hipótesis de encubrimiento u obstaculización de la acción de la Justicia a partir de tal atentado”.

Es probable que el fiscal Nisman se haya amparado en esa resolución, a la hora de investigar en 2015 a la expresidenta Cristina Kirchner, al excanciller Héctor Timerman y a otros funcionarios, amigos y militantes vinculados a la administración justicialista. Fue esa unidad fiscal la que le dio la potestad a Nisman para intervenir en todas las “causas que guarden relación con el atentado” y así lo hizo por una década.

El decano Claudio Grossman, observador internacional de la comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, realizó un informe del juicio de la AMIA -presentado en 2005- que desveló las conductas ilegítimas de la investigación “van desde posibles irregularidades producto de simple incompetencia e incluso posibles actos criminales de encubrimiento”. El pedido de este informe fue realizado por los familiares de las víctimas agrupados en Memoria Activa.

A su turno, en 800 páginas, el fiscal Nisman y el fiscal Martínez Burgos, emitieron un dictamen en octubre de 2006 bajo la delegación del juez Canicoba Corral, en la que atribuyeron la responsabilidad del atentando a funcionarios iraníes y a Hezbollah, agrupación terrorista libanesa pro-iraní.

En octubre de 2006, el fiscal Nisman sacó el dictamen contra 8 exfuncionarios iraníes. En noviembre de ese mismo año, el juez Rodolfo Canicoba Corral emitió el dictamen y realizó los pedidos de captura nacional e internacional. A partir de ello, se comienza a tramitar para que Interpol le otorgue el rango de “Notificación roja”. Es así que en el 2007 el fiscal Nisman fue a Lyon a exponer ante el Comité jurídico de Interpol sobre las alertas rojas.

En este contexto, y por decisión de Canicoba Corral, también se declaró al atentado como un crimen de Lesa Humanidad.

La conexión iraní

El fiscal Nisman siempre reclamó, por vía judicial, la cooperación de Irán con la investigación del atentado. Esa cooperación implicaba dos cosas: que se respondieran los múltiples exhortos en los que se requerían datos a Irán (nombres, teléfonos, información, direcciones) y la entrega de los acusados a la justicia argentina.

A principios de 2008, es decir, inmediatamente después de que la Asamblea General de INTERPOL decidiera emitir las “alertas rojas”, Irán hizo un ofrecimiento que nunca antes había hecho: propuso constituir un comité jurídico mixto que pudiera resolver las diferencias entre ambos países en torno a la causa, mediante la elaboración de una hoja de ruta o de un memorándum de entendimiento.

Ante aquella propuesta de 2008, el fiscal Nisman contestó lo que siempre contestaba y lo único que un magistrado del Ministerio Público Fiscal puede responder “…que toda medida que implique una cooperación que tenga por objeto materializar y dar respuesta eficaz a los requerimientos formulados por la justicia argentina, esta Unidad Fiscal los recibe con beneplácito y la encuentra altamente constructiva…”.

El 29 de mayo de 2009, la Corte Suprema dejó sin efecto la nulidad total de la causa decretada en 2004 por el Tribunal Oral Federal N° 3, y reabrió la causa contra Carlos Telleldín. En ese mismo mes, a pedido del fiscal Nisman, el juez dictó el pedido de captura internacional de Samuel Salman El Reda, libanés. acusado de ser el coordinador local del ataque. En el 2016 se supo que esa identidad era falsa y su verdadero nombre era Salman Raouf Salman. Hasta el día de hoy el pedido de captura tiene notificación roja de Interpol.

En enero del 2011, el excanciller Héctor Timerman se reunió en secreto con el canciller iraní Salehi, con el embajador iraní en Damasco y con el presidente sirio Bacher Al Assad en Alepo para negociar el pacto por la AMIA. En marzo de ese mismo año el periodista “Pepe” Eliaschev anunciaba que la Argentina estaba negociando con Irán dejar de lado la investigación de los atentados. Nunca le creyeron.

El 27 de enero de 2013, el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, la Argentina firmó un memorándum de Entendimiento con Irán por la causa AMIA. Fue un golpe artero: el fiscal Nisman y los familiares de las víctimas se enteraron por los medios de comunicación.

La AMIA y la DAIA presentaron una acción de amparo, y la Cámara Federal, el 14 de mayo de 2014, declaró la constitucionalidad del memorándum. El gobierno apeló el fallo ante la Cámara de Casación. Cristina Fernández creía que no había violado ninguna norma legal.

El fiscal Nisman explicó en reiteradas oportunidades que la inconstitucionalidad del memorándum partía del incumplimiento del artículo 1° de la Constitución, en el que se define la forma de gobierno como republicana, democrática y federal.

Para garantizar la república es indispensable la división de poderes. El memorándum con Irán plasmaba la interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Asimismo, Nisman expresó que el artículo 109 de la Constitución establece que “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.”.

Con el memorándum como instrumento, el Poder Ejecutivo le sacaba la causa al Poder Judicial para dárselo a una Comisión, denominada “de la verdad”, que se erigía en juez de jueces sin ningún tipo de control y donde no había espacio para la indagatoria.

Esa comisión binacional tenía la potestad de interrogar a acusados y jueces, y emitir un informe. Esta no era una comisión asesora como la del doctor Grossman, ni tampoco podía compararse con la CONADEP, ya que esta comisión respondió a un momento traumático en el que, según palabras del fiscal Nisman “se da cuando los que tienen que ser juzgados tienen todavía poder, y los que tienen que juzgar todavía no tienen el poder suficiente para aplicar el imperio de la ley”.

El 14 de enero de 2015, el fiscal Nisman presentó una denuncia por encubrimiento contra Cristina, Timerman y otros presuntos implicados, y 4 días después, apareció muerto en su departamento. Un tiro en la cabeza terminó con sus sueños y su ambición de justicia.

Su denuncia está abierta. Como el expediente de la AMIA. Todavía no hay condenados por ambos crímenes. Y aún no se sabe cuando lo habrá.

Fuente: Infobae