Deshumanizando al migrante: alrededor de la crisis fronteriza entre Perú y Chile

Esteban Silva, para Radio Jai

Desde hace dos semanas, la frontera entre Perú y Chile se ha convertido en un problema de importancia nacional para ambos países, y en un dolor de cabeza para las fuerzas de seguridad. Las recientes políticas restrictivas a la migración en Chile han provocado un nuevo éxodo de movilización hacia la frontera norte, principalmente de ciudadanos venezolanos, ecuatorianos y haitianos, con el objetivo de escapar del país con rumbo a sus naciones de origen.

Durante este tiempo de confrontación, la Policía de Fronteras peruana se ha visto sobrepasada en su capacidad por un aumento considerable en la cantidad de migrantes que desean cruzar los bordes del país, en muchos casos indocumentados o sin cumplir los requisitos necesarios por ley. Los cancilleres de ambos países habían aceptado la habilitación de un “corredor humanitario” que permita a los ciudadanos poder cruzar territorio peruano para continuar su rumbo; sin embargo, las trabas diplomáticas existentes con los países de destino (especialmente entre el gobierno chileno y el régimen de Nicolás Maduro) han demorado una solución viable a la controversia.

Por su parte, el gobierno peruano se sigue resistiendo al paso de los migrantes por el país. La presidenta Dina Boluarte ha culpado a la migración del aumento de la criminalidad en los últimos meses, mientras que el primer ministro Alberto Otárola asegura que “Chile está tirándole sus problemas al Perú para no solucionarlos”. Se ha decretado en la frontera de Tacna el estado de emergencia, aumentando el contingente policial en la zona e incrementándose los enfrentamientos entre efectivos y familias de migrantes que permanecen a la intemperie, en búsqueda de una resolución positiva.

¿Por qué una ola migratoria escapa de Chile con rumbo a su país de origen, y por qué la reticencia en Perú a recibirla? ¿Qué factores han orillado un nuevo éxodo en Sudamérica? ¿Qué soluciones factibles y humanitarias existen frente a esta situación de emergencia?

Migración haitiana y venezolana en Sudamérica: cifras y explicaciones

La migración haitiana en Chile es un fenómeno de larga data, especialmente desde la Gran Crisis del 2004 (revuelta militar que derrocó al presidente Jean Bertrand Aristide) y el devastador terremoto de 2010. De acuerdo al Servicio Jesuita para los Migrantes (SJM, entre 2010 y 2017 el ingreso de ciudadanos haitianos a Chile aumentó de 988 a 110.166; asimismo, en 2019 se censaron 185.289 haitianos residiendo en el país del sur. Sin embargo, SJM también reporta un saldo migratorio negativo desde 2019 hasta la fecha: más haitianos están abandonando Chile en comparación con aquellos que entran al país. Siguiendo los reportes de CEPAL y la BBC, esta situación responde a la precarización laboral y la discriminación constante. La barrera idiomática, la diferencia racial con el promedio de la población chilena, la falta de oportunidades y las dificultades para regularizar su estatus legal han provocado este nuevo éxodo.

Si bien el estado chileno ha aportado por casi una década herramientas de interpretación del creole haitiano a diferentes servicios (especialmente la salud), esto no ha sido suficiente para controlar el problema a nivel social. El acceso al voto (que es universal en el país y está permitido a migrantes residentes) se ve permanentemente restringido a esta comunidad (la tercera más grande en el país), y de acuerdo a CEPAL (2022) las políticas restrictivas de la gestión de Sebastián Piñera ocasionaron demoras en el acceso a visas, así como la predilección de “programas de retorno seguro”.

Por su parte, el éxodo venezolano iniciado en 2015 ha movilizado a 1 millón y medio de ciudadanos a Perú, y 450.000 a Chile. Producto de la crisis económica que azota al país llanero, y a la persecución política ejercida por el régimen autoritario de Nicolás Maduro, el continente entero empezó a acoger masivamente a comunidades de migrantes venezolanos en sus territorios.

Perú, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, aprobó los Permisos Temporales de Permanencia (PTP) para formalizar a miles de inmigrantes; sin embargo, las exigencias se fueron endureciendo y finalmente se exigió la expedición de pasaportes y visas, que exceden los costos de muchos migrantes en el país. En este país se observa una situación permanente de precarización laboral (73% de informalidad en la economía peruana), integración en los servicios públicos (educación y salud) y también una permanente culpabilización por parte de los actores políticos con respecto a problemas urbanos (especialmente en las últimas campañas electorales). Por su parte, en Chile se han dado episodios de hostilización contra los migrantes, como la quema de campamentos temporales en Iquique y Antofagasta en 2020 y 2021; pese a los esfuerzos de integración, estas situaciones continúan tanto en la fuerza mediática como en la opinión pública.

Entendiendo las taras alrededor de la migración: mitos y realidades

Las teorías sobre estudios de la migración internacional, las experiencias comparadas y el devenir cotidiano nos enseñan que el movimiento de personas entre países diferentes usualmente trae consigo una infinita lista de prejuicios y comentarios: aumento de la delincuencia, contagio de enfermedades, vicios culturales que “amenazan al país de recepción”, entre otros. Se entiende también que la forma de adaptación de un migrante a su nuevo hogar de acogida depende en gran parte de la recepción en la sociedad del país de destino; de acuerdo al modelo clásico definido por Berry (1980) encontramos estrategias positivas (asimilación e integración) y negativas (segregación y marginalización).

