Causa AMIA: “Se está atentando contra la seguridad del Estado”

Mediante un decreto presidencial, el gobierno argentino ordenó la “desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y delitos conexos, existente en todas las dependencias de la Administración Pública Nacional”.

Miguel Angel Toma, ex titular de la SIDE, el organismo de inteligencia argentino, profundizó en Radio Jai el significado de esta decisión.

Mas allá del decreto del gobierno, Toma considera que no es del todo claro lo que va a desclasificarse, ya que aparentemente sería solamente aquello que diversas personas o agentes han declarado en los juicios que ha tocado directa o colateralmente al atentado a la AMIA.

“Pareciera que están vedadas todas las declaraciones y los elementos que pueda haber aportado la Secretaria de Inteligencia, respecto del encubrimiento 2, que es precisamente la denuncia de Nisman que le causó la muerte”, expresó el ex titular de la SIDE.

El ex señor 5, amplió y dijo que si no se desclasifica eso y además el informe sobre el atentado del año 2002, y todo lo que a partir de esa documentación avanzó el fiscal Nisman, no solo respecto de la investigación del atentado como tal, sino también de una serie de cuestiones que fueron surgiendo colateralmente a esa investigación, como el caso de la penetración de Irán en América Latina, estaríamos nuevamente parcializando la historia, mostrando solo una parte y lo fundamental quedaría de nuevo oculto.

“Cualquier desclasificación siempre tiene marcas o tachas en color negro, que es aquello que básicamente debe preservarse en reserva, como por ejemplo nombre de fuentes, porque de lo contrario implicarían, en muchos casos, una sentencia de muerte. De manera que no solamente es necesario desclasificar, sino también, es necesario que esa desclasificación sea lo más amplia posible, y con la menor cantidad de tachaduras, en la que solo se preserven determinadas identidades de personas que todavía estén vivas”.

Toma se formula algunas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde está el material completo que alguna vez se encontró?. “Claro que se puede hacer desaparecer material. Concretamente cuando interviene la AFI en el año 2015, y asume la conducción de la Secretaria de Inteligencia Oscar Parrilli, hay testimonios concretos de personal de la Secretaría que indican que llegaron al lugar donde se guardaba toda la documentación de la actividad antiterrorista y que todo ese material fue sacado y que no se sabe a dónde fue a parar”.

El exmiembro del Servicio de Inteligencia considera que la política es quien tiene la gran responsabilidad. Toda estructura vertical, si no recibe una orden del poder político, que es quien conduce esa estructura, difícilmente cometa un acto irregular, y si lo comete, algún oficial o parte de la estructura,  la responsabilidad  política también será de quien conduce,  porque lo permitió o bien no fue capaz de evitarlo y de sancionar a los responsables.

“Acá hubo un fenómeno muy importante. A partir del año 2010, cuando comienzan los primeros acercamientos que culminan en el Memorándum de Entendimiento con Irán, se le plantea desde el gobierno de la época, tanto a la estructura de inteligencia como al fiscal Nisman, que dejen de investigar a Irán y que se centren en una supuesta e inexistente, pero en aquel momento bastante manipulada, pista siria. Nisman continúa lógicamente investigando lo que era realidad y no una ficción, y esto constituía una piedra  muy grande en el zapato, para esa negociación en el plan internacional. Lo mismo ocurre con Stiuso, que había sido designado formalmente por el propio Néstor Kirchner como el oficial de inteligencia que debía apoyar la investigación de esta nueva fiscalía y de Alberto Nisman. En ninguno de los casos eso se verifica, y se continúa investigando lo que las pruebas demostraban que debía seguir investigándose. A partir de eso se genera la desfinanciación progresiva de la Secretaria de Inteligencia y la financiación creciente, entre  2010 y  2014 vía presupuestaria, de los fondos derivados a la inteligencia militar, que en ese período aumenta casi en un 160 por ciento en un país que no tiene hipótesis de conflicto”, expresó Toma.

Continúa explicando que lo que ocurrió es que se fue creando un espionaje interno, como mecanismo de control y represión social de manera paralela, ilegal, en cabeza militar, como en las peores del terrorismo de estado. Todo esto quedó de manifiesto cuando el juez Bonadío allana la residencia particular de la actual Vicepresidente en el Calafate, y encuentra un material, que hoy investiga el fiscal Taiano y el juez Martínez De Giorgi, de diversas carpetas con investigaciones ilegales de distintas personas.

“En mi caso aparece una carpeta donde están las transcripciones que corresponden a casi un año de mis conversaciones telefónicas. Ella lo hizo sin ningún tipo de orden judicial y donde además, con cada uno de mis interlocutores aparecía todo un análisis de las características de esa persona, lo cual constituye un acto de espionaje ilegal, absolutamente reprochable y que demuestra claramente que había toda una estructura paralela priorizada desde el máximo nivel del Poder Ejecutivo que estaba ejecutando mediante esa estructura de espionaje paralelo este mecanismo de control y de represión social”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.

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