¿Víctimas o verdugos? Pena de muerte, terrorismo y violencia política en el debate en la Knesset

Por Esteban Silva, para Radio Jai

La pena de muerte solamente ha sido aplicada en una ocasión en el Estado de Israel a lo largo de su historia: para la ejecución del criminal nazi Adolf Eichmann, en 1962. El carácter excepcional de dicha sentencia vuelve al debate público en la coyuntura política actual frente al proyecto de ley que prevé la imputación de la pena capital para personas definidas como “terroristas” que atenten contra la vida de ciudadanos israelíes.

Esta iniciativa, que será debatida en la Knesset en la agenda legislativa del día miércoles, propone una modificación a la legislación actual, buscando que los tribunales puedan condenar a muerte a los culpables de terrorismo mediante mayoría simple, en una votación de tres jueces (actualmente se necesita la unanimidad). Este proyecto es ampliamente apoyado desde la coalición de gobierno derechista presidida por Benjamín Netanyahu.

En su pronunciamiento reciente, la ONU menciona que la ley propuesta afianza aún más dos clases de leyes penales en el Estado: “una clase que privilegia y protege a los ciudadanos judíos israelíes del Estado y que además ataca, margina y subestima las vidas de los ciudadanos palestinos de Israel y los palestinos que viven en el territorio palestino ocupado, y sus derechos fundamentales a la no discriminación y la autodeterminación”. A su vez, la Autoridad Nacional Palestina aduce que esta medida contribuiría a “perpetuar el apartheid llevado a cabo en violación del derecho internacional por parte del Estado de Israel”.

Por su parte, desde la coalición gobernante los mensajes de apoyo han sido directos: el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir ha buscado descalificar la preocupación de la comunidad internacional, validando desde “la moral y la lógica” la sentencia como parte de una reciprocidad por los recientes ataques sucedidos en el país. Por su parte, el ministro de Defensa Avigdor Lieberman ha asegurado que “medidas de ese tipo se llevan a cabo en otros estados, y que esta medida sería un soporte al sistema democrático existente en el país”. El mismo Netanyahu declaró el 3 de enero, que “en casos extremos, cuando alguien asesina y ríe, no debe pasar el tiempo en prisión, sino ser ejecutado”.

Ante la sombra de la pena de muerte en Israel: legal, pero nunca usada

Antes del establecimiento del Estado de Israel, la pena de muerte fue un mecanismo existente tanto contra judíos como árabes durante el Mandato Británico de Palestina. Claros ejemplos de la aplicación de esta pena se dieron durante la Revuelta Árabe (década de 1930) y el surgimiento de los movimientos judíos Etzel y Lehi (década de 1940). El gobierno del Reino Unido condenó a muerte a ciudadanos mediante medidas de emergencia que permitían que estos civiles fueran juzgados por tribunales militares.

A su vez, los fundadores del Estado de Israel identificaron la pena de muerte con el mandato opresivo del gobierno colonial. Sin embargo, durante la Guerra de Independencia (1948) la milicia israelí ejecutó extrajudicialmente a Meir Tobianski, un oficial del Tzahal acusado erróneamente por traición y posteriormente absuelto. Este hecho histórico fue el detonante para que, en 1954, la Knesset decidiera abolir la pena de muerte en caso de asesinatos, recordando los peligros de la sentencia capital y reemplazándola por la cadena perpetua. Sin embargo, Israel mantuvo la legislación británica de emergencia que permitía la pena de muerte en caso de violación a la seguridad nacional; a su vez, mantuvo la Ley sobre Criminales Nazis (que mantuvo la pena en el caso específico).

La pena de muerte y la violencia política

El principal grupo considerado como una amenaza de seguridad para Israel, a lo largo del tiempo, han sido los palestinos (dentro y fuera del territorio israelí). En este caso, este grupo se ha mantenido como el principal potencial impuesto bajo la pena de muerte según la Ley de Emergencia. Sin embargo, después del juicio a Eichmann, esta pena no se ha impuesto en casos de delitos contra la seguridad como tal; el argumento es que las ejecuciones no contribuyen al interés de Israel, ya que los condenados suelen ser venerados como mártires. Sin embargo, la pena de muerte se ha mantenido legal en casos específicos, mediante la decisión unánime de un jurado colegiado de jueces.

La legislación propuesta define al “terrorista” como aquel que “intencionalmente o por indiferencia cause la muerte de un ciudadano israelí, cuando el acto se lleve a cabo por un motivo racista o de odio a un determinado público (…) y con el propósito de perjudicar al Estado de Israel”. y el renacimiento del pueblo judío en su patria”. Todo ello, dentro del paquete de reformas judiciales que buscan disminuir el poder de la justicia independiente en Israel.

En medio de la oleada de violencia que viene asolando Israel y los territorios de Judea y Samaria en los últimos meses, los recientes atentados en contra de civiles israelíes y la quema de la villa palestina de Huwara ponen sobre la mesa dos debates necesarios: 1) ¿es válida la justicia por las propias manos, justificada desde la coalición de gobierno?; 2) ¿es válido el poder del gobierno sobre la vida y la muerte de los ciudadanos como solución a la crisis, en este escenario convulsionado?

Una encuesta publicada en agosto de 2017 por el Israel Democracy Institute, más de dos tercios (70%) de los israelíes encuestados apoya la pena de muerte para los palestinos que han matado civiles. Esta radicalidad se explica por la serie de brutales atentados palestinos perpetrados contra ciudadanos israelíes, en territorio propio y en colonias, en los últimos años. A esto se añade que miles de prisioneros palestinos, algunos de los cuales han matado a israelíes, han sido liberados en virtud de los Acuerdos de Oslo o mediante el intercambio de rehenes. Por ejemplo, 2011, Israel liberó a mil prisioneros palestinos para recuperar al soldado franco-israelí Gilad Shalit, retenido por Hamás.

Raphaël Chenuil-Hazan (en entrevista para Equal Times), asegura que la opinión pública no debería dictar a los Gobiernos las “grandes cuestiones humanísticas”. “Debemos educar a la opinión pública, informarla de que la justicia no se logra a través de la venganza. Sobre todo, no se alcanza aplicando la pena de muerte, que es una práctica bárbara, injusta y discriminatoria, que abre el camino a errores judiciales de consecuencias irreversibles”, explica. A su vez, el rabino Yitzhak Yosef asegura que “la agitación alrededor del proyecto de ley también pone en peligro a la comunidad judía en el mundo”.

¿Por qué es un peligro el proyecto de ley debatido en la Knesset?

En el caso del castigo por terrorismo, nuevamente el castigo final llega a sus límites. Debido al aspecto político de estos crímenes, los militantes ejecutados serían aclamados como mártires en sus propias sociedades y en la arena política. El martirio también representaría la inversión de los roles de víctima-perpetrador: el perpetrador de la acción terrorista sería presentado como una víctima y el Estado sería visto como un verdugo, un tipo diferente de perpetrador.

El Estado de Israel, a lo largo de su historia republicana, ha mantenido una política abolicionista alrededor de la pena de muerte referida a crímenes comunes. En ese sentido, medidas empujadas por la presión política y social que ponen en debate la vida o la muerte de una persona en manos de la justicia en un contexto de convulsión constituyen un retroceso, tanto para el sistema democrático israelí como su reputación internacional.

Esteban Silva es Politólogo. Master of Arts en Estudios Migratorios por la Universidad de Tel Aviv, Israel.