La integración responde a la aceptación cultural dentro de una sociedad establecida, mientras que en la asimilación se combinan y adaptan costumbres a la nueva sociedad; en la segregación, el migrante conserva sus costumbres de forma separada a la comunidad y de forma colectiva, mientras que la marginalización se expresa un rechazo a las diferencias culturales dentro de la sociedad de recepción.

Los estudios demuestran que no ha existido un aumento de la criminalidad directamente relacionado con la migración, ni en Perú ni en Chile. De acuerdo a Equilibrium CenDE, se sobreentiende que el aumento de la población carcelaria y los crímenes sigue siendo completamente proporcional al aumento de la población nacional. Sin embargo, de acuerdo a la Policía Nacional del Perú se sabe que sí existen nuevos métodos criminales “importados”: tipos de extorsión, robos y asesinatos a sueldo que no existían en los países y que requieren nuevas formas de combate. Sin embargo, en la opinión pública sí existe una corriente mayoritaria: Las principales encuestas de pulso social arrojan los siguientes datos: cifras del Diario El Comercio (2019) mostraban que el 67% de ciudadanos de Lima desaprobaba, por sí misma, la inmigración venezolana en el país; se considera que la principal razón de este rechazo es “el aumento de la delincuencia y/o actividades delictivas” (54%), seguido de argumentos referidos al aumento del desempleo (46%), la informalidad en el país (44%) y el desorden público (38%).  Según Active Research (2019), el 64% de la población nacional tiende a pensar que “la inmigración aumentará la delincuencia y el desempleo para los peruanos”.

El uso político de la migración venezolana y el desborde de la capacidad estatal

Gustave Le Bon (1995), estudioso de la psicología de masas, afirmaba que la sugestibilidad de la masa social orientaba sus sentimientos en un sentido determinado; por ello, el rol de los medios era “penetrar una idea en el espíritu de las masas” (Le Bon, 1995). En ese aspecto, desde la psicología política se esbozan algunos pasos se utilizan desde el rol de los medios para este fin: en primer lugar, la opinión pública se ve direccionada hacia un tema particular que se presenta como el más importante en un momento determinado mediante la agenda-setting o “establecimiento de la agenda” (Kinder, 2003); posteriormente, se estimula a la población objetiva para atraer su atención hacia el tema determinado en un proceso llamado priming (Kinder, 2003); finalmente, estos estímulos se enmarcan en un conjunto de referencias o criterios que crean necesidades y reafirman valores, esquemáticamente, para influir en la toma de decisiones por parte del individuo en un proceso denominado framing (García Beaudoux & D’Adamo, 2007).

De esta forma, tanto la opinión pública como la agenda política no han sido ajenas al evidente problema de percepción. El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (2020) asegura que, para su población encuestada, existe una representación del fenómeno por parte de los medios de comunicación, que refuerza la imagen del inmigrante venezolano como “agresor y delincuente”, así como indicaría ciertos comportamientos irrespetuosos y violentos.

Dentro de la agenda pública, la inmigración de ciudadanos venezolanos en el Perú ha sido motivo de debate constante para los actores políticos. La reciente campaña electoral en el país derivó en situaciones alarmantes; desde frases xenofóbicas reportadas por los medios hasta grabaciones de agresiones entre migrantes y candidatos políticos, el fenómeno migratorio se convirtió en uno de los puntos importantes de la discusión alrededor de los planes de gobierno.

Ello requirió, entre tanto, la definición de posiciones políticas respecto de la inmigración en el país. RFI (2021) reporta que durante el proceso electoral no existieron posiciones drásticas que propusiera la expulsión de todos los inmigrantes irregulares; sin embargo, sí existieron declaraciones abiertamente confrontacionales, así como proyectos de ley y propuestas de campaña destinadas a regular una eventual expulsión de migrantes en caso de cometer algún delito en territorio nacional; dentro de estas, se mencionaba a los ciudadanos venezolanos como “principales componentes de bandas delincuenciales”, sin sustento técnico alguno que confirmara esta premisa. Según Ojo Público (2021), las posiciones vertidas por los principales actores políticos durante la campaña electoral habrían exacerbado actitudes xenófobas y discriminatorias a nivel de redes sociales en el país.

A modo de conclusión: ¿Corredor humanitario?

Los corredores humanitarios son “vías que facilitan la circulación segura, libre de ataques, de la ayuda humanitaria y de las víctimas de los conflictos armados” de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario. La posibilidad de activar “corredores humanitarios” en casos de emergencia se planteó en primera instancia en el marco de una Asamblea General de la ONU de 1990, explica el Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo de la Universidad del País Vasco. Una resolución de la asamblea sobre asistencia humanitaria en casos de emergencia proponía que se pudieran crear “corredores de socorro” para distribuir alimentos y ayuda médica, y que estos se establezcan en forma “concertada” entre los gobiernos afectados y las organizaciones implicadas en cada caso.

Ya en el pasado Ecuador decidió activar corredores humanitarios para autorizar el paso de migrantes venezolanos hacia Perú (2018); sin embargo, hay que remarcar que este concepto proviene del vocabulario bélico, propio de la guerra. Implica además la necesidad urgente de dejar salir a quien no se espera que se quede.

A su vez, es necesario mencionar que en el caso de los refugiados y solicitantes de asilo, la obligación legal de los países receptores es no devolverlos al país del cual escapan. Las soluciones planteadas disimulan una xenofobia institucional fuerte, tanto por parte de Chile buscando deshacerse de un “problema” como del Perú, intentando contribuir de forma esquiva.