Entre la injerencia y la ausencia, dos lamentables y peligrosas características del actual Gobierno Nacional

Por el Prof. Luis Fuensalida

No era el tema que iba a abordar en la columna de hoy, pero ocurrió un hecho que me obligó a cambiar la propuesta, pues a mi entender, tiene una gravedad institucional e internacional que parece que no se ha dimensionado correctamente, tanto en la opinión pública como en los medios de comunicación, me refiero a la actuación del embajador argentino en Chile, el Dr. Rafael Bielsa, la semana pasada, oh casualidad!!, la misma semana en que el presidente Sebastián Piñera, de acuerdo a los instrumentos previstos en la constitución del país transandino, dictaba la militarización de la región de la Araucanía.

En mi columna del 14 de octubre del año pasado, analicé la internacionalización de la cuestión Mapuche, sobre su destacada resistencia a la conquista y colonización española en el Siglo XVI, que a diferencia de otros pueblos incaicos, los mapuches tenían y tienen una estructura horizontal, cuya cabeza es el Lonco o cacique, pero sin desconocer la importancia de la figura de él o la Machi, principal figura religiosa y de sanación, y también, como a principios del Siglo XX, a través de las asociaciones Caupalicán Defensora de la Araucanía y la Federación Araucana, se abordó la problemática de la inserción mapuche en la sociedad chilena, que con la ley Indígena de 1972 y la reforma agraria del gobierno de Allende, comienza la ocupación de tierras que consideran ancestrales, contando con el apoyo del Movimiento Revolucionario Campesino, vinculado con la organización terrorista MIR o Movimiento de Izquierda Revolucionaria, representante de la dictadura cubana en el país hermano, y finalmente, analicé la llamada Araucanización que se proyecta en nuestro país en las provincias del Chubut, Río Negro y Neuquén, de manera puntual.

Pero volviendo al presente, los gravísimos ataques protagonizados por grupos radicalizados mapuches con fuerte conexiones con organizaciones criminales, en las provincias de Cautín, Malleco, Bíobío y Arauco, donde fueron víctimas no sólo terratenientes y empresas privadas, sino también transeúntes y camioneros, llevó al Ejecutivo chileno a declarar en aquellas regiones el “estado de emergencia” y el despliegue de unos 900 efectivos militares para auxiliar al Cuerpo de Carabineros y a la Policía en el restablecimiento del orden y la seguridad pública.

Esta violencia se ha intensificado, pese a que ya lleva varias décadas en esa región sur de Chile, donde las políticas implementadas por los distintos gobiernos desde 1990 al presente no han tenido éxito, y donde los grupos radicalizados mapuches son responsables de ataques incendiarios a viviendas e iglesias, destrucción de maquinaria agrícola y forestal, en muchos casos con víctimas fatales, mientras enarbolan la reivindicación de los derechos sobre tierras que consideran ancestrales y usurpadas por el Estado y los particulares.

Uno de esos actos delictivos ocurrió el 9 de enero del 2013, el incendio del casco de la estancia Pisu Pisué, cuyo principal responsable, Facundo Jones Huala, líder mapuche de la RAM o Resistencia Ancestral Mapuche, fue acreditada debidamente su responsabilidad penal en el juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Penal de Valdivia que lo condenó a nueve años de prisión, y tras su fuga a la Argentina, fue aprehendido y extraditado en septiembre del 2018, primero por sentencia del juez federal subrogante de Bariloche, Dr. Gustavo Villanueva, cuyo fallo fue apelado, pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la extradición.

Es así, que el pasado 5 de octubre, Jones Huala solicitó su libertad condicional ante la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco, algo que hubiera estado enmarcado dentro de un pedido normal realizado por cualquier otro condenado, pero la intervención del embajador argentino en Chile, el Dr. Rafael Bielsa, provoca un giro de grave injerencia, tanto en la soberanía chilena como en su plexo legal.

¿Porqué a mi criterio esa participación la califico de una grave injerencia?, pues bien, en principio por la persona que lo protagonizó, habida cuenta que se trata ni más ni menos de un ex canciller, segundo por ser el embajador argentino, es decir, el máximo representante del Estado Argentino en Chile, cuando el rol de atender los intereses de un ciudadano argentino, recordemos que Jones Huala nació el 9 de mayo de 1986 en Bariloche, puede ser y es generalmente atendido por el cónsul, y finalmente, porque si bien, la Comisión le dio lugar al embajador Bielsa a exponer en la audiencia, el diplomático argentino refutó los argumentos del abogado de Intendencia de General de los Ríos, Dr. Hernán Valdebenito Castillo, lugar donde se perpetraron los delitos por los que fue condenado el líder mapuche, abogando por su libertad, y esto excede, y hasta se podría considerar que contraviene lo establecido en el Artículo 36 inciso c) de la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares de 1963, que entró en vigor en 1967, y del que la República Argentina es signante.

El citado artículo, en su inciso c) dice textualmente: “…los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que representa que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que representa, que en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir a favor del nacional detenido…”, creo que no hace falta aclarar más, y por lo cual, taxativamente, la intervención del ex canciller argentino no ha respetado, puntualmente, el último párrafo del artículo citado y constituye una grave injerencia del Estado Nacional a través de su persona en la soberanía del Poder Judicial de Chile.

