La reforma de la discordia-Es preferible una Corte extralimitada a un Gobierno desatado

Por Julián Schvindlerman

Hace poco el gobierno israelí aprobó la informalmente denominada “ley de la razonabilidad”. Alude a la práctica de la Corte Suprema de Justicia de bloquear decisiones ejecutivas apoyándose en el criterio de la razonabilidad. Su objetivo es evitar que la Corte apele a esa herramienta para interferir en decisiones del poder político.

El gobierno alega que la Corte se tomó este y otros atributos desde las décadas de los 80s y 90s en adelante y lo ve como un acto de usurpación política por parte de jueces elitistas alejados de la realidad de las masas. ¿Tiene sentido que la Corte tenga la potestad de detener decisiones de gobierno con solo catalogarlas de ser irracionales? ¿Es válido que jueces se basen no en leyes o jurisprudencia, sino apenas en su criterio técnico de lo qué es razonable y no lo es para validar o refutar decisiones de un gobierno electo democráticamente?

El gobierno de Netanyahu plantea que ello es un exceso de poder judicial y avasalla la atribución de gobernar del partido que ganó una elección nacional y ha dado forma a una coalición al cabo de negociaciones políticas extenuantes, cuyo resultado es la mayoría parlamentaria. Netanyahu et al sostienen que los jueces no son popularmente electos, a diferencia del gobierno, y que son elegidos en parte por los propios jueces, lo cual viciaría el proceso, al perpetuar una estirpe ideológicamente uniforme. Eso es cierto. Pero también lo es el hecho de que esta argumentación ha dado lugar a abusos políticos en muchos países, siendo Hungría el caso saliente. Y Netanyahu no está del todo indemne. Es el premier más longevo en la historia de Israel, superando incluso al padre fundacional, David Ben-Gurion, en años de gobierno. ¿Por qué inició esta reforma judicial justo cuando tiene causas pendientes con la Justicia?

La Corte alega que interfiere en la gestión política del poder ejecutivo solo ante situaciones de flagrante irrazonabilidad. Por ejemplo, el caso del ministro Aryeh Deri, quién, a pesar de ser un delincuente financiero convicto, la coalición lo incorporó al gabinete. La Corte afirmó que esa acción fue “extremadamente irracional” y obligó al gobierno a expulsar a Deri de su seno. La obstinación de Netanyahu en reintegrar a Deri al gabinete persiste. Si los jueces tienen razón o no en aplicar la vara de la razonabilidad puede ser debatible. Si existiese la vara de la moralidad, Deri debería quedar afuera.

A la vez, no siempre prevaleció en la Corte la coherencia, y su predilección progresista la expuso como una institución contradictoria bajo la vara de la misma razonabilidad. Recordemos qué, en 2022, cuando el gobierno interino de Yair Lapid cedió al Líbano partes del mar territorial de Israel y campos gasíferos en alta mar- apenas cinco días antes de las elecciones parlamentarias y en oposición a una ley que requiere una votación en la Knesset y un referéndum nacional para cesiones de este tipo-, la Corte Suprema validó la decisión del gobierno de Lapid. ¿Fue eso razonable?

No obstante, con todas sus imperfecciones, la Corte es el único contrapeso al poder oficial, dada la naturaleza de la democracia israelí, que es una democracia parlamentaria unicameral. El gobierno tiene 64 sobre 120 bancas en la Knesset, lo que implica que el poder ejecutivo y el poder legislativo están en sintonía. La Corte entonces es el único contrapeso real de poder que preserva el balance democrático en Israel, aun cuando se exceda a veces, incluso de manera arbitraria.

Al escuchar a las partes, se advierte que ambas tienen argumentos válidos. En consecuencia, hubiera sido ideal buscar el consenso en vez de avanzar por el camino de la imposición unilateral por simple mayoría. Sobre todo, ante un tema que es percibido como una reforma fundamental del sistema judicial, que toca con la integridad democrática de la nación. Acotar la vara de la razonabilidad puede ser criterioso. El problema es que esta cláusula es parte de un paquete de medidas que en su conjunto degradarían el poder de la Corte como un contrapeso legítimo al poder político.

Pocas cortes supremas del mundo democrático tienen la fuerza de la Corte Suprema israelí, e incluso muchos de quienes se oponen a la reforma en su conjunto coinciden con la evaluación de que la Corte se extralimita y tiene un sesgo izquierdista. Pero al balancear causas y consecuencias, parecen inclinarse por el lado menos peligroso de la ladera de la montaña: aquél que sugiere que es preferible una Corte jurídicamente extralimitada a un gobierno políticamente desatado.

Más allá del debate jurídico-político, es insoslayable el impacto del mismo en el cuerpo social de Israel. Netanyahu debería meditar si vale la pena el costo que Israel está pagando por su propuesta de reforma, dada la fragmentación social, la polarización colectiva, el debilitamiento de la cohesión en el ejército, la afectación de notas crediticias y su influencia negativa en la economía, el daño al brillo de la nación start-up, el deterioro de los lazos con aliados indispensables así como con parte de la judería mundial y, no menos grave que todo lo anterior, a la luz del envalentonamiento peligroso de los enemigos de Israel.

Claro que para frenar, o al menos pausar, esta iniciativa polémica se requiere de algo distinto a lo que ofrece hoy el liderazgo en Israel. Como anotó el columnista conservador del New York Times, Bret Stephens: “Un estadista se sacrifica por su nación. Un demagogo sacrifica a su nación por sí mismo”. Netanyahu supo ser un gran estadista en el pasado. Ahora debe decidir como querrá ser recordado.

Fuente: Mundo Israelita