La larga mano de Hezbolá en Chile

Por Carlos Basso Prieto

Cuando se cometió el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, un clérigo iraní felicitó en forma pública a quien comandó el ataque, aunque cometió un error: dijo que este había ocurrido en Chile.

Una fuerte polémica estalló luego de que el senador estadounidense Marco Rubio (republicano) hiciera una serie de declaraciones acerca de la presencia de Hezbolá en Chile, en una sesión del subcomité de relaciones exteriores en el hemisferio occidental, junto un día después de que se conociera un fallo judicial en el cual se ratifica la actuación de dicho grupo terrorista en los atentados con bomba cometidos en 1992 y 1994 en Buenos Aires, en los cuales, según la justicia argentina, estuvieron implicados iraníes de Hezbolá con estrechos vínculos en Chile. Por cierto, todo ello ocurrió, además, en el preludio del ataque es Irán en contra Israel, anoche.

La instancia en la cual Rubio habló de Chile era una sesión en la cual estaban deponiendo dos funcionarios del Departamento de Estado, acerca de la petición que el senador y la representante (equivalente a diputada) María Elvira Salazar efectuaron hace cerca de un mes, en orden a que Estados Unidos declare al Tren de Aragua como una Organización Criminal Transnacional (TCO) por sus siglas en inglés.

En dicho contexto, Rubio señaló (aquí se pueden leer sus declaraciones, en inglés) que “una de las cosas a las que pienso que no hemos puesto suficiente atención es a la presencia de Hezbolá en nuestro hemisferio”, en referencia al “Partido de dios”, una milicia chiíta con una fuerte presencia en Irán y en El Líbano, y que posee fuertes vínculos con el régimen venezolano, desde la época de Hugo Chávez, de la mano de una creciente influencia iraní en el continente. Hoy por hoy, como ha informado El Mostrador, Irán posee muchos intereses en Venezuela, Nicaragua y Bolivia, entre otros países. Con esta última nación, de hecho, Irán firmó hace poco un acuerdo para proveerla de drones.

Al respecto, Rubio señaló que -algo que es conocido desde hace varios años- Hezbolá opera en la triple frontera (entre Paraguay, Argentina y Brasil), agregando que “un lugar donde ha estado por un tiempo es Chile”, agregando, en una evidente referencia al Tren de Aragua, que “hemos visto múltiples instancias en que estas TCOs se asocian con organizaciones terroristas en nuestro continente. Colombia ha tenido esta situación. Paraguay ha tenido ese problema, pero Chile lo tiene en particular y esto me preocupa, porque bajo el presidente Gabriel Boric, los chilenos han tenido una retórica muy dura acerca de Israel”.

De hecho, el senador calificó a Chile “una de las voces anti-israel líderes en América Latina, incluso antes del 17 de octubre”, en referencia a la invasión efectuada por Hamás contra territorio israelí, origen de la cruenta guerra que se libra actualmente en Gaza. Según el parlamentario, “creo que hay razones para estar preocupados en orden a que ellos no estén haciendo lo suficiente por desmantelar esas redes financieras desde el lado chileno, pese a nuestras sanciones y otras contra Hezbolá”.

Agregó que “tenemos, creo, sanciones contra empresas chilenas manejadas por Hezbolá” y que “Chile se ha negado de calificar a Hezbolá como una organización terrorista”. Aunque en el listado de sanciones emitidas en septiembre del año pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no figura ninguna compañía constituida en Chile, sí hay dos de ellas con domicilio en América Latina: BCI Technologies C.A., ubicada en la ciudad de Valencia (Venezuela) y Zanjas SAS, en Barranquilla, Colombia. En 2002, sin embargo, sí entró a dicho listado una empresa constituida en Iquique, Saleh Trading Ltda, que es probablemente a lo que se refiere Rubio.

Ante ello, uno de los deponentes en la sesión, Mark Wells, primer secretario de adjunto para el hemisferio occidental, respondió que “hemos estado trabajando tras bambalinas y en forma pública con los israelíes y los chilenos para encontrar una forma de que cooperen (entre ellos)”, pero agregó algo clave: que existe una estrecha cooperación con las fuerzas de la ley chilena “compartiendo información respecto de las investigaciones acerca de Hezbolá y el Tren de Aragua. Estamos muy preocupados por la actuación de Hezbolá en toda región, así como en Chile”.