Pero además de la injerencia inaceptable, a mi criterio marcada por el sesgo ideológico del gobierno nacional, casi diría de manera igual y contraria, la sociedad argentina adolece de la ausencia e ineficacia del Estado en relación a neutralizar las expresiones violentas y armadas de grupos como la RAM y otros que también enarbolan consignas indigenista.

En el caso de la RAM, que reitero tiene sus primeras manifestación en nuestro país hace algo más de una década, su evolución se ha visto favorecida por una actitud al menos condescendiente del gobierno kirchnerista, de antes y de ahora, recordemos los primeros ataques a privados o empresas en la región lacustre andina, e incluso sus acciones se han extendido a lugares donde la reivindicación ancestral es totalmente infundada como ser en la provincia de Buenos Aires, donde nunca históricamente hubo presencia mapuche, casos de Balcarce, Necochea o Bragado, y que definitivamente relacionan la cuestión identitaria y las motivaciones políticas, que tienen un correlato internacional en la estrategia planificada por la diáspora mapuche residente en Europa, algo que señale en mi columna de octubre del año ppdo., donde también indiqué que la RAM es la extensión de la CAM o Coordinadora Arauco Malleco de Chile, cuyo dirigente Héctor Llailtúl militó en la organización terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez de ideología marxista y que esta interrelacionada con la visión indigenista y las organizaciones que abrevan en los Movimientos de Liberación Nacional, como el Palestino y el Kurdo, y lo que buscan la RAM como la CAM, es la creación de una entidad estatal independiente y escindida tanto del Estado argentino como chileno, y donde se juegan intereses de potencias y bloques ideológicos, más allá de la declamada reivindicación indigenista.

La señalada internacionalización e interrelación entre movimientos indigenistas violentos, como los dos citados, se pueden apreciar sus nexos con otro grupo, menos conocido, el autodenominado Brigada Internacionalista José Muñoz Alcoholado, que es una extensión de Ukamau, que en mapuche significa “así somos”, que es una organización de lucha por la vivienda creada en Chile en el 2011, y que también tiene nexos con el MIR y cuentan ambos con el respaldo de los regimenes de Cuba y Venezuela, dos países, que al menos cuentan con la aquiescencia del actual gobierno, y en cuanto a la mencionada Brigada Internacionalista, con el apoyo del Frente Popular Darío Santillán, ha dado conferencias en Mendoza, Córdoba y provincia de Buenos Aires, algo para tener en cuenta dados los violentos desmanes llevados a cabo por Ukamau en ocasión de los incidentes contra el gobierno del presidente Piñeda.

También, otro motivo de preocupación, es el accionar de la Guardia Comunitaria Washek, en la provincia del Chaco, que se conformó como una organización para la reivindicación y defensa del pueblo Wichi, que cuenta con el apoyo del ejecutivo provincial, y que en la actualidad esta prácticamente militarizada, armada y uniformada al mejor estilo “chavista” y que ha tenido cierta difusión a raíz de la celebración en establecimientos escolares creados por la organización, de llamadas “gestas revolucionarias” que reivindica el accionar de Ernesto Che Guevara, y que se ha mostrado solidaria con la RAM en la toma violenta de tierras en el lago Mascardi.

Es evidente, que el accionar de estas organizaciones, son  violentas, pues no es necesariamente el uso de armas o los ataques incendiarios lo que definen la violencia, la ocupación de la propiedad privada o estatal o el corte de una ruta es también una forma de violencia, y donde por una ausencia de accionar cómplice del Estado Nacional y en algunos  también Provincial, no es el caso de Rio Negro cuyo ejecutivo ha denunciado a la RAM por terrorismo, pero sin dudas las acciones de estos grupos radicalizados  atenta contra el ordenamiento jurídico, el patrimonio público o privado, el normal desarrollo de las actividades, y fundamentalmente, deteriora o desvirtúa la seguridad ciudadana y que aún, a mi entender, alcanza un nivel más grave cuando se contraría lo normado en un convenio internacional, reconocido y signado por nuestro país, por un agente diplomático, que representa a la República Argentina, y más de alguien que fue canciller, y que parece que se condice con  una alineación ideológica a un bloque que carece de todo respeto por los DD.HH., por la democracia y el republicanismo.

Finalizando mi columna de hoy, el actual gobierno ha utilizado el argumento de no condenar a dictaduras como la venezolana so pretexto que un Estado no debe inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, entonces, ¿y la injerencia del embajador argentino Bielsa en los asuntos judiciales chilenos abogando por un terrorista juzgado y condenado de conformidad a la ley de aquel país y donde se respetaron sus derechos?, pero claro, ¿que autoridad profesional tiene el titular del Palacio San Martín para con un ex canciller cuya estatura, como jurista es indiscutible aunque no se coincida con ciertas posiciones tomadas por el hoy embajador?, por otro lado, la inacción o hasta complacencia, sea del gobierno nacional o de una provincia, en el accionar violento de grupos que supuestamente reivindican causas indigenistas, o en el adoctrinamiento de niñas y niños en ideologías totalitarias y criminales, ¿no marcan terriblemente la ausencia del Estado en brindarnos a todos los ciudadanos y habitantes de la Nación Argentina, la  seguridad jurídica, la seguridad de una educación basada en los principios democráticos, la seguridad pública por no aplicar políticas para prevenir y llegado el caso reprimir actos delictivos?, es por esto, por todo lo señalado, me recuerda y les recuerdo esa frase popular que dice, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, entonces, abramos los ojos porque somos responsables del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos.