“El velatorio de Maradona nunca se debió hacer en la Casa de Gobierno”

El Presidente argentino, Alberto Fernandez, fue denunciado penalmente por Yamil Santoro y Antonio Fratamico, de la coalición Republicanos Unidos, la fuerza política que lideran, a nivel nacional, Darío Lopérfido y Ricardo López Murphy, responsabilizándolo por los episodios que se sucedieron durante el velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada. Dialogamos con el primero de ellos acerca de la denuncia.

“Hemos efectuado dos denuncias penales, junto a dos dirigentes del espacio Republicanos Unidos, una por el incumplimiento de las propias normas sanitarias establecidas por el mismo gobierno nacional en momentos en que la actual situación sanitaria que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires ha obligado a las autoridades nacionales a establecer el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) y además, por violación al principio de igualdad constitucional, puesto que cientos de miles de argentinos hemos perdido seres queridos a lo largo de estos meses, personas internadas a quienes no pudimos acompañar, y que de repente se genere un criterio distinto al que se venía estableciendo de protocolos sanitarios”, expresó Santoro.

El dirigente recordó aquellas personas que hasta perdieron la vida por intentar conocer a sus hijos, situaciones terribles durante esta pandemia, y que de golpe se aplique un doble estándar de esta naturaleza, les pareció una falta de respeto, un abuso que denota un acto de soberbia institucional inaceptable.

Santoro adhiere a la opinión de que “nunca se debió hacer en la Casa de Gobierno”, pero afirma que en el momento en que el gobierno “toma la posta” de organizar un velatorio privado, (porque no deja de ser una muerte en una familia), asume la responsabilidad de todo lo que hizo, tanto en el hecho de violar la normativa como del abuso de autoridad. En este sentido la Justicia tendrá que definir si están acreditados o no, potencialmente los delitos.

“Están a la luz del día”, afirma Santoro y agrega que juzgar al poder es algo difícil para los funcionarios judiciales, por ende no debería sorprender que “aun con el arma sobre la mesa, prefieran mirar para otro lado”. De lo que sí está convencido es que, por su parte, como ciudadanos, entienden que deben hacer lo que corresponde; una forma, si se quiere de marcar un límite al poder, que no se puede hacer cualquier cosa, que no vale todo, y que más allá de la admiración que cada uno pueda tener (en este caso) por Maradona, no justificaba de ninguna manera hacer lo que se hizo.

Acerca del contexto de protocolos de prevención por la pandemia impuestos por el gobierno, que hasta llegó a criminalizarse a quién asistió a una boda, o realizó una fiesta privada, o se responsabilizó a los runners de querer expandir el virus y que de repente se realice un evento masivo sin ninguna restricción, Santoro afirmó: “Se han vaciado de legitimidad hacia adelante”, y opinó que buena parte de la ciudadanía debería abrir los ojos a partir de estos acontecimientos. Explicó que si en una situación en la que no estamos libres de casos, en la que no hay una vacuna vigente, nuestros hijos no están yendo a clase, no está abriendo el Congreso, y sin embargo “nos podemos dar el lujo de meter, como pretendían un millón de personas en las inmediaciones de la Casa Rosada”, evidentemente “o le pifiaron con toda la regulación de la pandemia o le pifiaron con esto”.

Sobre la posible responsabilidad de la Policía de la Ciudad por los desmanes producidos, señaló el abogado que en este caso, no ha sido el problema de esta fuerza, como lo ha tratado de instalar el gobierno nacional, sino un tema, primeramente, de coordinación del evento, teniendo en cuenta que procesar una asistencia de un millón de personas no es una tarea simple para ningún gobierno, y ponerse a analizar a dedo aquello para lo que uno no está listo, preparado o no tiene los recursos, habla de la falta de previsión y de la incapacidad.

El diputado Patiño presentará un pedido de juicio político en contra de Sabina Frederic, porque además su incapacidad técnica que ha quedado demostrada en varios casos, manifestó que la responsabilidad era del Gobierno de la Ciudad cuando consta en las grabaciones propias de la Policía de la Ciudad que la orden de cortar la fila había venido del gobierno nacional.

Por CL/RJ
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