La dolorosa plaza Embajada de Israel

El 17 de marzo del año 2000, con motivo de la inauguración de la plaza Embajada de Israel, en el mismo predio en el que se erguía la sede diplomática destruída por un criminal atentado terrorista, reparé que las alocuciones y evocaciones brindadas por los oradores hacían incapié en la obligación de ‘no olvidar’ y no en los logros obtenidos de la investigación sobre el atentado, la causa no se había elevado a juicio y no se identificó a ningún sospechoso. Con el paso del tiempo, esa sensación se profundizó, el solar ya no representa solo el justo homenaje a las víctimas, sino que es el testimonio lacerante de la desidia, la ineficiencia, el encubrimiento y hasta de zoncera política, de un Estado que no pudo esclarecer el hecho y no permite conocer la verdad.
El martes 17 de marzo de 1992 la República Argentina entró brutalmente en la órbita del terrorismo internacional. Ese día, a las 14,45 hs., un coche bomba, una camioneta Ford F 100, conducida por un terrorista suicida y cargada de explosivos, hizo volar por los aires el edificio de la Embajada de Israel en Buenos Aires; ‘una de las más hermosas embajadas israelíes del mundo’, como la había bautizado Yaacov Tzur, su primer embajador. 
El criminal atentado provocó la muerte de 22 personas, y se estima que más de 220 personas resultaron heridas por el ataque. Además del derrumbre de los cuatro pisos del edificio, la onda expansiva provocó graves daños en inmuebles aledaños, a una iglesia católica y una escuela ubicada frente a la embajada.
A pesar del blanco seleccionado, la mayoría de las víctimas no pertenecía al personal de la embajada ni eran judíos, era una nueva muestra del indiscriminado accionar del terrorismo y su desinterés por la vida humana. La organización terrorista Hezbollah afirmó que el ataque era en respuesta al asesinato del secretario general de la organización, Abbas Mousavi, llevado a cabo por el ejército israelí el 16 de febrero de 1992, exactamente un mes antes del ataque.
El estruendo y el impacto del atentado enmudecieron a la ciudad, en un primer momento, la sociedad argentina pensó que el atentado se debía a la extensión del conflicto entre árabes y judíos a la Argentina, un país totalmente ajeno al mismo. Pero cabe recordar que el gobierno de Carlos Menem había dado muestras de una zigzagueante política respecto del conflicto del Medio Oriente. Cuando aún era candidato presidencial, Menem había organizado su campaña electoral plagada de promesas y declaraciones frívolas hacia países árabes del Medio Oriente, entre las más resonantes se encontraban aquellas dirigidas hacia Siria, Irán, o Libia, en las que se comprometió a colaborar en desarrollar tecnología e infraestructura nuclear, lo hizo con la idea de recibir aportes en divisas a la campaña presidencial de un ‘descendiente de sirios’.
Algunos analistas aventuraron otra explicación, que el atentado tuvo que ver con el involucramiento de la Argentina en conflictos internacionales y el giro político de Menem hacia Irán y el Medio Oriente. En 1991, su gobierno decidió cancelar un acuerdo comercial en materia nuclear firmado con ese país unos años antes, y durante la Guerra del Golfo Menem envió dos fragatas a apoyar el bloqueo contra Irak.
En medio de la conmoción causada por el ataque, y en las numerosas entrevistas a los medios de información que daba el presidente argentino, ensayaba improvisadas explicaciones, con la misma frivolidad que lo caracterizaba, sobre los autores del hecho: en un comienzo sostuvo que los responsables eran sectores del nazismo o ‘sectores que fueron derrotados en el país’, en obvia alusión a los carapintadas, cuyo último levantamiento había sido sofocado en diciembre de 1990.
La investigación del atentado recayó en la Corte Suprema de Justicia, debido a que la Constitución argentina establece la ‘competencia originaria’ de ese tribunal cuando se trata de asuntos relacionados a embajadores, ministros y cónsules extranjeros. Su entonces presidente, Ricardo Levene (h), a cargo de la instrucción de la causa, recurrió a varias hipótesis, contrapuestas entre sí, algunas absurdas y hasta con cierto tufillo antisemita, al aseverar primero que había sido un ‘autoatentado’, en el cual no habría intervenido una ‘conexión local’, mientras que para los familiares de las víctimas, los únicos querellantes, era obvio que sì existió dicha conexión. La misma Corte rechazó el pedido de los querellantes a convocar a declarar a los policías de la custodia, quienes debían explicar el por qué de su retirada de la puerta de la Embajada antes de la explosión, finalmente declararon cuatro años después del atentado.
En 1996 la Corte cambió de hipótesis e informó que en atención a los resultados de la pericia realizada por la Academia Nacional de Ingeniería podía establecerse con ‘cierto grado de certeza’ que el atentado fue consecuencia de una explosión sucedida en el interior del edificio, insinuando que en el sótano de la Embajada había un depósito de material explosivo de guerra. Pero la investigación del caso en manos de la Policía Federal y la Gendarmería, coincidieron ambas en que había sido un coche bomba, pero discrepaban en el tipo de explosivo utilizado.
El 23 de diciembre de 1999, siete años después, la Corte Suprema volvió a cambiar de hipótesis. Dictó una acordada estableciendo que los muertos habían sido 22, y no 29 como se había informado oficialmente los años anteriores, y que la investigación establecía con certeza que el atentado había sido realizado por la Jihad islámica, brazo armado del Hezbollah, mediante el coche bomba. Por esa resolución se dictó también una orden de captura contra Imad Mughnyah, quien estaba imputado en la causa como uno de los encargados de planificar no sólo el atentado a la Embajada de Israel sino también el de la sede de la AMIA en Buenos Aires.
El atentado fue investigado también por los EEUU e Israel, en ambas investigaciones se focalizó la responsabilidad en la organización Hezbollah como supuesto organizador intelectual del atentado y del estallido del coche bomba.
En el año 2013, la Corte Suprema de Justicia informó que la investigación estaría ‘resuelta’ tras el fallo del 23 de diciembre de 1999, sin embargo, la causa no había sido elevada a juicio. En el año 2015, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, declaró públicamente que en la causa había ‘cosa juzgada’, la declaración produjo confusión ya que en 2006 la Corte Suprema había dictado en la causa una resolución estableciendo que la misma no había prescripto.
A un año de cumplirse las 3 décadas del brutal atentado, sin detenidos y una falta absoluta de resultados positivos, el expediente por la voladura de la Embajada acumula 250 cuerpos, y en una dolorosa plaza, una lápida con los nombres de las víctimas siguen esperando justicia.

*Yehuda Krell es profesor de Historia Judía graduado en el Instituto Superior de Ciencias Judaicas, Bs. As., y profesor en Educación Judía con especialización en Historia Judía para niveles Medio y Terciario del Ministerio de Educación de la Argentina. Realizó estudios de posgrado en Israel.

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