Arabia Saudita elimina el castigo por flagelación de su sistema judicial

Arabia Saudita eliminó la pena de flagelación, según anunció este sábado la comisión estatal de derechos humanos, en una nueva muestra de los “avances en materia de derechos humanos” que llevan a cabo el rey y su hijo en este estado conservador.

La flagelación, una tortura ancestral que ha sido abolida de la mayoría de las legislaciones del mundo, era objeto de reiteradas críticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La comisión estatal de derechos humanos señaló que la última reforma, de la que se hizo eco la prensa saudí, garantiza que ningún acusado será sometido a latigazos nuevamente.

“Esta decisión garantiza que los convictos que hayan sido condenados a latigazos a partir de ahora serán multados o condenados en su lugar a penas de cárcel”, explicó el presidente de la comisión, al Awad.

Hasta ahora, esta condena, que podía elevarse a centenas de latigazos, se imponía en caso de homicidio, ofensa al “orden público” o incluso en caso de relaciones extraconyugales.

A partir de ahora, los magistrados tendrán que optar entre la cárcel o las multas y otras penas alternativas como trabajos comunitarios, para “cumplir las normas internacionales de derechos humanos que prohíben los castigos corporales”.

En los últimos años, el caso más emblemático fue el del bloguero Raif Badawi que fue condenado en 2014 a a 1.000 latigazos y a 10 años de cárcel por “insultar” al islam.

En 2015, recibió el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que otorga el Parlamento Europeo y que instó a su liberación “inmediata”.

El anuncio de la abolición la flagelación se produce en medio de las críticas de las ONG contra el reino, tras la reciente muerte en la cárcel, por un accidente cardiovascular, del defensor de derechos humanos Abdalá al Hamid, de 69 años.

Hamid, miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Políticos y Civiles (ACPRA, por sus siglas en inglés), fue condenado a 11 años de cárcel en marzo del 2013 por “deslealtad” al rey saudí, “incitación al desorden” y por desestabilizar la seguridad del Estado, según Amnistía Internacional.

Las denuncias por violaciones de los derechos humanos de Arabia Saudí han crecido desde que el rey Salmán nombró a su hijo Mohamed bin Salmán heredero del trono en junio de 2017.

El rey ha lanzado ambiciosas reformas en el terreno económico y social, que permiten a las mujeres conducir un vehículo así como la celebración de eventos deportivos o de entretenimiento en este opulento reino petrolero, el defensor del islam más conservador.

Sin embargo, el brutal homicidio del periodista Jamal Khashoggi, en el consulado saudí de Estambul, en Turquía, en octubre de 2018, y la creciente represión de los disidentes políticos en el país empañan las reformas económicas y sociales emprendidas por el heredero en este país del Golfo.

Las autoridades saudíes condenaron a 184 personas a muerte el año pasado, según datos de Amnistía Internacional.

“El creciente recurso a la pena de muerte en Arabia Saudita, incluso como arma contra los disidentes políticos, es alarmante”, expresó el grupo defensor de los derechos humanos.

La apuesta realizada por un consorcio saudí en el que participa el príncipe Mohamed para comprar el club de fútbol de la liga inglesa Newcastle United también ha suscitado el interés internacional sobre la situación de los derechos humanos en el reino del desierto.

La Premier League debe decidir si los nuevos propietarios cumplen los requisitos de los vendedores. Amnistía Internacional advirtió que, al menos que la liga justifique fehacientemente su decisión de dar luz verde a la comprar del equipo, esta amenaza con empañar su reputación.

Los críticos acusan a Arabia Saudita de “lavado deportivo”, pues, según ellos, utilizan el deporte para distraer la atención de la situación de los derechos humanos en el riquísimo reino.

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