Avión venezolano-iraní: la DAIA reclama celeridad a la Justicia en la causa y se arma una mesa de trabajo con el FBI
Hace 23 días que el avión venezolano-iraní arribó al Aeropuerto de Ezeiza. Hace quince días que sus 19 tripulantes tienen dictada una prohibición de salida del país, misma cantidad de días desde que la aeronave quedó incautada por decisión del juez Federico Villena. Con un encuadre realizado por la fiscalía sobre posibles vínculos con el terrorismo internacional, el expediente avanza, pero la querella reclamó más celeridad. Este jueves se inicia una “mesa de trabajo” que incluye al FBI y fuerzas federales.
En el marco del expediente judicial que inició por impulso de la fiscal Cecilia Incardona, se realizaron más de 46 medidas de prueba. En su último dictamen, se requirieron otras once acciones que buscan esclarecer algunos ejes centrales: el verdadero motivo por el cual arribó el Boeing 747 a nuestro país, los antecedentes y verdadera identidad de los tripulantes, en particular todo lo concerniente a los iraníes, y si efectivamente, se trata de un vuelo de carga o si oculta otros intereses.
La representante del Ministerio Público Fiscal detalló que hay una gran cantidad de informes, documentos, detalles que aún están pendientes. Desde exhortos librados a siete países diferentes, a organismos de inteligencia como a autoridades aeronáuticas, hasta el informe de las pericias de algunos aparatos electrónicos y detalles de organismos del gobierno.
Ante ese escenario, la DAIA -querellante en el caso- pidió más celeridad por parte de las diferentes fuerzas federales y organismos del Gobierno que aún se encuentran procesando información requerida por la justicia federal.
Se decidió constituir una mesa de trabajo integrada por las diferentes fuerzas federales de seguridad, que intervienen en el caso, con la colaboración del FBI, la DAIA en su rol de denunciante y querellante, y las autoridades judiciales.
“Esa mesa de trabajo empieza a funcionar mañana (por el jueves) con expectativa para que permita acelerar algunos procesos de análisis e intercambio de información”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
En sus argumentos, la querella sostuvo: “Nuestra hipótesis de investigación es la posible financiación de actividades terroristas o la instalación de una red de espionaje con objetivos terroristas“.
En ese mismo sentido, recordaron que “las lamentables experiencias sufridas por nuestro país han demostrado que una de las formas de introducir ilegalmente al país tanto divisas para financiar las actividades delictivas como agentes con idéntico fin ha sido el ‘enmascaramiento’ detrás de actividades comerciales supuestamente lícitas, por eso entendemos imprescindible despejar las dudas que surgen sobre la rentabilidad del vuelo cuestionado”.
La documentación más compleja que está bajo análisis es la proveniente del FBI y el Tesoro de Estados Unidos. Fueron los primeros en clarificar algunos aspectos sobre Gholamreza Ghasemi, el piloto iraní y sus posibles vínculos con organizaciones terroristas a través de empresas aerocomerciales que supuestamente proporcionan logística a esas organizaciones.
La semana pasada el juez Federico Villena libró nuevos exhortos a Estados Unidos para preguntar si Ghasemi se encuentra bajo investigación en Estados Unidos. En el nuevo pedido se solicitó específicamente que se informe si se “adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación”.
También se preguntó si “pesa o no un embargo o restricción formal sobre la aeronave Boeing 747-300(M), matrícula YV3531”.
En el escrito presentado por la DAIA, al que accedió Clarín, se recordó que el vuelo que se investiga tenía “una finalidad aparentemente comercial, lo que nos obliga a rememorar que la justicia argentina acusó a la Jihad Islámica del Hezbollah de ser el autor material del atentado a la AMIA de 1994 que dejó un saldo de 85 muertos”.
La querella agregó: “Y cinco iraníes, entre ellos los ex comandantes de Al Quds, Vahidi y Rezai, tienen alertas rojas de Interpol como autores intelectuales del ataque. En el mencionado ataque pudo acreditarse que existieron tareas de inteligencia previas que se enmascaraban como actividades comerciales.”
En el informe se afirma que “un avión que pertenece a QeshmFars Air ha transferido equipos de Irán a Hezbollah en Líbano utilizando la ruta entre Teherán y Beirut”. Precisó también el FBI que el 25 de octubre de 2007, el Departamento de Estado embargó bajo la Orden Ejecutiva 13382 al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní por apoyar el terrorismo. Luego el Departamento del Tesoro lo acusó de “proporcionar apoyo material a los talibanes y Hezbollah”.
Cabe destacar que la Fuerza Quds “ha tenido una larga historia de apoyo a las actividades militares, paramilitares y terroristas de Hezbollah, proporcionándole orientación, financiación, armas, inteligencia y apoyo logístico”, señaló la DAIA.
Ese grupo “opera campos de entrenamiento para Hezbollah en el valle de Bekaa, en el Líbano, y al parecer ha entrenado a más de 3.000 combatientes de Hezbollah” en las instalaciones de entrenamiento que tiene en Irán.”
Debido a los antecedentes de la organización a la cual pertenecería Gazhemi, se pidió un reconocimiento de las rutas pudiera tener que ver con el ingreso de armamentos o explosivos para un atentado en la República Argentina bajo el ropaje de una operatoria de un avión de carga comercial.
Pericia contable
En este contexto, la querella también pidió realizar una pericia contable, “tendiente a determinar si la realización del vuelo entre la ciudad de Mexico en la que fueron cargadas las autopartes que llegaron a Buenos Aires, resulta ser económicamente rentable“. El avión cuestionado realizaba el servicio de flete “por lo que aun resulta más sencilla la expertis, ya que sólo resulta menester tener en cuenta el precio cobrado por el flete y los costos del viaje con todo lo que ello implica”.
Previo a la realización de la pericia también pidieron que se solicite con urgencia y como declaración jurada “a la empresa contratante del servicio cuál el precio pactado por el viaje como así mismo el definitivamente abonado por el mismo“. La DAIA también solicitó que se pida a Volkswagen Argentina “el precio de traslado que en definitiva abonara dividiendo los rubros o razones del monto abonado”.
Otro punto sobre el cual la querella pide que haya conclusiones con más celeridad se enfoca en las pericias sobre los teléfonos.
Fuente: Clarín
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