La Aplicacion Judicial Del Principio De La Razonabilidad Durante La Guerra

Esta semana se planteó un debate judicial sobre la cancelación del transporte público dispuesta por el gobierno en el medio del conflicto bélico.

El Ministerio de Transportes comenzó a operar el sistema de trenes el sábado de la segunda semana de la guerra, del 13 al 14 de octubre, para poder trasladar a las fuerzas de seguridad. El fin de semana del 3 y 4 de noviembre también se renovó la actividad de las líneas de autobuses interurbanos, pero el Ministerio de Transporte lo ocultó al público deliberadamente para mostrar que había una baja demanda de traslados en shabat.

El fin de semana posterior, el 10 y 11 de noviembre, el Ministerio de Transporte decidió suspender el servicio, basándose en que el Ministerio de Defensa y el jefe del sistema de transporte de las FDI anunciaron que no necesitaban el servicio de tren durante Shabat. El Ministerio de Defensa desautorizó estas declaraciones, y afirmó que no se contactó con el Ministerio de Transporte en absoluto con respecto a la operación de trenes en Shabat. La decisión del Ministerio de Transporte de desactivar el transporte público los fines de semana se tomó a pesar de la guerra.
Ante estas circunstancias, la Fundación denominada “Movimiento por la Calidad del Gobierno” presentó la semana pasada una demanda contra la Ministro de Transporte Regev, el ministro de Defensa, Yoav Galant, y el asesor jurídico del Gobierno, Gali Beharev-Miara, en la que afirma que la decisión de suspender el transporte público durante el conflicto bélico es “arbitraria, irracional, motivada por consideraciones políticas ajenas y, por tanto, inválida”. Es decir que se vuelve a apelar al principio de la razonabilidad de las decisiones gubernamentales, a pesar de las polémicas y debates previos a la guerra.

Desde el Ministerio de Transporte se respondió a la demanda argumentando que las consideraciones para cancelar el transporte público los fines de semana eran de tipo operativas, basándose en datos que indicaban una baja utilización. Además, sostuvo el gobierno que “las FDI hacen un esfuerzo por no dar francos a los soldados durante Shabat, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los horarios del transporte público”.
El Ministerio de Transporte no público información relevante sobre el uso del transporte público en los fines de semana previos a su cancelación.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte informó en su respuesta al Tribunal que si realizaron evaluaciones de la situación antes de cada uno de los fines de semana, alegando que en el cuarto fin de semana, del 3 y 4 de noviembre, operaron 13 líneas de autobuses interurbanos, con unos 213 viajes, el número promedio de pasajeros fue significativamente menor que el número promedio de pasajeros en el transporte público interurbano en días semanales, rondando un promedio de sólo 6 pasajeros por viaje, con un costo promedio de alrededor de U$D 30 por pasajero.

Al final de la primera semana de funcionamiento del transporte público, el costo de funcionamiento del sistema de transporte era de unos U$D 530.000, según la respuesta del Estado. Los viajes se realizaron de forma gratuita, por lo que el Ministerio de Transporte no cuenta con datos numéricos verificados sobre el número de pasajeros que los utilizaron, pero los informes que obtuvieron indican que el uso fue bajo.
En consecuencia, el Estado sostuvo que no hay justificación para una intervención judicial en la decisión del Ministerio de Transporte, que se tomó sobre la base de consideraciones profesionales y datos fácticos relevantes, que indicaban un bajo uso del transporte público en Shabat, junto con altos costos operativos”.

El gobierno también aclaro que, en los dos últimos fines de semana, cuando el transporte público no funcionó, se dispuso que una formación estuviera en guardia pasiva para casos de emergencia, permitiendo su operación inmediata de ser necesario por razones de seguridad.
Un dato muy relevante surge de la respuesta del gobierno en esta acción judicial. El Estado admite que, el fatídico 7 de octubre, el sistema de trenes comenzó a operar recién alrededor de las 17:00 horas, para el traslado de soldados, reservistas y fuerzas de seguridad.

Según aseguro la entidad demandante, el gobierno se ha acostumbrado a descuidar sus deberes con los ciudadanos y los soldados, enviándolos a buscar sus propias soluciones, o delegándolas a las autoridades locales, lo que resulta un despropósito en la coyuntura en que se vive.
El debate sobre la medida cautelar solicitada por el Movimiento por la Calidad del Gobierno todavía no pudo ser realizado dado que el Gobierno pidió 2 postergaciones, por lo que el transporte público tampoco funcionará este fin de semana.

DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