Israel, camino a la desconfiguración

Por Esteban Silva, para Radio Jai

Desde su concepción, el control constitucional está destinado a proteger la independencia de poderes en los Estados modernos. La Constitución, los Tribunales y el sistema judicial están destinados a mantener la total imparcialidad de quienes administran la ley, y a su vez le otorgan al ciudadano de a pie garantías sobre sus derechos, así como acceso a los mecanismos necesarios en caso estos no sean respetados.

La reforma judicial propuesta por la coalición liderada por Benjamín Netanyahu amenaza con romper este equilibrio de poderes, existente hasta el día de hoy en el Estado de Israel. En principio, plantea que el Poder Ejecutivo (liderado por el partido que obtenga la mayoría parlamentaria) nombre a los jueces del Tribunal Supremo; a su vez, las decisiones de la corte pueden ser anuladas por la Knesset, cuya composición también depende del partido o alianza política que ostente la mayor cantidad de escaños. Esto, sin duda alguna, pone a las instituciones más importantes del sistema judicial a merced del Parlamento, el cual puede decidir según su conveniencia por sobre los controles y las sentencias que regulan el poder político. Dicho de forma coloquial, el primer ministro y su colectividad política se convierten en “juez y parte” sobre la justicia en el país.

Al día de hoy, las manifestaciones multitudinarias alcanzan récords históricos de afluencia en las principales ciudades del país. Tel Aviv, Haifa, Jerusalén, Netanya y las urbes más pobladas del Estado de Israel se manifiestan semanalmente en contra de la reforma, aduciendo que “se ha perdido la democracia en el país”; asimismo, las organizaciones de derechos humanos aseguran que este paquete de modificaciones sepultará las garantías constitucionales para las minorías étnicas y sociales del país, especialmente la comunidad árabe israelí y las disidencias sexuales que poseen libertades civiles.

¿Por qué la reforma judicial representa un peligro latente para el sistema democrático del Estado de Israel?

Para sorpresa de todos, Benjamín Netanyahu instaló en el gobierno una coalición ‎conformada con pequeños partidos supremacistas, y les prometió:

• retirar de las Leyes Fundamentales la 7ª cláusula‎, que prohíbe la participación en las elecciones a ‎los partidos abiertamente racistas;‎
• modificar la ley antidiscriminación para poder financiar eventos o estructuras que practican la ‎separación de sexos y para poder autorizar la negación de servicios por razones religiosas;
• obligar las autoridades locales a financiar las escuelas ultra ortodoxas, incluso las que no estén ‎bajo control de la administración central, que no siguen los programas y que se niegan a enseñar ‎las materias laicas básicas, como las matemáticas y el inglés;
• quitar al ministerio de Ayudas Sociales el otorgamiento de bonos de alimentación y poner esa ‎prerrogativa en manos del ministerio del Interior, que aplicará como criterio de otorgamiento el ‎no pago de impuestos, sabiendo que los ultra ortodoxos están eximidos del pago de impuestos, ‎independientemente de sus recursos.

Con estos fines, una de las reformas que entraría en vigor es la modificación a una “ley básica” de carácter casi constitucional sobre el sistema judicial y la otra revisa el sistema de selección de jueces.

Según el Gobierno, el proyecto está diseñado para poner fin a la extralimitación en la política por parte de un Tribunal Supremo poco representativo. Pero para los críticos, Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción, quiere frenar la supervisión de la legislación por parte del Tribunal Supremo y dar al Ejecutivo demasiada influencia en el nombramiento de jueces. También busca la reducción de los poderes de los asesores jurídicos en los ministerios.

El primer ministro busca dar al Gobierno el control de facto sobre los candidatos al Tribunal Supremo, un papel que hasta el momento es desempeñado por un panel mixto de políticos, jueces y miembros del colegio de abogados. El proyecto también otorgaría al Parlamento el poder de anular las decisiones del Tribunal Supremo mediante una votación por mayoría simple.

A partir del control sobre las instituciones que defienden las Leyes Fundamentales del Estado de Israel (ante la ausencia de una Constitución formal), todo tipo de sentencias desde el Tribunal Supremo pueden ser ignoradas, poniéndose en marcha con la venia del Parlamento y los políticos.

Si las reformas son declaradas ilegales por el propio Tribunal Supremo antes de entrar en efecto, como menciona el ex primer ministro Ehud Barak, las fuerzas del orden deberían definir a quién obedecer, creando una crisis constitucional sin precedentes en la historia del Estado de Israel.

Deshumanizando al diferente: los riesgos de la reforma judicial en contexto

Se especula que el primer supuesto de la reforma judicial es librar a Benjamín Netanyahu, primer ministro, de los cargos por soborno, fraude y abuso de confianza por los cuales es acusado por la Fiscalía General del Estado de Israel. Sin embargo, en este intento desesperado por tomar el control del sistema de justicia, el país puede dar un vuelco inesperado en su posición como régimen democrático, un oasis entre las autocracias del Medio Oriente.

