El Superior Tribunal de Justicia de Israel está por decidir: policía o milicia privada de Ben Gvir

El Máximo Tribunal israelí, en su composición completa de nueve jueces, deberá tomar una decisión en los próximos días, sobre una de las leyes que más amenaza la democracia israelí: la modificación de la ley que regula la actividad policial. Según esa enmienda, el Ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, puede intervenir en las investigaciones, no requiere el consentimiento del asesor legal del gobierno para determinar las políticas del accionar policial, y su aplicación, y no contiene ninguna herramienta que obligue a la policía a actuar en un marco de legalidad y en forma apolítica. El Significado es claro: la fuerza se torna en una policía política, liberada a los caprichos del ministro de turno.

Es sin dudas el fallo más importante que debe dictar el Tribunal Superior contra lo que se dio en llamar “la reforma judicial” o más precisamente “la reforma del sistema democrático israelí”, que debería dictarse hasta el próximo lunes. Supera en importancia incluso al fallo sobre la razonabilidad.

La reforma del accionar de la policía fue elegida por el oficialismo como la primera fase, en la carrera por politizar las instituciones y el servicio público. Desde el mismo comienzo de los acuerdos de coalición, el Ministro Ben Gavir había condicionado la aceptación del cargo de Ministro de Seguridad Nacional al sometimiento de la policía a su autoridad.

La policía tiene un rol decisivo como encargada de la seguridad y de velar por el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. y ha demostrado su independencia del poder político desde la creación del Estado de Israel. Por eso, la reforma fue cuestionada por permitir al ministro que formule las políticas de su desenvolvimiento, sin limitaciones, y sin estipular una cláusula que enmarque el accionar de la fuerza, y la separe de las decisiones políticas. Los nueve jueces del Tribunal Superior deberán pronunciarse sobre cinco demandas, que fueron acompañadas por la posición de la asesora jurídico del gobierno. Las acciones judiciales se centraron especialmente en dos temas de la reforma: El primero, si es legítimo que el Ministro tenga autoridad para establecer políticas que le permitan inmiscuirse en las investigaciones policiales. El segundo, la ausencia de una referencia expresa que obligue a la policía a desenvolverse como una fuerza independiente del poder político.

Durante las dos audiencias en el Tribunal Superior, los jueces hicieron críticas sobre los defectos y peligros potenciales que surgen de la enmienda, y a la reducción en las facultades de la Asesora Jurídica del Gobierno. Según la nueva ley, el Ministro ya no debe consultar sobre cuestiones de política y cumplimiento, y menos aún recibir su consentimiento. Según la enmienda, solo el ministro determina las políticas de investigación. Y dado que en Israel es la policía quien realiza la instrucción de causas penales, se comprobó, por ejemplo, como el arresto de manifestantes contra el gobierno termino en un arbitrario procesamiento, en una clara intervención de la política en causas policiales.

Se especula sobre cuál será la decisión del Tribunal Superior de Justicia. En ese sentido es posible que el Tribunal disponga la inconstitucionalidad de la enmienda, o dictamine que se deben “llenar” los vacíos legales y reformular la ley, de forma que preserve el accionar policial de la influencia política.
Y más allá de la cuestión especifica de esta enmienda, también será interesante ver hasta qué punto los jueces se expedirán sobre el resto de las iniciativas del gobierno sobre el procedimiento penal en Israel. Ya que la enmienda en cuestión es solo la primera parte de un proceso que se ha estado desarrollando desde que se instaló el concepto de la reforma del sistema, y que ha tenido como objetivo la politización de las instituciones del estado.

DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