La corte suprema y la eximición del ejército de los ultraortodoxos

Según un fallo dictado esta semana por la Corte Suprema de Justicia israelí, el Gobierno israelí tendrá que justificar en el plazo de un mes por qué no recluta al ejército a los estudiantes de Yeshivot (que son las instituciones educativas de la corriente interna del judaísmo ortodoxo). En ese contexto los jueces supremos dejaron en clara su intención de emitir una medida cautelar para suspender la financiación estatal respecto de los estudiantes de las Yeshivot cuyo reclutamiento no sea regulado.

Fue bastante sorpresiva la resolución del Tribunal Superior concediéndole al gobierno un plazo relativamente corto para argumentar la causa de la eximición del reclutamiento de los estudiantes de Yeshivot. Hay los que consideran que esta decisión es un claro signo de hartazgo por parte de los jueces del Tribunal Superior, como gran parte del público en general, con la reticencia de la coalición gobernante y una clara discriminación en materia de reclutamiento al ejército. Adicionalmente, el Tribunal Superior resolvió congelar la duración del período del servicio militar de los estudiantes de Yeshivot, de forma tal que no se acorten durante la duración de este proceso judicial por el aumento de edad. Por último, el tribunal aclaró que tiene la intención de suspender la financiación estatal para los estudiantes de las Yeshivot que hayan pedido un aplazamiento de su servicio militar. Pero si bien el periodo del emplazamiento al Gobierno es corto, no es menos cierto que significa otra postergación de la cuestión, dada las urgencias de la guerra, y una opinión publica generalizada sobre la necesidad del reclutamiento inmediato de los estudiantes de las Yeshivot.

La clara señal de Tribunal Supremo al Gobierno podría indicar que, en breve, y por primera vez, se enfrente a una sentencia explícita que ordene reclutar estudiantes de las Yeshivot.
En 2017, el Tribunal Superior invalidó dos leyes que hacían posible excluir a los estudiantes de las Yeshivot del reclutamiento al ejército, brindándole un lapso al parlamento, que vencía a finales de junio del 2023, para legislar al respecto. Vencido ese término, se puede decir que desde el 1/7/23 no existe ninguna ley que permita aplazar el servicio militar de los estudiantes de las Yeshivot. Aun así, el Gobierno tomó una decisión muy polémica, especialmente en medio de la guerra, ordenando al ejercito no reclutarían estudiantes de Yeshivot hasta el 31 de marzo de este año.

Justamente esta cuestión es lo que se debatió esta semana ante el Tribunal Superior, con 3 demandas que objetaban la legalidad de la decisión del Gobierno, solicitando el reclutamiento inmediato de los estudiantes de Yeshibot.

Técnicamente se puede considerar al fallo del superior como una orden condicional, ya que el gobierno debe justificar en un corto plazo la causa de la eximición del reclutamiento, así como el congelamiento del período de servicio de los estudiantes de las Yeshivot, ya que transcurrido ese corto periodo el Tribunal emitirá una resolución final al respecto.

Estando el país en guerra suena difícil que la coalición gobernante logre aprobar una ley que convalide la eximición del reclutamiento de los estudiantes de Yeshibot. Y si a esa situación se le suma que la actual exclusión de los ultraortodoxos no está amparada en ninguna ley, se podría generar una verdadera crisis legal, en el medio de un conflicto militar.
La ponencia que tuvo en la audiencia el representante de la Asociación por la calidad del Gobierno, Eliad Sharaga, fue la más lucida, al destacar que por más de 25 años el Máximo Tribunal ha participado de aplazamientos interminables, sin resolver la cuestión, y por eso se ve una democracia distorsionada, con ciudadanos que sólo tienen derechos, no tienen que trabajar, pagar impuestos, soportar cargas públicas como el servicio militar (en clara alusión a los estudiantes de Yeshibot), mientras que el ejército pide a gritos mano de obra.

DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