El sacrificio de una noble bandera

El Gobierno argentina relativizó las violaciones a los derechos humanos registradas en Venezuela y respaldó al régimen de Nicolás Maduro

La crisis multifacética que la Argentina padece desde hace años se debe mucho a la falta de políticas de Estado, que nos convierte en un país poco confiable y volátil y con posiciones sujetas al capricho o intereses de la Administración de turno. En ese marco, una de las pocas políticas de Estado que manteníamos (con orgullo) desde la vuelta de la democracia era la promoción de los derechos humanos en el ámbito exterior.

Tras la tragedia de la última dictadura cívico-militar, Raúl Alfonsín ató indisolublemente nuestra incipiente democracia a los derechos humanos mediante dos hitos: la ratificación de los principales tratados internacionales y el célebre Juicio a las Juntas.

Desde entonces, más allá de ciertos matices, ningún gobierno había contrariado este pilar. Por el contrario, nuestro país otorgó jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos en la reforma de 1994 y se convirtió en uno de los principales referentes globales en esta área. Hasta este martes.

¿Qué ocurrió? El Alto Comisionado de la ONU es uno de los organismos más relevantes y prestigiosos en la promoción de los derechos humanos. Por ello, sus contundentes conclusiones sobre violaciones en Venezuela merecían la mayor preocupación: en su informe fueron denunciados delitos sistemáticos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y torturas y adjudicó la responsabilidad directamente al presidente Nicolás Maduro y sus ministros.

¿Qué demandaba nuestra tradición y rol como promotor de derechos humanos? Al menos, exigir respuestas enérgicamente al régimen venezolano y requerir el avance de las investigaciones.

La respuesta fue diametralmente opuesta: nuestro embajador ante la OEA relativizó el informe alegando una “apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos” y defendió al gobierno de Maduro por presuntas “maniobras de intervención”.

Este desprestigio a los organismos internacionales y la adjudicación de la denuncia a oscuros intereses a los que apeló el embajador Raimundi son similares a la clásica estrategia de todo aquel gobierno que busca eludir la normativa de derechos humanos. ¿Por qué hizo algo así? La respuesta esté quizás en una de sus frases: “No son los derechos humanos para mi país un instrumento para tomar una posición ideológica”.

En su accionar ante la OEA hizo precisamente lo contrario: dañó irreparablemente la política de Estado e imagen internacional argentina como promotor internacional de los derechos humanos por la misma razón ideológica que llevó al gobierno de Cristina Fernández a suscribir el Memorándum con Irán por la causa AMIA: realinearnos geopolíticamente contra el “imperialismo”. Así, incluso cuando las pruebas de las violaciones sistemáticas del régimen venezolano están sobre la mesa, la defensa que ensaya el Gobierno argentino no es más que un síntoma de que, en aras de satisfacer ciertos sesgos y obsesiones, están dispuestos a sacrificar una de nuestras más nobles banderas.

El autor es abogado, Agustín Ulanovsky, magíster en Relaciones Internacionales y maestrando en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Autor de “Los Kirchner y la Causa AMIA”