La Corte Suprema y las divisiones sobre el caso del Colegio de Abogados

Interrupciones y protestas marcaron la audiencia de la Corte Suprema israelí dedicada a la destitución del jefe del Shin Bet, Ronen Bar. En el centro de la confrontación está la legitimidad de la destitución decidida por unanimidad por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Una medida que ha encendido el choque entre los poderes del Estado y ha puesto en primer plano la cuestión de la independencia de los diferentes roles institucionales.

En las primeras etapas de la audiencia, un padre, que perdió a un hijo en el ataque del 7 de octubre de 2023, acusó al tribunal de querer mantener a Bar en el cargo en contra de los deseos del gobierno. Tras el enfrentamiento, el presidente del Tribunal, Isaac Ami, dio diez minutos al abogado Yehudah Puah, que representa a algunas familias de las víctimas, para hablar. Puah acusó al jefe del Shin Bet de negligencia: “Debería haber sido despedido el 8 de octubre. El hecho de que no haya ocurrido antes es grave, pero al menos ahora la decisión del gobierno debería entrar en vigor”.

La posición del ejecutivo
Para el Gobierno, representado en la sala del tribunal por el abogado Zion Amir, el principio es claro: “El Gobierno tiene plena autoridad para nombrar y destituir”. La destitución estaría motivada por una creciente pérdida de confianza, que se hizo definitiva después de los acontecimientos del 7 de octubre. Amir llamó la atención sobre los incidentes previos a la guerra, acusando al jefe de inteligencia de permanecer en silencio ante la negativa de muchos reservistas a servir en protesta contra la reforma judicial.
En el centro de la discusión estaba entonces la carta enviada por Bar al gabinete unos días antes de su destitución, en la que cuestionaba las modalidades de la decisión y afirmaba que pondría en peligro “una delicada investigación en curso sobre los vínculos entre los socios del primer ministro y Qatar”. Para el ejecutivo, esas palabras constituyen una ruptura institucional: “En cualquier democracia, lo hubieran despedido de inmediato”. Amir negó la existencia de un conflicto de intereses porque “la decisión fue tomada por todo el gobierno, no por Netanyahu como parte involucrada en la investigación”. Para el representante del ejecutivo, no fue necesario involucrar a la comisión de nombramientos, ya que no estaba prevista para este tipo de cargos.

La posición de la Fiscalía General del Estado

La fiscalía general del Estado, representada por el abogado Aner Helman, es de una opinión completamente diferente, calificando el caso como “un ejemplo de manual de derecho administrativo”, por lo numerosas que serían las irregularidades. Ninguna acusación formal, ninguna posibilidad de réplica, y ningún paso por el comité consultivo previsto por una decisión gubernamental de 2016.
Pero el tema, subrayó, va más allá de la forma: “Esto no es una demanda laboral. Es un tema institucional”. Si una divergencia política es suficiente para eliminar una cumbre de seguridad, se pone en riesgo la autonomía de una función que debería permanecer al abrigo de la lógica partidista, tesis de Helman. El abogado subrayó entonces que las investigaciones sobre los presuntos vínculos entre Qatar y el entorno de Netanyahu “no se iniciaron por iniciativa del Shin Bet, sino a petición de los militares y a raíz de información surgida públicamente”.

El presidente de la Corte Suprema, Amit, cuestionó el concepto mismo de “falta de confianza”, proponiendo un ejemplo: “Si el gobernador del Banco de Israel toma una decisión sobre la tasa de interés y el gobierno no está de acuerdo, ¿podemos hablar de falta de confianza?”. Para su colega Daphne Barak-Erez, “ningún organismo estatal tiene discrecionalidad absoluta” y señaló que la persona en cuestión “no tuvo tiempo suficiente para responder a las acusaciones, ni se le proporcionó una base concreta sobre la cual construir una defensa”.
El juez Noam Sohlberg también planteó dudas: “No se nos proporcionó una infraestructura fáctica en la que basar una evaluación. Nos gustaría tener noticias de Bar directamente”. Helman dijo que estaba dispuesto a que hablara en una sesión a puerta cerrada.
El Tribunal ha insinuado que comparte la posición del abogado sobre la necesidad de implicar a la comisión de nombramientos incluso en caso de destitución.
Se espera que la audiencia dure la mayor parte del día y, según ynet, es posible que el fallo no llegue hoy martes.

Según una encuesta del Instituto de Democracia de Israel, el asunto ha dividido a la opinión pública israelí. El 54% de los ciudadanos judíos y el 71% de los ciudadanos árabes creen que el gobierno debe acatar la decisión de la Corte. El apoyo es muy alto en la izquierda (96%) y en el centro (73%), pero cae drásticamente en la derecha, donde solo el 32% apoya la necesidad de cumplir con el fallo, mientras que el 56% lo impugna.