Los intereses geopolíticos tras la crisis del Perú

En las últimas dos décadas, el Perú ha mantenido un crecimiento económico sostenible que le ha valido la calificación crediticia A3, con un PBI per capita de u$s 14.620, que lo ubica en el puesto 46 y con un Índice de Desarrollo Humano positivo del 0.77, en el puesto 79, según el último Informe Anual del Banco Mundial, a lo que se suma una Inflación Anual del 6.43%, una de las más bajas de Latinoamérica, incluso en el sector de las IED, en el 2018 las mismas superaron los u$s. 6.700 millones, superando a Uruguay, Chile y Bolivia, y para el año pasado, las reservas de oro ascendían a 34,7 Tn., lo que sitúa al Perú en el puesto 55 a nivel mundial.

En este sintético cuadro de la economía peruana, se puede deducir que en el campo económico, las políticas implementadas han sido positivas, sin embargo en el mismo período, las crisis políticas e institucionales han sido recurrentes en lo que va desde el 2001, y sin remontarnos tanto, recordemos que en el 2018 tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ante un 2do. pedido de Vacancia Presidencial por el Congreso, asumió el vice Martín Vizcarra, quién heredó la debilidad parlamentaria de su predecesor, sumado a escándalos de corrupción que llevaron a disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias en septiembre del 2019.

En enero del 2020, fue elegido el Congreso y en marzo Vizcarra fue destituido por “Incapacidad Moral”, sucediéndolo Manuel Merino, quién renunció tras masivas manifestaciones con la muerte de dos manifestantes, asumiendo la presidencia Francisco Sagasti por un corto período de transición, en un escenario agravado por la pandemia del Covid 19, en el que se dio otro escándalo, el Vacunagate, lo que llevará a elecciones presidenciales en junio del 2021, donde no estuvieron ausentes los incidentes en los comicios y denuncias de fraude electoral, pero en síntesis, tras el ballotage, la Oficina de Procesos Electorales, el 15 de junio dio los resultados finales, el candidato del partido de izquierda Perú Libre, Pedro Castillo, obtuvo el 50,1% superando a la candidata de centro derecha, Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular, que consiguió el 49,9%, es decir, 44 mil votos menos que Castillo.

Es así, que se realizaron demandas y apelaciones por parte del partido Frente Popular, por el caso 945 pedidos de nulidad, sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones las rechazó y observadores internacionales de la OEA, la U.E. y la Asociación Civil de Transparencia, desestimaron las acusaciones, pero quedó en evidencia una fuerte polarización en la sociedad peruana, que se refleja geográficamente, Perú Libre triunfó en una franja que se extiende del norte, es más delgada en el centro y se amplia en todo el sur peruano, fronteras con Chile y Bolivia, mientras que todo el oriente, frontera con Brasil, más el norte y centro costero, ganó Fuerza Popular

En este escenario, Castillo asumió la presidencia el 28 de julio del 2021, un gobierno que se caracterizó por las polémicas y acusaciones por el nombramiento de funcionarios públicos con antecedentes penales o poco o nada idóneos, como también denuncias por corrupción y la posición cuasicensora hacia los medios de comunicación, en particular sobre la prensa opositora, todo lo cual fue agravando la crisis política e institucional, a lo que se sumó el nulo respaldo de las FF.AA. y la Policía Nacional, lo que llevó a que Castillo, después de sortear dos pedidos de Vacancia Presidencial del Congreso, el 7 de diciembre ppdo., declarar el cierre del parlamento y la instauración de un “Gobierno de Excepción”, en otras palabras, un “Auto Golpe”, pero el Poder Judicial condenó las acciones de Castillo, y todo el gabinete renunció y el Congreso votó su destitución, para ser luego detenido por la Policía Nacional, asumiendo la vicepresidente Dina Boluarte, de conformidad al mecanismo de sucesión presidencial que norma la Constitución, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la presidencia del Perú, habiendo ejercido antes como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y es presidente “pro tempori” de la Comunidad Andina, y que es apoyada por el presidente del Congreso, José Williams del partido de derecha Avanza País.

Desde entonces el país andino está inmerso en una escalada de violencia, crisis que se agrava día a día, más allá que tanto la Justicia, el Legislativo, las FF.AA. y la Policía Nacional apoyan las medidas adoptadas por la presidente Boluarte, entonces, ¿porqué continúan los incidentes?.

Pues bien, para intentar entender la situación del Perú, es necesario conocer que la sociedad peruana está compuesta por un amplio porcentaje de mestizos, el 46% más un 14% de indígenas, en particular quechuas y aimará, un 20% de blancos, un 10% de afrodescendientes y un 10% de asiáticos, lo que sin embargo posibilitó un sincretismo cultural pero no una verdadera inclusión social igualitaria, a lo que se suma la polarización política, por eso no extraña que los protagonistas de los violentos ataques a edificios e instituciones públicas, militen en agrupaciones que integran el Movimiento Federación Agraria Revolucionaria de Cusco o FARAC, que forma parte de una iniciativa de proyección latinoamericana, RUNASUR, la que está integrada por organizaciones sociales, sindicales e indígenas, un proyecto creación del expresidente boliviano Evo Morales.

