Un análisis sobre el presente y futuro de la Digitalización Monetaria, ¿herramienta financiera o política?

Por el prof. Luis Fuensalida

La otra noche, en la casa de mi hija Natalia Judith sostuve una interesante charla con su pareja, José, que por ser economista me ayudó a entender un poco más este fenómeno financiero que constituyen los Bitcoins, y que me ha ayudado a encarar el tema de la columna de hoy, que se relaciona con algunas políticas monetarias adoptadas recientemente por ciertos países latinoamericanos.

En principio, queda claro que un Bitcoin es la primera moneda digital, en otras palabras, una moneda intangible, inviolable, que se crea y se almacena en un soporte informático, y que como veremos, hasta ahora no era emitida por ningún Banco Central de los Estados, en otras palabras a diferencia del dinero tradicional, es un activo financiero digital descentralizado.

Apareció allá por el 2009, creación de Satoshi Nakamoto y en el 2011, rápidamente para Julio de ese año ya cotizaba a unos u$s.31, para el 2013 alcanzó los u$s.300, cuatro años después había subido a u$s.20.000 y en precio actual por unidad esta en aproximadamente u$s.48.210, que si lo convertimos a la moneda nacional serían unos $4.788.446, y si uno trata de entender el porqué del progresivo aumento de su cotización, la mayoría concuerdan, además de las cualidades ya señaladas, en que las transacciones son rápidas y totalmente seguras y no pone en riesgo el capital del usuario, lo que las convierte en un activo seguro para invertir, sin embargo, no es todo tan rosa, pues también las criptomonedas no están exentas de ataques informáticos o de interrupciones u otros errores humanos, todo lo cual entraña algún riesgo.

Dicho esto, pocos meses atrás el gobierno del polémico presidente Nayih Bukele, que ha impreso un creciente perfil autoritario en El Salvador, puso a votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña el proyecto de ley de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, y que al conseguirse 62 votos a favor sobre 84 escaños, aquella república centroamericana se ha convertido en el primer país en aceptar las criptomonedas como procedimiento de pago oficial, lo que provocó una subida en su cotización del 5%.

Previamente a presentar el proyecto de ley a la legislatura, el presidente Bukele, a principios de junio ppdo., en oportunidad de celebrarse el evento más importante de la criptomoneda, el Bitcoin Conference, en Miami, EE.UU., declaró que la adopción del Bitcoin, a corto plazo, generará empleos y ayudará a la inclusión financiera de miles de personas que están fuera de la economía formal.

Ahora bien, según la legislación aprobada la empresas deben aceptar los bitcoins cuando se ofrecen como forma de pago de bienes y de servicios, mientras que los impuestos y otras cargas fiscales también pueden ser abonadas en la criptomoneda y su utilización como moneda de curso legal es válida desde este mes de septiembre, por lo cual además de suponer la inclusión financiera y de inversión, también alcanza los sectores del turismo y otros emprendimientos económicos.

Con esta legislación, llamada Ley Bitcoin, se abre la posibilidad de ser contemplada como potencialmente moneda de curso legal el Bitcoin como moneda digital para otros países y el blockchain como tecnología disruptiva, sin embargo, la mayoría de los Bancos Centrales y gobiernos, ponen en duda su adopción debido al grado de volatilidad de las criptomonedas, y en este sentido El Salvador será un caso testigo, aunque por ejemplo, el Banco Central de Inglaterra anunció que estaba en camino de crear una moneda digital que coexista junto al dinero en efectivo y a los depósitos bancarios, y algo que tanto El Salvador en el presente, como cualquier país que siga sus pasos respecto al dinero digital, tienen una oportunidad y a la vez obligación de una mayor inclusión educativa, pues la educación será la clave para que el ciudadano de a pie pueda sacar beneficios de la operatividad legal de una criptomoneda.

Ahora bien, El Salvador es un país pequeño, de algo más de 6,3 millones de habitantes, con un PBI per cápita de u$s.4.170, con un 93% de alfabetización, con un expansivo desarrollo de fuentes de energía no contaminantes, alrededor del 94% de la energía proviene de centrales hidroeléctricas, energía geotérmica, biomasa, solar-fotovoltaica y eólica, con una tasa de Inflación del 0,07 al 1,09 entre los años 2015 al 2020, todo lo cual parece condicionar una situación propicia para haber emprendido la aventura de aprobar una moneda digital como moneda de curso legal, pero me pregunto, ¿y en el caso de Venezuela, con una población de algo más de 28 millones de habitantes, con un PBI per cápita de u$s.1.540, y una tasa de Inflación de 2.719 y con más de 4,8 millones venezolanos emigrados?

Pues bien, la dictadura populista de Nicolás Maduro ha decretado que a partir del próximo 1 de octubre, llevará a cabo una reconversión monetaria, que eliminará seis 0 al Bolívar Soberano que se transformará en Bolivar Digital, aunque continuará la circulación de billetes y monedas.

En los últimos 13 años Venezuela ha suprimido ya 14 ceros en una crisis hiperinflacionaria que parece no tener fin, pero ahora con la reconversión u$s1 se cambiaría por 4 Bolívares Digitales, cuando hasta ahora un Dólar equivale a un poco más de 4 millones de Bolívares Soberanos, aunque el Banco Central de Venezuela asegura que la medida a implementar se respalda en la profundización y desarrollo de una economía digital y que será el punto de partida de una resurrección financiera, además que la implementación de la moneda digital no afectará el valor de la moneda, una moneda que en la práctica esta prácticamente desaparecida, ya que la mayoría de los gastos se abonan a través de tarjeta o transferencias automáticas por la plataforma Pago Móvil.