Rubio agregó que si bien no le importaban los asuntos internos de Chile, “mi pregunta es si los chilenos tienen a Hezbolá como una prioridad. ¿Son ellos un gobierno dispuesto a cooperar cuando llegue el momento de confrontar a Hezbolá y las compañías manejadas por Hezbolá en su país?”

El rastro de Hezbolá en Chile

La primera mención a algún vínculo entre Hezbolá y Chile data de 1992 cuando, como menciona el periodista argentino Walter Goobar en su libro El Tercer atentado, el ayatola Alí Abkar Mesheni, cercano a Alí Jamenei, dijo erradamente en Teherán que el atentado cometido contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 se había perpetrado “en Chile”. Dicho error, según la inteligencia chilena, obedece al hecho de que el primer blanco para dicho atentado habría sido Santiago, lo que habrían descartado posteriormente por razones operacionales.

A inicios de 2001, la CIA entregó una serie de antecedentes a la PDI respecto de las actividades de tres ciudadanos libaneses (Assad Mohamed Barakat, Ismail Arafat y Khalil Saleh), quienes operaban en la zona franca de Iquique con varias sociedades comerciales, la principal de las cuales era Saleh Trading Ltda, ya mencionada.

Arafat y Saleh tenían vínculos con la inteligencia libanesa y la CIA sospechaba que la empresa la crearon para lavar dinero de Hezbolá, a partir de las actividades del grupo en la Triple Frontera. El asunto escaló cuando se abrió una investigación en la Corte de Apelaciones de Iquique, por el delito de financiación del terrorismo, la cual comenzó a ser investigada por la Brigada de Inteligencia Policial (Bipol) de Iquique, en conjunto con un grupo de oficiales de la PDI agrupados en lo que posteriormente sería llamado el Departamento de Asuntos Extranjeros (DAEX), de la misma institución.

Luego de los atentados de 2001 en Nueva York y Washington, la presión de la CIA sobre la PDI creció, argumentando que Barakat estaba vinculado también con Al Qaeda, algo que no tenía mucho sentido, dadas las encontradas vertientes a las cuales pertenecen ambos grupos: mientras Hezbolá es chiita, como ya está indicado, Al Qaeda (al igual que ISIS) no solo pertenece al ala sunnita del Islam, sino que dentro de esta forma parte del salafismo takfir, que considera que cualquiera que no sea salafista (por ejemplo, los chiitas) es un hereje e infiel.

A inicios de 2002, la CIA pidió algo insólito a la Policía de Investigaciones de Chile: que les ayudaran a “extraer” desde la misma Zofri de Iquique a Arafat, quien era estrechamente vigilado por los agentes de la agencia estadounidense, que por esas fechas ya ocupaban dos departamentos que operaban como casas de seguridad en Iquique.

Según ellos, Arafat tenía vinculaciones directas con Bin Laden y por ello pidieron a detectives que lo secuestraran en uno de los pasillos de la Zofri, para luego trasladarlo hasta un sector del desierto cercano a Huara, donde los estaría esperando un helicóptero de la DEA (la agencia antidrogas de EE.UU.), el cual se lo llevaría hasta Bolivia.

“Es algo muy sencillo”, explicaron sonrientes a los oficiales de la Bipol en Iquique sus congéneres de la CIA, pero se encontraron con una negativa rotunda. Uno de los partícipes de dicha reunión relató a El Mostrador que “les dijimos que eso era un secuestro y que no participaríamos de eso”, lo que no fue nada de bien visto por los norteamericanos, que ante ello decidieron dejar sin efecto la “extracción” de Ismail.

Barakat, quien también tiene nacionalidad paraguaya, escapó hacia Brasil en 2002, país en el cual fue detenido en 2019, acusado de una multiplicidad de delitos, incluyendo el de financiación de actividades terroristas.

El caso AMIA

Otro hecho en el cual existen estrechos vínculos entre militantes de Hezbolá y Chile es el caso AMIA, en el cual, como se indica al inicio, se emitió un importante fallo en una de sus causas anexas, por el encubrimiento de los autores. Dicho atentado ocurrió en 1994, cuando un coche bomba estalló en las afueras de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), dejando 85 víctimas fatales. Dos años antes otro explosivo similar dejó 25 muertos en la Embajada de Israel en Buenos Aires.