Pero antes de exponer el objetivo de RUNASUR en el Perú y su importancia geopolítica, vale recordar dos circunstancias, la 1ra., que en el 2001, con la reinstauración de la democracia tras dos décadas del terrorismo de Sendero Luminoso, Tupac Amaruc y el Fujimorato, el entonces presidente electo Alejandro Toledo negoció el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., el que tuvo un fuerte rechazo del sector del campesinado, en particular, de la región del sur peruano, más allá que dicho Acuerdo es parte de un abanico de convenios comerciales que ha firmado Perú que involucran tanto a Washington como a otros actores del escenario Asia-Pacífico, como ser Japón, Corea del Sur o China.

La 2da. fue la presencia y actividad desplegada por Evo Morales tras la asunción de Castillo en el 2021, con una fuerte injerencia en los asuntos de política interna, que llevó al Congreso ha declararlo “Persona No Grata”, tras lo cual el líder cocacolero lanzó el proyecto RUNASUR, el que cumple ya un año.

Ahora bien, el objetivo de las violentas manifestaciones no es sólo restituir en el poder a Castillo, sino algo más amplio con efectos geopolíticos, veamos, los más virulentos ataques a Comisarías, sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público se han dado y se dan en las provincias de Puno y Cuzco, con un saldo de más de 50 muertos entre manifestantes y policías, con un pequeño gran detalle, entre los atacantes hay tanto peruanos como bolivianos, y buscan constituir un gobierno de facto para luego declarar la secesión de ambas provincias del Perú, y según informes de la Inteligencia peruana, el financiamiento de estos grupos es de Evo Morales, lo que ha motivado que el gobierno limeño haya decretado la Prohibición de Entrada al país del citado expresidente boliviano, junto al menos 10 ciudadanos bolivianos más.

Justamente, Cuzco y Puno, esta última rica en Litio, son de los más fuertes bastiones que tuvo Castillo y forman una verdadera cuña de la proyección de la visión de Morales desde Bolivia, mientras tanto, la llamada “Toma de Lima”, es sólo una operación de presión y distracción, con la participación de manifestantes llevados desde Ayacucho, Andahuayla y las dos provincias citadas, pues el objetivo principal está en el sur peruano.

Para tener una profunda visión geopolítica, recordemos que en el último decenio del Siglo pasado, con la caída del Imperio Soviético, el régimen castro-comunista de La Habana quedó en lo inmediato huérfano, se tuvo que reconstruir y se valió de Hugo Chávez Frías para largar una versión revisionada de su Revolución Cubana, es el Socialismo del Siglo XXI, pero con el mismo objetivo, exportar el ideario castro-comunista a toda Latinoamérica, así se conformó el eje Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia, del que en la actualidad sólo el Ecuador ya no lo conforma, pero el gobierno del presidente Lazzo, tiene que hacer frente a crisis que son instrumentadas desde La Habana y Caracas, y para dar una estructura orgánica al Socialismo del Siglo XXI, primero fue el Foro de San Pablo y tras la asunción de López Obrador en Méjico, el Grupo de Puebla, y de esta manera la izquierda revolucionaria busca destruir las democracias liberales latinoamericanas, valiéndose de aprovechar las debilidades y errores de las mismas para cooptar a movimientos sociales y sindicales, fogonear la polarización y lograr llegar al poder a través de elecciones, como el caso de la Colombia de Petro, o bien la acción violenta y armada reivindicando derechos de pueblos indígenas, como sucede en la Patagonia argentina y en el sur de Chile, con yacimientos de petróleo, gas y agua dulce, y como lo vemos ahora en el Perú, en la región rica en Litio, Puno, casualidad? No, sólo intereses geoeconómicos.

Finalizando la columna de hoy, es necesario hacer algunas consideraciones, la primera es, señalar como algunos medios de comunicación y dirigentes políticos y sociales alineados al llamado “Progresismo”, tendenciosamente hacen hincapié en las medidas represivas adoptadas por el gobierno del Perú, aunque estas se ajusten al marco legal y constitucional peruano, para restaurar el orden público e impedir los violentos ataques a las instituciones, incluso minimizando o callando las agresiones a funcionarios públicos, al igual de las quemas o destrucciones de edificios del gobierno, la segunda es, la tremenda desfachatez de Evo Morales de denunciar al Estado peruano de violaciones a los DD.HH., cuando es quién financia el accionar violento de los manifestantes para materializar sus objetivos geopolíticos, que no son más que instrumentos de la expansión del llamado Socialismo del Siglo XXI, o mejor dicho la visión castro-comunista de La Habana, y la tercera es, la que involucra a nuestro país, donde el gobierno nacional se alinea con las dictaduras latinoamericanas de Díaz Canel, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y con Evo Morales, el poder detrás del gobierno boliviano, y con proyectos o medidas que avasallan el principio republicano de la independencia y división de poderes y que en definitiva atentan gravemente al orden constitucional y democrático, por eso nada mejor que aquella frase que dijo Winston Churchill, “…la democracia es el peor de los sistemas políticos, pero no hay otro mejor…”.