La realidad es que Venezuela atraviesa un proceso de Dolarización transaccional, ya que es el Dólar el que se impone al momento de operaciones en efectivo, además más allá de los argumentos del Banco Central venezolano fundamentados en una digitación de la economía hay factores que prevé, sino el fracaso si dificultades graves, como ser la deficiente conexión de Internet y los imprevistos y continuos cortes de energía, asimismo la reconversión y el Bolívar Digital estarán condicionados por el alza de los precios de la economía.

Según el economista Giorgio Cunto, director de la consultora Ecoanalítica, dijo: “…que si bien el incremento en los precios se ha desacelerado desde el pico más alto en el 2018, Venezuela registra la tasa de Inflación más alta del mundo y en ese sentido a mayores tasas de Inflación, menor será el tiempo en que regresen los ceros a los precios…”

De mantenerse entonces el ritmo inflacionario actual que es del 25% mensual, antes del año se agregará un cero y pasado los 30 meses se agregarán 3 ceros y al llegar los 60 meses serán 6 los ceros, con lo cual el proceso que se iniciará el próximo 1 de octubre, la llamada reconversión, no habrá servido de nada.

En realidad, el problema de los hermanos venezolanos, no es la hiperinflación, que digamos es el síntoma, la enfermedad es el régimen político, pues para poder desacelerar el ritmo inflacionario, Venezuela necesita recomponer sus Reservas Internacionales y de los Derechos Especiales de Giro del FMI, por alrededor de algo más de u$s. 5.000 millones, a los que no se puede acceder pues la entidad financiera internacional descree de la legitimidad de las autoridades y por los altos grados de corrupción.

En síntesis, la circulación monetaria y el uso de una moneda digital depende de la capacidad del Banco Central venezolano de emitir para satisfacer la demanda, lo que es muy costoso en medio de un proceso hiperinflacionario, y en realidad es más una acción psicológica sobre una población cada vez más acuciada por la actual emergencia sanitaria, que se suma a todas las calamidades de un régimen autoritario y narcoterrorista que pretende perpetuarse al poder.

A diferencia de El Salvador, la dictadura venezolana introducirá el Bolívar Digital como excusa para no admitir que no puede seguir emitiendo billetes en el actual cuadro hiperinflacionario, sin olvidar las consecuencias de las sanciones económicas que han afectado los ingresos de la exportación del petróleo y el acceso a los mercados internacionales, y en una intensión de eliminar por completo el uso del efectivo, tal como el mismo Maduro lo ha expresado, en la que la meta económica del régimen es llevar al país a una economía 100% digital, algo que no se condice con aquellos venezolanos que viven en regiones donde la infraestructura energética es deficiente y que necesitan operar al menudeo, ni para quienes no tienen educación financiera digital y por lo tanto, la digitalización de las transacciones son una quimera.

Como vemos, la digitalización de la monedas parece ser un proyecto que avanza en muchos países, aun en casos tan diametralmente opuestos como El Salvador y Venezuela, pero el proceso de crear cada país su moneda digital parece ser una forma de preservar el control por parte de los Bancos Centrales sobre el sistema de pagos.

La pandemia del Covid19 también ha contribuido a expandir la digitalización, por ejemplo a través de los pagos móviles, y es así que el exdirector del Banco Central Europeo, Benoit Couré, ha declarado en cuanto a las monedas digitales de Bancos Centrales, “…que son parte de la respuesta bien diseñada, serán un medio seguro y neutral de pagos, reserva de valor y compensación de transacciones y servirán como plataforma común e interoperable alrededor del cual  se organice el ecosistema de pagos, permitiendo una arquitectura financiera integrada que permita la competencia, la innovación y un control democrático de la moneda…”.

Pero como si fuera la fábula del escorpión y la rana, la creación de las monedas nacionales digitales fundamentadas en el contexto del Estado Nación y sus Bancos Centrales  serían el enemigo de las criptomonedas privadas y a la tecnología blockchain, pues las entidades bancarias centrales gozan de ventajas únicas, Seguridad, Liquidez e Integridad, claro en países con crecimiento y desarrollo económico sostenible y políticamente creíbles, algo en lo que no encaja nuestro país, pese a que el presidente Alberto Fernández admitió la potencial utilidad del Bitcoin, aludiendo al caso del El Salvador, pero donde el presidente del Banco Central, Miguel Pesce dijo que el Bitcoin no es un activo financiero y que no está bajo estudio la emisión de un Peso Digital, un fenómeno que se da más en países en vías de desarrollo, donde los procesos inflacionarios llevan a la adopción de monedas digitales más rápidamente que en los países desarrollados con baja inflación y monedas no devaluadas.

Finalmente, el vertiginoso avance de la tecnología abarca todos los campos de las actividades humanas, tanto las criptomonedas privadas como eventualmente las futuras monedas digitales nacionales, son y serán parte de nuestra vida, pero la eficiencia y la eficacia de unas y otras no está en ellas mismas sino en las políticas económicas articuladas para proveer el crecimiento y el desarrollo económico, el bienestar y la integración social, en las políticas educativas que le provean al ciudadano las herramientas necesarias para manejarse en este mundo digital y en las legislaciones que aseguren seguridad jurídica y que esta puede ser aplicada por un sistema judicial independiente y en el respeto por las instituciones republicanas, sino serán como los espejitos del conquistador.