En la composición actual del Ejecutivo y la Knesset, se encuentran políticos de orientación ultraderechista, entre ellos ex militantes del kahanismo (movimiento declarado “terrorista” por USA y el propio Estado de Israel por sus proclamas racistas y xenófobas. Por ejemplo, el hoy ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha declarado abiertamente que se encuentra a favor de la separación de las madres judías y árabes por motivos étnicos en los hospitales israelíes; Itamar Ben Gvir, hoy ministro de Seguridad Nacional y ex militante kahanista, ha sido acusado en el pasado por la propia Policía de azuzar a la población en contra de la población de origen árabe, incluso amenazando con un asalto a la Mezquita de Al-Aqsa (lugar sagrado para los musulmanes), así como expresando un discurso antiinmigratorio durante su campaña electoral, en la cual se apersonó armado en el barrio de Shapira, en Tel Aviv (tradicionalmente habitado por migrantes refugiados y solicitantes de asilo). Otros miembros de la alianza electoral que llevó a Netanyahu al poder han hablado abiertamente en contra de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ -que en los últimos años ha logrado conquistar el respeto a la libre expresión de su personalidad-, mediante el regreso de las terapias de “reconversión” y la prohibición de la Marcha del Orgullo en Jerusalén (Avi Maoz, de los Sionistas Religiosos).

Esta reforma también dejaría carta libre a la construcción de nuevos asentamientos contra el derecho internacional, confiscación de tierras palestinas y el proyecto sobre la pena de muerte, previamente tratadas en este mismo medio.

Dividiendo al país y a la comunidad judía: el efecto inmediato del despropósito

En el campo económico, el nuevo shekel (moneda israelí) se depreciaba un 0,6% frente al dólar debido a la inestabilidad provocada por las reformas. Economistas, dirigentes del sector bancario y de empresas de alta tecnología temen por una posible fuga de inversores y capitales de Israel. Sin embargo, para el presidente de la Comisión de Finanzas de la Knesset, Moshe Gafni, jefe del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, “no hay ningún vínculo entre las reformas del sistema judicial y cualquier golpe a la economía de Israel” y añadió que “cualquier intento de vinculación está politizado”. Sin embargo, en el país de las startups y high-tech companies, las propias empresas han autorizado eventualmente a sus trabajadores a participar de las multitudinarias manifestaciones.

Diversas instituciones públicas se han pronunciado con respecto a los rumores de medidas xenófobas en el país, entre ellas la Universidad de Tel Aviv. El rector de dicha casa de estudios, Prof. Ariel Porat, ha asegurado mediante carta abierta que dicha alma máter no cooperará con ninguna acción que adopte la discriminación como política de Estado.

A su vez, varios ex jefes del Mossad (servicio de inteligencia del Estado de Israel) han asegurado que los soldados pueden desobedecer órdenes del gobierno de forma legítima ante esta situación. En su punto más álgido la crisis ha llegado al ejército, ya que miles de reservistas han anunciado que no participarán en los entrenamientos, y solo cumplirán los cometidos mínimos a los que son enviados; entre ellos el Escuadrón 69, responsable de acciones antiterroristas estratégicas, que ha manifestado que dedicará su tiempo a la “reflexión por el bien de la unidad nacional y la democracia”. Las Fuerzas de Defensa de Israel constituyen la institución estatal mejor valorada del país, creando un punto de quiebre en la opinión pública debido a su rol fundamental en la sociedad israelí.

La comunidad judía en la diáspora no ha sido ajena a la controversia: EL AL, aerolínea de bandera del país, se ha negado a transportar a Benjamín Netanyahu a Roma debido a la situación política; asimismo, desde Nueva York los líderes judíos se han negado abiertamente a recibir al ministro Smotrich durante su visita a los Estados Unidos.

A modo de conclusión

El gobierno de Netanyahu, que promueve la justicia por mano propia y que ignora la voluntad popular expresada en las multitudinarias protestas de rechazo a su accionar, pone en riesgo la estabilidad del Estado de Israel. Romper el equilibrio constitucional no solo liberará el camino al extremismo, sino que aspira a destruir la coexistencia pacífica y la tolerancia que tantos años ha costado construir al pueblo de Israel. En esa misma línea, la seguridad del Estado es una puerta abierta a la violencia y las amenazas geopolíticas que acechan al país.

¿Qué líder judío se arriesgaría a promover una guerra civil en Israel, y a destruir la legitimidad y el progreso construido a través de los años por un interés personal?

Israel, la única democracia con independencia judicial y de poderes en el Medio Oriente, se acerca vertiginosamente hacia un destino peligroso.

Esteban Silva es Politólogo, máster en Estudios Migratorios por la Universidad de Tel Aviv (Israel)