Israel y Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia: preguntas y respuestas para entender la acusación por “genocidio”

Esteban Silva, para Radio Jai[1]

El jueves 11 de enero de 2024 comenzarán las audiencias en la Corte Internacional de Justicia referidas a la denuncia realizada por Sudáfrica contra el Estado de Israel bajo cargo de “genocidio” en el contexto de la guerra en Gaza. Se organizarán audiencias públicas durante dos días: en la primera sesión, Sudáfrica podrá exponer sus argumentos; al día siguiente, Israel presentará su defensa.

En esta entrega, aclaro varias dudas y confusiones respecto de este importante acontecimiento.

¿Qué es un genocidio?

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre Genocidio, el genocidio se define como “un acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, que implica:

• Matar a miembros del grupo.
• Provocar daños corporales o psíquicos graves a los miembros del grupo.
• Infligir deliberadamente condiciones de vida para provocar destrucción física.
• Imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos.
• Transferir por la fuerza a niños del grupo a otro grupo.

El genocidio es uno de los crímenes internacionales más difíciles de probar. Asimismo, en la justicia internacional existe una gran diferencia entre “acusar por genocidio” y “acusar (a un Estado o un individuo, sujetos de derecho internacional) de violar la Convención sobre Genocidio”.

Esta Convención fue adoptada en 1948, posterior al Holocausto nazi y el asesinato sistemático de 6 millones de judíos. Israel ratificó esta Convención.

La Convención establece que los Estados pueden emprender acciones legales para impedir que se cometa un delito de genocidio. El documento obliga a los Estados Partes en la Convención a adoptar medidas para prevenir y castigar el delito de genocidio. Esta obligación, así como la prohibición del genocidio, se consideran normas de derecho internacional consuetudinario y, por tanto, son vinculantes para todos los Estados, estén o no entre los 153 países -incluido Israel- que han ratificado la Convención.

Las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica para poner fin a las hostilidades, si las adopta la CIJ, serán jurídicamente vinculantes (de obligatorio cumplimiento).

 ¿Cuál es el rol de la Corte Internacional de Justicia en el asunto?

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, es el máximo tribunal de las Naciones Unidas que decide sobre disputas entre Estados. Todos los miembros de la ONU son automáticamente miembros de la CIJ.

Un Estado tiene que presentar un caso ante la CIJ, que está compuesta por 15 jueces elegidos para un período de nueve años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

No debe confundirse a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con la Corte Penal Internacional (CPI); esta otra entidad fue fundada en 2002 y también tiene su sede en La Haya. Es un tribunal de última instancia que sólo actúa cuando un tribunal nacional no lo hace. Estados Unidos, Rusia e Israel no son miembros de la CPI.

 ¿Cuáles son los argumentos de Sudáfrica contra el Estado de Israel?

El documento de 84 páginas presentado por Sudáfrica dice que las acciones de Israel “son de carácter genocida porque pretenden provocar la destrucción de una parte sustancial” de los palestinos en Gaza. Sostiene que los “actos genocidas” incluyen matar palestinos, causar graves daños físicos y mentales e infligir deliberadamente condiciones destinadas a “provocar su destrucción física como grupo”. Asegura, además, que las declaraciones de funcionarios israelíes expresan intenciones genocidas.

 ¿Qué medidas puede tomar la CIJ en el caso presente?

En principio, la CIJ no decidirá esta semana si en Gaza ocurre o no un genocidio. Los argumentos a exponerse durante las audiencias determinarán “medidas provisionales”.

En términos sencillos, se entiende una medida provisional como un instrumento para evitar que la situación en evaluación empeore mientras se soluciona la denuncia. En otras instancias judiciales se les llaman “soluciones interinas” (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Entre otras cosas, Sudáfrica exige que Israel detenga las operaciones militares, permita la entrada de ayuda humanitaria, castigue a cualquier miembro del ejército que haya cometido transgresiones, permita la entrada de observadores internacionales y mantenga al tribunal informado sobre el progreso en este aspecto.

En teoría, la CIJ sí puede exigirle a Israel que frene los bombardeos en Gaza. En efecto, la Corte ordenó a Rusia dejar de bombardear Ucrania en 2022; sin embargo, Rusia sigue bombardeando Ucrania. La aplicación de la ley es un problema; hay que pensar en esto más como una herramienta política en el campo de las relaciones internacionales que como una solución milagrosa para todos los problemas del mundo.

