¿Aceptamos que América Latina sea un coto privado de caza para el terrorismo?

Una nota del New York Times de esta semana, se refiere a las llamadas “elecciones en Venezuela”. Señala que este domingo habrá en Venezuela un espectáculo paradójico. Los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, para elegir una nueva Asamblea Nacional, solo son un espejismo democrático para aniquilar el último resquicio de democracia que queda en el país.
Nicolás Maduro, un presidente ilegítimo, autoelegido por medio de elecciones no reconocidas por gran parte de la comunidad internacional y autoproclamado en un proceso inconstitucional, desarrolla y ejecuta un plan para tomar la Asamblea Nacional, organizando un nuevo fraude electoral. Fraude lo considera la mayoría de los Estados miembros de la OEA; fraude lo considera la Unión Europea.Pero, fraude no lo consideran los que sostienen una dictadura que además ha convertido a la región en un coto de caza privado para que el terrorismo se asiente, tenga tiempo y terreno para prepararse y se mueva con comodidad por los países cómplices de Maduro. Fraude, en suma, no lo consideran Irán y su brazo terrorista Hezbollah; Rusia, China, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Bolivia
No se necesita conocer mucho de lo que sucede en la dictadura madurista para tener claro que el domingo los resultados de la elección se darán a conocer con prontitud, tal como sucedía en la Unión Soviética y desde hace décadas en Cuba. Los ciudadanos votan lo que se les indica y las dictaduras obtienen el aval que le dan otras dictaduras y cómplices. Porque en esto de apoyar dictaduras, siempre hubo cómplices: pasó con el nazismo, sucedió cuando los tanque soviéticos entraron en Praga; volvió a pasar en la barbarie de Tiananmen;y siempre ha sucedido desde que los Castro se apoderaron de Cuba.
Volviendo a citar el análisis del New York Times, decimos que la supuesta oposición, fabricada y manejada por el chavismo, tendrá un pequeño e inocuo papel de reparto. Y empezará entonces a moverse la nueva narrativa, apuntando a la búsqueda de reconocimiento y de legitimación, y lo harán con seguridad y tranquilidad, intentando siempre poner en duda la percepción que existe sobre la realidad. Y, aunque la narrativa oficial se imponga, en Venezuela continúa una crisis económica aterradora, la migración no se detiene (600 venezolanos cruzan a Colombia todos los días como pueden). Con el triunfo del chavismo en la Asamblea Nacional se cierra todavía más el cerco, y se asfixia la posibilidad de que existan y se hagan visibles otras versiones de la realidad.
Ayer miércoles, y en referencia a la realidad, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y el Asesor Especial Jared Genser, publicaron un informe que reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. El informe además, condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes. El nuevo documento señala que, desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos. Números crudos del informe: Identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014. Identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014. Identifica que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen. Esto incluye informes, incluyendo de las Naciones Unidas, que encontraron 7 millones de personas en pobreza extrema y más de 100,000 niños menores de 5 años afectados por desnutrición aguda severa. En las principales ciudades, la escasez de medicamentos esenciales ha oscilado entre el 60 y el 100 por ciento. Y con bajas tasas de vacunación y medicamentos limitados, ha habido brotes de sarampión y difteria y al menos 400.000 casos de malaria, el más alto de América Latina. Se reportan casi 1.000 muertos por falta de medicamentos contra la malaria. Identifica 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019. Identifica 653 casos documentados de tortura desde 2014. Identifica que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.
A pesar del drástico deterioro de la estabilidad nacional de Venezuela y los graves crímenes de lesa humanidad en curso, la Corte Penal Internacional no ha tomado ninguna medida sustantiva para exigir responsabilidades a los perpetradores. La fiscal Fatou Bensouda comenzó a investigar el caso de Venezuela en febrero de 2018 y, en los casi tres años transcurridos desde entonces, sólo ha hecho un “examen preliminar”. Bensouda no tiene tiempo para investigar a Venezuela. Menos para sancionar el arrasamiento de los derechos humanos y la connivencia con el terrorismo bajo el chavismo. Pero sí tiene tiempo para ver si, Israel cometió alguna falta cuando hace dos años se defendía de cohetes y ataques contra su frontera en Gaza.
Los que callan, y ni que hablar los que defienden, lo que sucede en Venezuela abren la puerta para que seamos un coto de caza del terrorismo. Y no nos olvidemos que son también cómplices de la inutilidad y desquicio de las Naciones Unidas y un aliciente para que la Corte Penal Internacional traiciones la esencia de su creación con absoluto descaro.

*Eduardo Kohn (Montevideo, 1949) es Doctor de Relaciones Internacionales y. Director de Latinoamérica en B´Nai B´rith.

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