“Las acciones de un organismo de inteligencia son responsabilidad de quien lo conduce”

El exsecretario de inteligencia de la Argentina Miguel Ángel Toma, dialogó con Radio Jai acerca del manejo de archivos secretos, fondos reservados y responsabilidades respecto de la ex SIDE, hoy AFI.

Consultado acerca de la desclasificación de información reservada, Toma explicó que “los archivos secretos de inteligencia se manejan en virtud de lo que, en el caso de la Argentina, la ley 25.520 señala. El material de inteligencia es reservado hasta que la máxima conducción del país, o sea el presidente de la nación, delegando la tarea en el interventora de la AFI, decida desclasificar lo que considera que su publicidad ya no tiene ningún efecto negativo a los efectos de una investigación que se esté haciendo, como podría ser el atentado a la AMIA, o bien que esa información no afecte la seguridad interior o la defensa nacional”.

“Existe una ley de secreto de estado que está pendiente en Argentina que si existe en otros países, y que coloca criterios de 10, 20 o 30 años para desclasificar la información en virtud de la seguridad, la defensa, o los intereses estratégicos de la nación. Pero aún en las legislaciones de los países más avanzados en materia de seguridad, es la máxima autoridad la que determina si cumplidos los plazos, hacer pública la información reservada no afecta intereses estratégicos del país. En ese caso puede prorrogar la preservación de ese secreto” detalló el ex secretario de inteligencia durante el gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003).

Ante la consulta sobre los motivos por los cuáles aún persisten documentos no publicados en referencia al caso AMIA, dijo Toma: “he pedido públicamente que se desclasifique el Informe AMIA del 2002, que es donde está establecido con elementos probatorios la responsabilidad de Irán y Hezbollah en el atentado. Difundir ese material no solo no afectaría ni esa investigación ni otras conexas como el asesinato del fiscal Nisman, sino que echaría luz sobre las características, los responsables, el modus operandi, y como se diseñó y ejecutó ese atentado. Lamentablemente no he tenido suerte en ese pedido, y ese documento en el que se basa Alberto Nisman para las investigaciones posteriores, sigue estando en secreto”.

¿Y pueden esos documentos contener información acerca de que pretendía encubrir el memorandum con Irán?. “El atentado a la AMIA reconoce una causa eficiente, que es la suspensión de la transferencia de tecnología nuclear de la Argentina a Irán en el año 1991. Había un acuerdo que le permitía a Irán ir alcanzando sucesivos grados de desarrollo que finalmente iban a  terminar en la capacidad de crear la bomba atómica. La suspensión por parte de Argentina de la transferencia significó para el Estado Islámico una demora de más de 15 años en la posibilidad de aplicar militarmente esa tecnología”.

“Los dos atentados, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA fueron actos de represalia. Al no ceder el país a la presión del primer atentado, se produce el segundo. Ésto está muy claro y perfectamente establecido en ese informe AMIA que ningún gobierno se ha animado a hacerlo público”, aseguró.

Miguel Ángel Toma fue diputado por tres períodos, entre los años 1985 y 1997. En el año 1999 fue nuevamente electo para ocupar una banca en el Congreso.

Uno de los aspectos controversiales de los organismos de inteligencia es y ha sido el manejo de los fondos. En relación a la utilización de dineros reservados, Toma indicó que “su uso está normado en la ley 25.520 que se votó prácticamente por unanimidad en el Congreso de la Nación, y ese aspecto no fue modificado por la ley 27.216 que fue enviada al congreso por el kirchnerismo en 2015 y votada solo por la bancada oficialista. La rendición de esos fondos se realiza mensualmente remitiendo a la tesorería el gasto que se ha hecho en forma reservada, al mismo tiempo que se informa a la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia en que se usó ese dinero”.

“Del 100 porciento del presupuesto de la SIDE en su momento, y hoy de la AFI, cerca del 75 porciento se van en gastos de personal, gastos fijos y operativos, y no hay ninguna razón para que sean gastos reservados. Solo el 25 porciento  deberían figurar como reservados ya que se utilizan para operaciones, informando a la bicameral que sí tiene acceso a la información de para que programa o  tipo de acción fue usada basada en el plan nacional de inteligencia”, indicó.

¿Y fueron esos fondos los utilizados para pagarle a Telledín?. “Hasta la ley 25.520 del año 2001, todo el funcionamiento de la estructura de inteligencia  se manejaba con una sumatoria de decretos, decretos ley, bandos de las dictaduras militares , en una confusión muy grande a la que vinimos a ponerle límite al votar la ley mencionada. La verdad es que hasta ese momento no había ninguna norma jurídica que regulara la utilización de fondos. Era un aquelarre sin organicidad, orden ni criterios”.

La utilización de eso servicios para aprietes a políticos, jueces  o periodistas es uno de los puntos que la actual conducción del país dice querer erradicar. “Quiero dejar una cosa bien clara. El problema no es de los servicios de inteligencia que operan y condicionan la justicia. Es una costumbre manipulada lamentablemente por muchos sectores políticos, que descargan en la estructura permanente de los servicios de inteligencia, que es indelegable de la conducción política de los mismos”argumentó el exsecretario de seguridad interior entre los años 1998 y 1999.

Toma fue claro en su definición de quienes son los responsables en los manejos turbios de la SIDE o AFI. “A mi que no me vengan a decir que los servicios operan contra la justicia … Los que operan son los que conducen los servicios de inteligencia, los que definen arbitrariamente en muchos casos los destinos de los fondos reservados, y que pueden llegar a utilizar como mecanismo de transmisión de algún tipo de directiva, apriete o como quiera llamarlo, a los oficiales de inteligencia.Acá hay una responsabilidad indelegable por parte de la conducción política, y decir lo contrario es querer echarle la culpa a otros para no señalar donde está la verdadera responsabilidad, que es de naturaleza estrictamente política”.

¿O sea que no hay agentes que realizan acciones sin que la conducción política los avale?. “No solo los avale, les indique, les dé instrucciones. Son estructuras verticales que no hacen nada sin el aval de algún nivel de conducción, que puede ser de la AFI o de algún otro sector del gobierno. No nos olvidemos que en la Argentina a partir del 2010 se construyó una inteligencia paralela prohijada desde el poder ejecutivo, y que para mí tiene una enorme responsabilidad en el asesinato del Fiscal Alberto Nisman”.

“Hay que terminar con la mentira de que son los servicios de inteligencia los que operan. El servicio de inteligencia es un instrumento al servicio de quien lo conduce, y de una vez por todas los políticos en Argentina nos tenemos que poner los pantalones largos y asumir las responsabilidades que se tienen”, expresó categóricamente.

“Si hay una estructura de inteligencia que está cometiendo un acto fuera de la ley, el que tiene que pagar las consecuencias es el que las ordenó, o el que por no controló. Hay que dejarse de joder con ésto de una vez por todas”, sentenció Toma.

Reproducción permitida por Radio Jai citando la fuente.