No hay Estado sin una adecuada Inteligencia estatal

Por Miguel Ángel Toma

El mal funcionamiento de las instituciones no se arregla destruyéndolas. Cuando funcionan mal se las debe reconstruir. Esto tiene particular significación cuando de inteligencia se trata.

Si no se tiene claro qué hacer con ella, lo que no se debe es decir que hay que deshacerla simplemente porque es políticamente correcto o porque queda bien frente a un progresismo al que hay que seducir por conveniencia electoral.

Plantear su disolución es, en el mejor de los casos, irresponsable, propio de una visión comarcal que no entiende la naturaleza y profundidad de las amenazas internas y externas que afectan los intereses estratégicos de la Nación.

Veamos cómo fue la conducta del kirchnerismo al respecto. Cuando la Secretaría de Inteligencia no fue funcional a sus intereses como gobierno, la desfinanció y gestó una estructura ilegal y paralela en cabeza militar, como en los tiempos del terrorismo de Estado.

Esto ocurrió mientras se negociaba el Memorándum de la Impunidad con Irán y dicha Secretaría era una piedra en el zapato por apoyar al fiscal Alberto Nisman en la investigación del atentado a la AMIA, que confirmaba palmariamente la responsabilidad de ese país y de Hezbollah en la voladura.

Y como en los años de plomo, el fiscal terminó asesinado y la estructura de inteligencia legal que lo apoyaba, destruida por la purga que barrió con sus mejores oficiales.

Periodistas, empresarios, opositores, curas y todo otro que implicara una amenaza a los fines de mantener en el poder a la nomenklatura gobernante, era objeto de seguimientos o campañas de desprestigio producto de ese espionaje interno, al que ya hemos definido como ilegal y paralelo.

Muchas fueron las carpetas encontradas en la casa particular de la actual Vicepresidente cuando el juez Bonadío allanó su domicilio en Calafate con información o escuchas telefónicas ilegalmente obtenidas.

Al desmantelar la Secretaría de Inteligencia se priorizó el interés circunstancial de un gobierno por sobre los intereses permanentes de la nación. Es que todas las autocracias confunden gobierno con Estado. Los Luises decían “L’ etat c’est moi” . Max Weber las conceptualizó como la visión patrimonialista del Estado.

Dicho de otra manera, si las instituciones no sirven al interés faccioso y circunstancial del gobernante autoritario, este las disuelve. Pero otros, no por autócratas, sino por ignorantes, terminan diciendo lo mismo. Eso sí, siempre argumentando algún fin moralmente elevado o políticamente correcto.

Normalmente se recurre a la necesidad cierta de su profesionalización. Esta propuesta es común a unos y a otros. Cuando en realidad lo primero que hay que hacer es despartidizar, reestructurar y a partir de ello recuperar los mejores cuadros desplazados o convocar a provenientes de diversos ámbitos e instituciones y formar a las nuevas generaciones. Y ni que hablar de la incorporación de nuevas tecnologías.

Las instituciones de inteligencia no pueden ser la variable de financiamiento de la militancia rentada ni sus fondos reservados utilizados para pagar mano de obra externa para la persecución, el control o la represión social.

Unos y otros también coinciden en desmembrarla: la Inteligencia criminal sólo en las fuerzas de seguridad, la inteligencia estratégica militar en manos de las Fuerzas Armadas y la inteligencia exterior en la Cancillería.

Pero ¿quién sintetiza a todas ellas? ¿Quién debe hacer la fusión en una visión integral que permita también un combate integral contra esas amenazas?

Vayamos a un ejemplo de lo que nos enfrentamos. Hoy en la Triple Frontera conviven y se articulan el EPP (Ejército Popular Paraguayo), PCC (Primer Comando Capital), CV (Comando Vermelho), Hamas, Hezbollah, opera la inteligencia cubana e Iraní con apoyo de Venezuela, y la narcoguerrilla remanente de las FARC y Sendero Luminoso.

Se sabe, por ejemplo, que tienen vínculos con las CAM en Chile (ya a principios de los ‘90 Moshen Rabbani fundó una mezquita en Temuco). En nuestro país, las RAM se vincularon con las FARC, concretamente con el prófugo Facundo Jones Huala. Desde perfumes truchos hasta droga o un Kalashnikov se puede comprar con delivery en Ciudad del Este.

Precisamente por esa ciudad ingresó en 1994 a nuestro país Hussein Ibrahim Berro, el militante de Hezbollah que se inmoló en la voladura de la AMIA. Y el avión venezolano iraní tripulado por miembros de la fuerza AL Quds estacionado en Ezeiza, casualmente hizo escala en esa ciudad.

Este cocktail explosivo de grupos con objetivos distintos pero intereses coyunturales convergentes se puso de acuerdo, cada uno puso su parte y terminó asesinado en Colombia por sicarios el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que los investigaba a todos ellos. Cualquier similitud con lo que le pasó a Alberto Nisman no es pura casualidad.

El desafío de eliminar estas amenazas que afectan la vida, los bienes y la libertad de nuestro pueblo, la soberanía y la integridad territorial, como así también agrede a nuestra instituciones por su enorme capacidad de corromper ¿puede ser abordado por agencias separadas que no tengan un punto de fusión que integre la información parcial, elabore inteligencia estratégica y coordine las operaciones para neutralizarlas?

Bajo ningún punto de vista, es la única respuesta posible. Queda claro, finalmente, que sin un centro que integre, elabore y coordine lo que de su ámbito específico obtienen las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas, todo esfuerzo será parcial e inconducente. Y esa función es la que define a una central de inteligencia, como sabiamente ha planteado la ley 25.520.

Miguel Angel Toma fue secretario de Inteligencia y diputado nacional. Referente de la Fundación Encuentro Federal del Peronismo Republicano.

Clarín