Cabe recordar que el asesinado fiscal de Buenos Aires Alberto Nisman, que apareció con un top en la cabeza en enero de 2015, estaba a punto de presentar un completo informe acerca del caso.

En este destacaba como uno de los principales cerebros del atentado contra la AMIA al clérigo Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires y a quien identificó como uno de los nueve autores del ataque. Rabbani era muy cercano al kirchnerismo y su participación en el atentado tendría que ver no solo con la planificación, sino con la consecución de la camioneta usada en dicho crimen, así como en el armado de la bomba sobre esta.

Rabbani (quien llegó en 1983 a Argentina) no solo era el sheik de la mezquita At-Tauhid (ubicada en el sector de La Floresta), sino que era miembro del “Bureau de inteligencia de Khomeini”; es decir, uno de los aparatos de inteligencia de Irán, y que, como tal, decía Nisman, “fue el principal artífice del despliegue de la vasta red de espionaje que se transformó en una compleja base de inteligencia”, sobre la base de la cual Rabbani comenzó a operar en Uruguay, Colombia y Chile, donde no solo desarrolló actividades de inteligencia, sino que tuvo una “injerencia determinante”, aseguraba, “en la instalación y desarrollo de los centros islámicos iraníes de aquellos países, no solo desde lo organizativo, sino incluso en lo atinente a su financiamiento”, con el fin de exportar la “revolución islámica”.

Del mismo modo, Nisman recordaba que (según un informe reservado de la PDI) otro de los acusados en la causa AMIA,  Hamid Reza Hosseini (quien fue embajador de Irán en Chile entre 1993 y 1996) era “un ideólogo de la línea dura, quien probablemente estuvo involucrado en la ocupación de la embajada americana en Teherán en el año 1979”, agregando que fue expulsado de EEUU por su participación en actividades de espionaje.

Otro exfuncionario de la embajada iraní en Chile (entre 1992 y 1995), Sayed Yousef Arabi, fue jefe de la estación local de inteligencia local, como miembro del Vevak (el Ministerio de Inteligencia Iraní).

Barakat, en tanto, según Nisman, efectivamente era miembro del aparato de seguridad de Hezbolá en América Latina y ello se fundamenta en diversos testimonios, incluyendo los de un testigo entrevistado por la justicia chilena, Ahmad Haidr El Sidani, quien dijo que Barakat “es un líder de Hezbollá”.

Rabbani estuvo siete veces en Chile entre 1992 y 1997, ocasiones en las cuales dio conferencias (como una en la cual justificó la fatwa en contra de Salman Rushdie) y visitó el Centro de Cultura Islámico de Las Condes, así como el Centro Cultural de Temuco, a cargo de Javier Alejandro Oyarzún Vega (uno de los fundadores de la comunidad islámica chilena), quien se había convertido al Islam en Tucumán, luego de lo cual había viajado a Irán. Otro chileno convertido al islam en la mezquita San Miguel de Tucumán, según este reporte, fue Jorge Marcelo Hoffmann Elgueta.

De acuerdo con Nisman, el Centro Cultural de Las Condes se emplazó en un terreno propiedad de Ghassam Yousseh Abdallah, a quien también se identifica como miembro de Hezbolá y como un hombre cercano al líder religioso del movimiento en la Triple Frontera, Muhammad Hussein Fadlallah.

En 2017, diversos medios informaron que la policía boliviana allanó una casa de seguridad de Hezbolá en La Paz, Bolivia, en la cual se encontraron materiales suficientes como para armar una bomba de 2.5 toneladas. Según las mismas informaciones, desde allí se planificaba cometer atentados en Chile y Argentina. Cabe mencionar que, según información de inteligencia, los implicados en esa casa de seguridad (que no han sido detenidos) habrían huido hacia Iquique.

Por cierto, Gabriel Boric no es el primer mandatario en ser acusado de no preocuparse de Hezbolá y sus actividades en Chile, pues la misma acusación recayó en 2019 en contra de Sebastián Piñera, cuando el diario argentino Infobaeinformó acerca de la “pasividad” (como la calificaron) del entonces presidente frente a la presencia en Santiago de Edgardo Rubén Assad, más conocido como Sheik Suhail Assad, un discípulo de Rabbani que sería funcionario del Vevak, conocido negacionista del Holocausto, quien actualmente sería el encargado del plan de expansión islámica por el continente.

Lea el informe del fiscal Nisman

Fuente: El Mostrador