 ¿Por qué Palestina no realiza el reclamo ante la CIJ?

Los palestinos no pueden acceder a la CIJ porque no tienen un estado nacional, por lo que otros países lo están haciendo en su nombre.

El precedente inmediato de la acusación sudafricana se dio en 2013, cuando Gambia acusó a Myanmar de cometer genocidio contra el pueblo rohingya después de que hasta un millón de personas se vieran obligadas a huir a Bangladesh en 2017. A finales del año pasado, países como el Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania y los Países Bajos, junto con Canadá, solicitaron unirse al caso, lo que significa que pueden presentar argumentos legales.

 ¿Qué precedentes existen con respecto a condenas por genocidio y la actuación de la CIJ en los casos?

La primera persona condenada por genocidio fue el ruandés Jean-Paul Akayesu, en 1998. Akayesu, quien fue alcalde de la ciudad de Taba, fue acusado ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), establecido por el Consejo de Seguridad, por su papel en la matanza masiva de tutsis en 1994, que dejó 800.000 muertos.

En 2017, en tanto, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) condenó al ex comandante serbio de Bosnia, Ratko Mladic, por genocidio por la masacre de Srebrenica de 1995, en la que sus soldados mataron a 8.000 hombres y niños musulmanes. Pero la Corte Internacional de Justicia rechazó la denuncia presentada por Bosnia de que Serbia, o la ex Yugoslavia, había cometido directamente genocidio en Srebrenica. En cambio, el tribunal concluyó que Serbia no había evitado el genocidio.

 ¿Qué medidas ha tomado Israel frente a las acusaciones por genocidio ante la CIJ?

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí reaccionó el 29 de diciembre a la denuncia de Sudáfrica ante la CIJ, declarando que “Israel rechaza con repugnancia la difamación”. El entonces ministro Eli Cohen criticó a Sudáfrica por hacer un “uso barato de la Corte Internacional de Justicia».

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, declaró a la prensa que “el Estado de Israel es signatario de la Convención sobre el Genocidio desde hace décadas, y desde luego no boicotearemos los procedimientos. Responderemos y rechazaremos esta ridícula petición. La acusación infundada de que Israel no tiene derecho a defenderse es una vergüenza, y esperamos que todos los países civilizados apoyen nuestra postura”.

Añadió que “la batalla legal podría prolongarse durante años, pero la prioridad inmediata de Israel es frustrar una orden provisional que podría forzar un alto el fuego en Gaza”.

La defensa de Israel estará encabezada por el ex presidente del Tribunal Supremo de Israel, Dr. Aharón Barak. Barak, superviviente del Holocausto, es conocido en el país por encabezar la “revolución judicial” de 1992 (estableciendo los primeros límites constitucionales entre las Leyes Básicas del país) y su activismo en contra de la discriminación frente a los trabajadores palestinos y árabes-israelíes. Este experimentado jurista ha sido criticado por los aliados del primer ministro Benjamín Netanyahu por oponerse a su reforma del sistema judicial del país.

Por su parte, la delegación sudafricana estará encabezada por Dikgang Moseneke, magistrado que fue juez del Tribunal Constitucional y presidente Adjunto del Tribunal Supremo de Sudáfrica.

 ¿Cuándo se emitirá una sentencia sobre el asunto y cuáles serían sus efectos?

Es probable que una sentencia sobre este aspecto no sea emitida en muchos años, dada la magnitud del caso.

Las medidas provisionales de la CIJ no sólo son jurídicamente vinculantes, sino que también tienen una fuerte dimensión simbólica. No obstante, es responsabilidad de los Estados aplicar las decisiones del Tribunal. Como la CIJ no dispone de medios coercitivos para hacer cumplir sus veredictos, sólo queda un mecanismo de ejecución si un país rechaza un veredicto: pedir al Consejo de Seguridad que apruebe una resolución.

Asimismo, una sentencia de la CIJ puede servir como argumento legal para un proceso a futuro contra un Estado o individuo frente a la Corte Penal Internacional.

[1] Politólogo, Master of Arts en Estudios Migratorios por la Universidad de Tel Aviv (Israel).