Diputados de la Nación declara su enérgico repudio a la designación del salón norte del Palacio San Martín con el nombre “Canciller Héctor Timerman”

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La Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA

Su enérgico repudio a la designación del salón norte del Palacio San Martín con el nombre “Canciller Héctor Timerman” y a los conceptos expresados en el acto de homenaje por parte del actual canciller, Santiago Cafiero, la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y otras autoridades.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El pasado 16 de febrero se llevó a cabo en el Palacio San Martín un acto en el que se otorgó el nombre de “Canciller Héctor Timerman” al salón norte del palacio y se instaló una placa en su homenaje. En la oportunidad, el Ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, expresó en su discurso que Timerman “fue blanco de la persecución de la Justicia, del Estado y de parte de los medios de comunicación”, y agregó: “Cuando la política busca desquitarse, el Estado de Derecho se convierte en un Estado policial”.

El copamiento y la apropiación indebida de instituciones y bienes públicos para uso privado, partidario y faccioso es ya habitual en quienes hoy nos gobiernan. En el caso del homenaje a Héctor Timerman, a esta apropiación se agregan en el plano político su insoslayable apoyo al golpe de estado y a la dictadura militar genocida como periodista y director del diario La Tarde, reconocido por él. En efecto, resulta inocultable el rol de Héctor Timerman como director del diario La Tarde, lanzado en 1976 como medio de propaganda del Partido Militar con el objetivo de instalar en la opinión pública una posición favorable al golpe de Estado, así como el sostenido apoyo de Timerman a la Dictadura de Videla, documentado con fotos junto al dictador en ejercicio, en lo que constituye uno de los tantos ejemplos de la hipocresía y memoria selectiva de quienes se arrogan la titularidad exclusiva de los derechos humanos y la lucha por la democracia en el país.

La actuación de Timerman como canciller está además indisolublemente ligada a la firma (2013) del Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán; una tentativa encubrimiento de los imputados en el peor acto terrorista sufrido en territorio argentino que el propio presidente, Alberto Fernández, criticara oportunamente. “Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar. Merced a ese pacto, la evaluación de los hechos quedaría en manos de una comisión que funcionaría en la patria de los prófugos y en la que la mayoría de sus miembros debería contar con el acuerdo iraní. ¿Para qué pactaron ambos gobiernos notificar a Interpol lo acordado, si no era para levantar los pedidos de captura librados?”, escribió Fernández en 2015. Y concluyó más tarde: “Cristina dejará el gobierno con dos máculas indudables, que son el haber hecho dictar dos leyes para protegerse penalmente de dos delitos cometidos: el primero, el encubrimiento a Boudou, estatizando Ciccone, y el de haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán, que es definitivamente un acto de encubrimiento”. Como es público y notorio, el canciller a cargo de todas estas operaciones no era otro que Héctor Timerman.

En una conversación privada con dirigentes de la AMIA, también Timerman reconocería la responsabilidad de Irán en el atentado terrorista que mató a 85 personas e hirió a más de trescientas. “Hace 18 años que pusieron la bomba. ¿Con quién querés que negocie?”, les dijo. Y agregó: “Si fuera otro, no hubiera puesto la bomba. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Tenés otro para negociar?”. Estas fueron sus palabras. El desarrollo de negociaciones con Irán a espaldas de la ciudadanía argentina y de las víctimas directas del atentado, denunciado entonces por el periodista José Pepe Eliaschev, la ratificación de dichas reuniones en la posterior firma del acuerdo binacional, los planteos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, las causas judiciales contra Cristina Kirchner, Héctor Timerman y otros funcionarios, y la muerte del fiscal Alberto Nisman antes de su reunión reservada con la comisión de Legislación Penal de esta Cámara, son hechos de conocimiento público.

Hoy, a casi 28 años del atentado a la AMIA, no hay condenas contra los imputados gracias al activo encubrimiento de Cristina Kirchner y Héctor Timerman del que el asesinato de Nisman formó parte. También en este hecho abominable, las opiniones de nuestro actual presidente han sido concluyentes: “Un enorme estrépito acaba de aturdirnos. Un fiscal que denunció penalmente a la Presidenta apareció muerto días después de formular su demanda y sólo un día antes de fundar su imputación ante el Congreso Nacional. En el centro del poder, allí donde la denuncia tocaba fibras, hablaron de suicidio y de asesinato, acusaron al muerto de ser un padre desatento y un títere de factores que operan en las sombras y hasta afirmaron que una suerte de lucha fratricida entre servicios de inteligencia acabó detonando esa muerte. Todo lo dicho sería poco importante de no ser que ha salido de la boca de la Presidenta imputada por el fiscal muerto. Ignorando la tragedia, se indultó a sí misma apropiándose de la verdad, de la Patria y hasta de la alegría y condenó cínicamente a los que quedamos agobiados por lo patético de lo ocurrido. Conoce que hay una herida abierta por una muerte que estremece y que no se entiende y sabe que el silencio ciudadano la interpela por ella”. No podemos menos que adherir a estas palabras de Fernández y preguntarnos, con sorpresa y alarma, el motivo de tan radicales cambios de opinión en la más alta autoridad de la Argentina.

En el acto de homenaje en el Palacio San Martín cuestionado, se agregó además la habitual estrategia de victimización, esgrimida mediante el intento de construcción de un nuevo mito histórico de abnegación y persecución. Así, el Canciller Cafiero expresó en su discurso que “Con este acto el Poder Ejecutivo Nacional busca reparar la injusticia que sufrió Héctor”; mientras el gobernador Axel Kicillof manifestaba públicamente que Timerman fue “víctima del lawfare por su compromiso y defensa de la Patria”, el jefe de gabinete Juan Manzur expresaba que “fue víctima de la injusticia y la difamación” y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, sostenía que Timerman sufrió “una persecución bárbara, cruel e inhumana” y dijo que era preciso “pelear para cambiar este sistema judicial que es capaz de llevar a gente a morirse: lo empujó a Héctor Timerman hasta la muerte”. De esta manera, en un acto de irresponsabilidad y de crueldad, autoridades nacionales de primer nivel no sólo cuestionaron la legítima actuación de la justicia y de los denunciantes, que aún sufren la impunidad impuesta por los gobiernos justicialistas mediante desviaciones jurídicas y pactos de impunidad, sino que además se los responsabiliza de su muerte. Que la directora de Asuntos Jurídicos del Senado acuse a la Justicia de asesinato por el simple hecho de cumplir su deber y que lo haga con el aval del Jefe de Gabinete, el Canciller y el gobernador de la mayor provincia del país es un hecho que no puede ser tolerado.

El nombre de los espacios públicos pertenecientes al Estado nacional, patrimonio de todos los argentinos, no puede ser utilizado para blanquear la figura de personajes acusados por la Justicia argentina y cuestionados por una enorme parte de nuestra ciudadanía. Al tradicional hábito de la imposición de sus figuras partidarias, el peronismo en el poder le agrega ahora la tentativa de homenajear a quien, si estuviera vivo, debería responder ante nuestra justicia por sus actos.

Como representantes de los ciudadanos y defensores de la República es nuestra obligación velar porque no se sigan mancillando nuestros monumentos e instalaciones. Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la firma de este proyecto.