Estados Unidos impone nuevas sanciones al petróleo venezolano

Los reguladores de las sanciones de EE.UU. están aumentando la presión sobre el comercio con Venezuela, a medida que las tensiones internacionales se intensifican por los intentos de este país sudamericano de enviar petróleo hacia y desde Irán y Cuba.

Cuatro petroleros y sus empresas propietarias registradas fueron añadidas la semana pasada a la lista de entidades sancionadas que mantiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una poderosa autoridad que se encuentra en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Los cuatro buques habían “continuado levantando cargas de petróleo de los puertos venezolanos”, dice la OFAC, en un caso tan reciente como abril de este año. Esto a pesar de las sanciones económicas de EE.UU. establecidas en 2017 después de que las autoridades venezolanas reprimieran brutalmente las protestas contra el gobierno del dictador Nicolás Maduro.

“Estados Unidos reitera que la explotación de los activos petroleros de Venezuela en beneficio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es inaceptable, y aquellos que facilitan dicha actividad corren el riesgo de perder el acceso al sistema financiero estadounidense”, advierte la autoridad.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, añade que el régimen de Maduro “ha conseguido la ayuda de las compañías marítimas y sus buques para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela en beneficio del régimen”.

La decisión sigue de cerca una histórica asesoría de la OFAC que se centra en los riesgos de las sanciones asociadas al comercio marítimo. La tan esperada orientación, publicada a mediados de mayo, está dirigida a instituciones financieras, compañías navieras, aseguradoras y otras empresas que puedan estar expuestas a actividades ilícitas en el mar.

En este caso, los cuatro buques sancionados son el Athens Voyager, el Chios I, el Seahero y el Voyager I, registrados bajo los pabellones de Panamá, Malta, las Bahamas y las Islas Marshall, respectivamente.

La información sobre el seguimiento de buques del tráfico marítimo muestra que, al cierre de la edición, el Athens Voyager permanece en el mar cerca de los Emiratos Árabes Unidos. Chios I y Voyager I se encuentran en puertos de Italia y Malasia respectivamente, mientras que Seahero no ha comunicado su ubicación desde el 31 de mayo.

El sector petrolero de Venezuela ha sido objeto de un creciente escrutinio por parte de la OFAC desde principios de 2019, cuando la empresa estatal de combustibles Petróleos de Venezuela (PdVSA) fue añadida a su lista de sanciones.

El regulador tomó la decisión de “intensificar la presión” sobre el dictador Maduro, y siguió las acusaciones de que los funcionarios venezolanos habían utilizado la empresa como un mecanismo para lavar el producto de la corrupción y el soborno.

Desde entonces, varios funcionarios del gobierno, buques e instituciones financieras también han sido añadidos a la lista de la OFAC, generalmente en respuesta a las exportaciones de petróleo crudo a Cuba, que también están sujetas a las restricciones de EE.UU.

Funcionarios estadounidenses dijeron que las entidades cubanas y venezolanas estaban “cambiando los nombres de los buques y facilitando el movimiento del petróleo” en violación de sus restricciones.

Sin embargo, las tensiones se han intensificado en el año 2020 a medida que la dependencia de Venezuela del comercio internacional de petróleo aumentó.

En enero, PdVSA cerró las dos únicas refinerías en funcionamiento que quedaban en el país, según se informa, debido a múltiples fallas y a la escasez de crudo. Eso significó que Venezuela – históricamente dependiente de sus vastas reservas de crudo – se hizo dependiente de la importación de petróleo refinado de otros lugares.

Su estatus de país sancionado significaba que sus opciones eran limitadas, pero Irán, que ha estado sujeto a las restricciones de los Estados Unidos, dio un paso adelante.

En mayo, se supo que cinco petroleros emprendían el largo viaje de Irán a Venezuela, a través del Canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar y el Océano Atlántico, llevando dos tipos de petróleo refinado.

Tres de los buques – Fortune, Faxon y Forest – ya estaban sujetos a sanciones de los Estados Unidos. Junto con los dos restantes, Petunia y Clavel, los cinco petroleros estaban registrados bajo la bandera iraní.

Su viaje causó protestas en los Estados Unidos, pero a pesar de su fuerte presencia militar en el Caribe no se tomó ninguna medida. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió que “si los estadounidenses crean problemas a nuestros petroleros en las aguas caribeñas o en cualquier parte del mundo, nosotros les crearemos problemas recíprocamente”.

El seguimiento del tráfico marítimo muestra que los cinco buques fueron finalmente escoltados a los puertos de El Palito, Punta Cardón y Puerto La Cruz con la ayuda de la marina venezolana, y Maduro describió a Irán – junto con Cuba, Rusia y China – como los “verdaderos amigos” de Venezuela.

En las semanas posteriores, la OFAC también ha ampliado significativamente sus sanciones contra los buques que facilitan el comercio de petróleo con Irán.

121 buques, incluyendo petroleros, buques de abastecimiento de combustible y buques portacontenedores, fueron añadidos esta semana a su lista debido a sus vínculos con el Grupo IRISL, una compañía naviera iraní.

En el caso de Venezuela, sin embargo, hay un aspecto inusual en la respuesta del gobierno estadounidense. El 6 de junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) anunció que se estaba ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por la información que condujera al arresto de Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho.

Ramírez Camacho actualmente se desempeña como “superintendente de criptografía” de Venezuela, según el ICE, entendido como una referencia al uso que el régimen de Maduro hace del petro – un token digital diseñado para facilitar el comercio de petróleo fuera del sistema financiero formal.

El petro fue rápidamente denunciado por los funcionarios de EE.UU. en su lanzamiento en 2018, que llevó al presidente Donald Trump a firmar una orden ejecutiva que prohibía a las entidades de EE.UU. realizar cualquier tipo de transacción con la cripto moneda.

Parecía estar encontrando dificultades a principios de mayo, que llevaron al gobierno de Venezuela a comunicar que no sería posible realizar transacciones durante varios días debido al “mantenimiento”, pero fue relanzado a finales de mes desde un nuevo llamado “bloque de génesis” – normalmente asociado con tokens recién lanzados.

El gobierno anunció posteriormente que los consumidores podrían pagar el combustible directamente con el petro, aunque todavía hay incertidumbres sobre la forma en que la ficha se conecta con la red de pagos existente en el banco central del país, Biopago.