Los cambios que se avecinan en el sistema legal israelí

Gali Baharav-Miara ocupa el puesto de Asesora Legal del Gobierno de Israel, que es el principal cargo jurídico dentro del poder ejecutivo israelí.

Ocupa el cargo desde el 7 de febrero de 2022, y es la primera mujer en ese puesto tan importante. Es una de las posiciones más relevantes e influyentes de cualquier gobierno israelí y una institución central dentro del sistema legal israelí. El Asesor Legal es designado por un período de seis años, es decir que trasciende el mandato de un gobierno.

El estatus del Asesor Legal se fortaleció a lo largo de los años y, en particular, y curiosamente, desde un gobierno de derecha que fue el de Menachem Begin.

Se trata de una función que se ejerce con independencia del poder ejecutivo, si bien sus márgenes de actuación siempre estuvieron en permanente discusión. Gali Baharav-Miara disertó ayer en la Conferencia sobre el sistema legal israelí llevada a cabo en la Universidad de Haifa, en la ciudad homónima, y pidió airear el debate público en torno a las iniciativas legislativas de la coalición ganadora en las últimas elecciones. Expresó su preocupación por la politización del sistema legal, que se visualiza en las iniciativas legales de los miembros de la coalición ganadora remarcando el daño que se podría producir al equilibrio de poderes del estado. Advirtió que las modificaciones trascendentes en el régimen constitucional israelí requieren un debate profundo, y no pueden ser objeto de cambio mediante el dictado de una legislación relámpago.

Asimismo, y sin rodeos, advirtió sobre el peligro que existe si bajo el pretexto de fijar nuevas políticas públicas, el poder político pretende influir en las decisiones legales relativas a tramites penales, investigaciones y procesamientos, que a su entender son de los temas más sensibles del sistema democrático de un país.

Obviamente que la funcionaria pone el foco en la propuesta de ley del legislador Itamar Ben-Gvir, perteneciente a la nueva coalición triunfadora, que tiene por objeto someter a la policía al control político, con la excusa que el poder político tiene la potestad de fijar las políticas públicas.
Concluyo que Incluso en un país donde el gobierno es elegido democráticamente, el principio del gobierno de la mayoría por sí solo no es suficiente para garantizar la libertad y la igualdad ante la ley. El gobierno de la mayoría, sin un sistema constitucional que equilibre el poder de la mayoría, no sería democracia en esencia. Es así que el debate público sobre los proyectos legislativos de la coalición elegida en las últimas elecciones está en plena efervescencia, y no se descarta que se produzcan permanentes cortocircuitos entre los diferentes estamentos del estado.

DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