ANIBAL IBARRA Y CARLOS ZANNINI, LAS ESPADAS DEL PRESIDENTE CONTRA MACRI POR LA DEUDA

Por Silvia Mercado

“Instruyo a las autoridades para que, formalmente, se inicie una querella criminal que identifique quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”, dijo Alberto Fernández en  la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que realizó ayer, sin duda el tramo más festejado por la bancada oficialista, en un momento que hizo recordar a los aplausos que recibió Adolfo Rodríguez Saá cuando ante la Asamblea Legislativa anticipó que desconocería la deuda externa contraída por los gobiernos que lo antecedieron.
Inmediatamente, fueron muchas las voces que recordaron que algo similar había planteado el año anterior, y hasta dijeron que no había avanzado. Nada más errado.
Efectivamente, el Presidente había planteado en su primera apertura de sesiones ordinarias la necesidad de investigar la deuda externa, una tarea que encomendó al Banco Central de la República Argentina que, tiempo después, sacó un documento sobre la formación de activos en el exterior, “dando cuenta que durante el período de Macri se fugaron 86.194 millones de dólares”.

El informe fue presentado el 14 de mayo de 2020 y, básicamente, dice que “el conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron  la fuga de capitales por más de USD 86.000 millones y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis de sobreendeudamiento externo” que se debió a “el resultado de un profundo cambio de paradigma impuesto por la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados que impulsó el gobierno de Mauricio Macri”.

Aseguró que “la formación de activos en el exterior presenta en el período una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por USD 24.679 millones. Por su parte, la formación de activos externos de los 10 principales compradores explica USD 7945 millones”.
Finalmente, concluyó que “tan solo el 1% de los compradores acumuló USD 16.200 millones en compras netas durante el período”, en tanto “el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas adquirió USD 41.124 millones en concepto de formación de activos externos”.

La dinámica de los acontecimientos le quitó trascendencia a ese informe, que para los expertos desconoce que lo que en el Gobierno buscan denominar como “fuga” es, en realidad, mayoritariamente pago de deuda contraída en administraciones previas. Por otro lado, semanas posteriores el PDF de ese documento ya no pudo ser encontrado en la web del Banco Central, a pesar de que ya había circulado. Ahora volvió a estar on line y RadioJai pudo comprobar que tiene 33 páginas, está titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019” y se inicia con los párrafos del discurso de Fernández en marzo de 2020: “nunca más a un endeudamiento insostenible”.

Lo que se agrega ahora es que, en función de la investigación que hizo el Banco Central, que fue acompañada y ampliada por la SIGEN y la Oficina Anticorrupción, ahora el Estado a través de la Procuración General del Tesoro, va a elaborar una presentación. Será el propio Presidente, demandando a quienes incurrieron en los delitos de administración fraudulenta de los recursos públicos.

“La diferencia en el caso de que sea el Presidente el que impulsa esto en nombre del Estado, es que lo que se demuestre responsabilidad en el delito, deberán responder con su patrimonio”, dijo una fuente oficial. Y explicó que, “al ser el mismo Estado, encabezado por su Presidente, quien acciona una querella de carácter criminal por los delitos de administración fraudulenta, en tanto esto se demuestre, los funcionarios que sean considerados responsables, no solo tendrían sanciones de carácter penal como en el caso de la denuncia penal,  sino que tendrían que responder con su patrimonio por el daño perpetrado al Estado argentino”.

“Aquí hay dos delitos en discusión, el delito de abuso de autoridad y abuso de poder, ya que no había facultades para contraer el crédito que se contrajo, y además no se cumplieron con ninguno de los procesos administrativos y jurídicos al respecto”, dijo la fuente que está a cargo del tema.
Al respecto, precisó que “no hubo dictamen de la Procuración del Tesoro, no hubo dictamen del Banco Central y, por supuesto, no pasó por el Congreso. Son todos elementos violatorios de distintas normas que debieron haber cumplido y no cumplieron”.
Pero quizás, lo distintivo en esta ofensiva oficial contra la coalición opositora, es que “al delito de abuso de autoridad se le agrega el de la fuga y la administración fraudulenta, donde sobre 100 mil millones de dólares de deuda se fugaron 86.194 millones”.

En efecto, ahora ya no se trata solamente de la demanda penal que en noviembre de 2019 realizó el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, contra Macri, (Nicolás) Dujovne y (Guido) Sandleris”. En diálogo con RadioJai, el economista detalló: “la semana pasada me convocaron para conocer detalles de la denuncia que entiendo formará parte de la documentación que el Banco Central le va a remitir a la Oficina Anticorrupción y la SIGEN para iniciar la querella criminal”.
Se trata de una denuncia que considera que “el FMI participó, de manera cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales”, que se tramita actualmente en el juzgado de María Eugenia Capucetti.
Lo interesante, y menos conocido, es quiénes están a cargo de esta nueva ofensiva oficial contra el ex presidente. Por un lado, Carlos Zannini, titular de la Procuración General del Tesoro, representante máximo de los intereses del Estado. Por el otro, Aníbal Ibarra, del equipo de asesores jurídicos de Miguel Angel Pesce, titular del Banco Central. Ambos, con los dientes y expedientes afilados para esta batalla del año electoral.

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